La banca cerró 41 sucursales más durante en la provincia el año pasado, un curso de ganancias récord que no evitó que la red financiera en la provincia siguiera mermándose y comprometiendo cada vez más la atención a los clientes. A finales de 2021 había 261 y un año más tarde la cifra era de 220, una cuarta parte de las oficinas que existían en Tarragona en 2008 (837). O, lo que es lo mismo, en este tiempo de honda reconversión la provincia ha perdido casi un 75% de los bancos que tenía.
Es la demostración de cómo la gran banca ha puesto a trabajar la máquina del beneficio. El grueso del sector, configurado por Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, ha conseguido unos beneficios en conjunto de 20.849 millones de euros en 2022. Es un 21,7% más en relación al año anterior.
Mientras se hace caja, Tarragona, la provincia de España que más ha sufrido los recortes, sigue padeciendo esa política de la readaptación: pierde tres oficinas bancarias al mes, a juzgar por los últimos datos que ha publicado el Banco de España. El análisis histórico muestra que nunca como hasta ahora había habido tan pocas sucursales. El número más bajo se sitúa al inicio de la serie histórica, en diciembre de 1974. Por entonces había 255 sucursales, un número más alto que ahora.
Hay que ir 50 años atrás para ver cifras similares de oficinas. Había un 78% menos de habitantes
Hay que retroceder casi 50 años para ver cifras similares de locales de bancos en las comarcas tarraconenses. La diferencia es que hace medio siglo había 462.000 habitantes y ahora el censo supera los 822.000. Es un 78% más.
Eso ha hecho que cada vez sea más difícil encontrar una sucursal, no ya en los municipios que se han quedado incluso sin cajero sino también en la propia ciudad. En Tarragona capital se ha pasado en un año de 54 a las actuales 47, tras una reducción del 13%. En Reus actualmente hay un total de 23 oficinas, después de perder dos más en el último ejercicio. Otros ejemplos, siempre según los datos del Banco de España: Salou ha pasado de siete sucursales a cinco en ese intervalo de un año, y El Vendrell de siete a seis.
«Es un cambio de óptica. La banca ha pasado de entidad de servicio a una empresa de ventas», indica el economista Rafael Muñoz
No parece que estos tijeretazos hayan finalizado, tras los múltiples procesos de fusiones, cierres y absorciones. «La banca va a insistir en dos temas: cerrar sucursales y exigir más al empleado», explica el economista tarraconense Rafael Muñoz, para quien todo responde a un cambio de planteamiento. «La banca pasa de entidad de servicios a una empresa de ventas. El auténtico negocio ya no está en las hipotecas sino en las fianzas de consumo, es un cambio de óptica, más centrada en el concepto de ‘renting’, de alquilar las cosas en vez de comprarlas».
Sustituir la atención personal
Rafael Muñoz sostiene que «hemos pasado de servicio a una oportunidad de venta al cliente de los productos, de forma que la banca tiene que mantener la prestación de servicios para facilitar el movimiento económico de cobros y pagos pero en el fondo lo que pretende es vender sus productos, su dinero en forma de activos pero también seguros o medidas de seguridad».
Nada de eso es inocuo. De hecho, hay una afectación intensa y muy controvertida. «Cuando sustituyes la atención de persona a persona, que tiene un coste, por un contestador o por un ‘call center’, se pierde calidad y excelencia, y ya casi no hablamos de eso, después de habernos llenado la boca muchos años», indica Muñoz, que repasa así la estrategia financiera: «La banca va a tecnificar más sus aplicaciones para reducir oficinas e intentar mitigar el efecto reputación que tiene el hecho de expulsar a unos ciertos perfiles por esa búsqueda del beneficio». Muñoz admite «un problema muy grave de reputación» en el que «la ola tecnológica es un tsunami».
Ligado a eso, estos días se cumple un año de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, iniciada por el valenciano Carlos San Juan, un pensionista que denunciaba la exclusión y el olvido de los mayores por parte del sistema bancario.
