Las obras de construcción del nuevo barrio de la Budellera se em pezarán a llevar a cabo en 2020. Éste es el calendario con el que trabaja la junta de compensación del sector, formada por 172 propietarios de la zona que abarca a un total de 132 hectáreas situadas entre la Vall de l’Arrabassada y Boscos de Tarragona.
La urbanización de este plan parcial, que prevé un nuevo barrio para 13.000 vecinos, es una de las prioridades que se marca el Ayuntamiento de Tarragona en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que entró en vigor en agosto de 2013, y que establece la zona de Llevant como el área de mayor crecimiento de la ciudad a lo largo de las próximas décadas. En este sentido, la reconversión de la zona que enlaza el Nou Estadi del Gimnàstic con Cala Romana es estratégica para «coser» el norte de la ciudad y mejorar la conexión entre el centro y el litoral.
Una zona comercial
Los promotores del plan han previsto que los habitantes del futuro barrio «se puedan servir a sí mismos» y, por ello, se ha destinado el 15% del terreno a uso comercial. Se ampliará la actual rotonda de la Savinosa para que esa zona se destine a negocios y se apostará por la futura Rambla, que tendrá 750 metros de longitud y será la más ancha de la ciudad, ya que contará con 50 metros por los 45 que tiene la Rambla Nova o los 40 de la Avinguda Roma.
Cabe remarcar que el antiguo puente de la circunvalación se desmontará para que sea una zona verde, mientras que se ha reservado una zona verde de 22 hectáreas –el Parc de la Budellera–, que será cuatro veces mayor que los 4,9 que tiene el Parc de la Ciutat. En este sentido, el entorno tendrá 40 hectáreas de espacio libre, cuando por normativa le corresponderían 13.
En total, el plan parcial contará con 5.738 viviendas, algunas de las cuales compensan las de la Platja Llarga (PP24 y PP27) para que ese espacio pueda quedar sin nueva edificación. Otra característica es que los edificios del barrio se concentran en el centro para «no tacar todo el entorno» y tendrán planta baja y entre seis y ocho plantas de altura, si bien se reserva una zona de negocio en la que los inmuebles podrán tener hasta once o doce niveles de altura. Las calles tendrán entre 16 y 20 metros de ancho.
En el norte del barrio se reserva una zona de equipamientos que podría destinarse a usos deportivos, mientras que otro de los aspectos clave será la conexión mediante varios viales con Cala Romana y Boscos.
Tres años de obras
El proyecto de la Budellera fue aprobado el pasado 26 de septiembre por parte de la Junta de Govern Local, tras más de dos años de tramitación. Después de que el gobierno local tirara hacia adelante el proyecto, el documento está en fase de exposición pública hasta el próximo 7 de noviembre. El siguiente paso será conocer si se han presentado alegaciones. Si se han recibido, el Consistorio deberá resolverlas, mientras que si no hay se remitirá el proyecto a la Generalitat para que emita sus informes, por ejemplo, de comercio, patrimonio, cultura, protección civil o sostenibilidad. Si estos no son favorables, el Consistorios los reenviará de nuevo a la junta de compensación para que subsane las deficiencias detectadas.
Una vez se cuente con el OKdel Govern, el plan parcial se podrá volver a llevar a aprobación –esta vez definitiva–, en un horizonte que se calcula a finales de 2017. Ya con esta aprobación definitiva se podrán empezar a redactar los proyectos de urbanización y de reparcelación. En esta línea, la previsión por parte de los propietarios es que estos dos documentos estén finalizados «como máximo en un año» tras la aprobación del plan parcial, lo que permitiría contar con estos dos requisitos a finales de 2018.
Residentes en siete años
En el proyecto se establece que el inicio de las obras de urbanización se puedan iniciar «tres años después» del OK definitivo del plan parcial, que según este calendario sería en 2020. En el documento se especifica que el coste total de la urbanización será de 86 millones de euros, que se dividen entre los 59 por lo que son las obras y otros 27 para los servicios. En el proyecto se contempla, asimismo, que la edificación de los primeros inmuebles se pueda realizar de forma paralela a la urbanización, y que los primeros inquilinos puedan empezar a vivir allí en 2023.
Por otra parte, la gestión de los cinco primeros años del barrio será a cargo de la junta de compensación «hasta que el Ayuntamiento pueda cobrar los suficientes Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) para poder asumir los gastos», indican los propietarios. Durante ese tiempo el coste será de 12 millones de euros.