Contra la brecha digital
Aquel movimiento contra la brecha digital para exigir un trato más humano desembocó, por ejemplo, en una ampliación de los horarios de atención al público, pero varias de las personas que estuvieron al frente de esa lucha denuncian que aún queda trabajo por hacer. «Creemos que lo que se ha hecho es de un aprobado muy justito. La ampliación del horario fue un gran logro para que nos atendieran en caja y desde aquel momento las colas se redujeron», confiesa Victoria Muñiz, coordinadora en Tarragona del movimiento Pensiones con dignidad.
«Desde que salimos a la calle lo que ha hecho la banca es de aprobado justito», explica Victoria Muñiz, coordinadora de Pensiones con dignidad en Tarragona
Esta representante del colectivo denuncia que «está habiendo robos en los cajeros, incluso haciendo daño, y pedimos poder utilizar los de dentro, por motivos de seguridad». El cierre de bancos también afecta. «No es lo mismo la atención que puedes tener en un cajero que en una oficina. Y, por ejemplo, en barrios como Sant Salvador no hay sucursales ya. Y presencialmente notamos que la atención no es la misma. Hay menos empleados, tienen más trabajo y están cada vez más quemados». Alfred Maza, del sindicato Usitac y también al frente de las movilizaciones, lamenta que «en tres años me han cambiado tres veces de oficina» y «ahora en Reus estamos como hace 50 años, la atención ha empeorado». Maza reconoce que «siguen cerrando oficinas, van echando a trabajadores a la calle y eso dificulta mucho la atención, de forma que los bancos no han cumplido con todo con lo que se comprometieron».
«En tres años me han cambiado tres veces de oficina. Estamos como hace 50 años y la atención es peor», denuncia Alfred Maza, del sindicato Usitac
El Informe sobre Inclusión Financiera en España, publicado por el Instituto Valencia de Investigaciones Económicas (IVIE) y con datos a cierre de 2021, expone que la exclusión financiera se agrava un poco más con la aún inacabada reestructuración bancaria. Un total de 58.435 tarraconenses viven en municipios que no tienen sucursal bancaria ni cajero, consecuencia de una intensísima eliminación de oficinas.
La dinámica se ha enzarzado con el interior rural y se percibe especialmente en los pueblos que han quedado desprovistos de servicios. El análisis municipal muestra que un 60% de las poblaciones tarraconenses no tienen oficina (111 de 184), lo que sume en la exclusión financiera a más de 73.000 ciudadanos.
Considerando a toda la población provincial, un 9% no tiene acceso a la oficina, un 7,1% ni a oficina ni a cajero y un 1,6% tampoco dispone de Correos u otras medidas desplegadas para compensar el cierre en cascada de locales financieros, «necesario para hacer frente a los problemas de baja rentabilidad del sector», como justifica el estudio.
El sector ha recortado a la mitad su plantilla en Tarragona
El cierre de oficinas físicas de la última década ha ido acompañado inevitablemente de una reducción drástica de las plantillas del sector. En 2008 había 10.677 asalariados tarraconenses en el ámbito financiero y asegurador. En 2021 la cifra se ubicaba en 5.637. Es una recorte de prácticamente la mitad, después de un descenso progresivo. Son datos del Mercado de Trabajo y pensiones, un estudio anual que elabora la Agencia Tributaria.
El Anuario Estadístico de la Banca de 2021 indicaba que en la provincia hay una ratio de ocho trabajadores por sucursal. En 2008 la media era de cinco.
En términos generales, la banca terminó 2022 con una plantilla cercana a los 120.600 trabajadores, lo que supone 5.800 empleados menos que en 2021, cuando tenían unos equipos que sumaban un total de 126.500 personas, según las diferentes memorias.
Una revolución aún inacabada
El impacto aún inacabado en el sector durante el último decenio ha sido profundísimo. El shock financiero mundial de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, el final de las cajas de ahorro como tales o el rescate bancario de 2012 han ido poniendo contra las cuerdas a un sistema sumido también en una revolución tecnológica.
Todo ello ha obligado a revisar el modelo para asegurar la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo. Ha habido más de 30 operaciones entre entidades en los últimos años en España, como absorciones o fusiones.