Una trabajadora de la Seguridad Social se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Tarragona acusada de falsificar facturas para apropiarse de más de 33.000 euros. En la lista de procesados están otras dos mujeres, que también consiguieron dinero ilícito de la misma forma, según asegura el fiscal en su escrito de acusación para un caso que será juzgado por un tribunal popular.
Las tres mujeres están acusadas de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento público. La Fiscalía solicita para la principal acusada, Montserrat, seis años de prisión y el pago de una multa de 4.320 euros. Para las otras dos acusadas, Isabel y Silvia, se pide cuatro años de cárcel y multa de 2.700 euros. En concepto de responsabilidad civil, el importe total que deben devolver a la Seguridad Social asciende a 100.388,6 euros.
La imputada se encargaba de la prestación del seguro escolar de neuropsiquiatríaEl escrito de acusación recoge que Montserrat prestaba sus servicios de auxiliar administrativa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con destino en la sede provincial de Tarragona como funcionaria. Se encargaba de la gestión de prestaciones del seguro escolar de neuropsiquiatría desde marzo de 2009, entre otras tareas.
La prestación del seguro escolar cubre el pago de los servicios de alojamiento y manutención en centros sanitarios, así como la asistencia psiquiátrica correspondiente por un periodo inicial de seis meses, que puede prorrogarse hasta un año y medio en periodos de seis meses.
La documentación necesaria que tiene que aportarse para iniciar el expediente es el DNI, un certificado de abono del seguro escolar emitido por el centro y un certificado médico en modelo oficial. Y ya posteriormente, las facturas reclamadas.
La acusada, «con ánimo de enriquecimiento patrimonial ilícito», tramitó el expediente de su propia hija. Presentó la solicitud inicial el 4 de noviembre de 2010, a la que incorporó un certificado médico oficial expedido por un médico. Dicho documento fue modificado dado que la acusada borró el nombre del beneficiario real y puso el nombre de su hija.
Junto a dicho certificado, la acusada aportó facturas mensuales que no se correspondían con la realidad del periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2010 y el 16 de abril de 2011 relativa al ingreso en un centro, en el que no había sido internada su hija.
El 2 de mayo de 2011 solicitó prórroga de la prestación, aportando nuevo certificado médico oficial, que había sido modificado por ella misma a favor de otra persona, cuyo nombre fue borrado por la acusada para poner el de su hija. Aportó nuevas facturas falsas.
A consecuencia de estos hechos, según el fiscal, la acusada percibió indebidamente la cantidad de 33.050,39 euros. El 16 de enero de 2012 consignó 1.000 euros en el Juzgado para hacer frente a la responsabilidad civil.
A otros padres
Por otra parte, Montserrat modificó facturas originales aportadas por otros padres con el fin de que recibieran mayor cantidad de la que verdaderamente les correspondía, sin que estos tuvieran conocimiento de ello. Introdujo diversos conceptos, aumentando el importe de los mismos e incorporó anexos con determinada medicación por importe superior al pagado para obtener el reintegro de mayor cantidad de dinero por el INSS.
Unos padres que tenían a su hijo ingresado en un centro de asistencia terapéutica recibieron indebidamente 11.634,41 euros entre octubre de 2010 y julio de 2011. Dichos padres desconocían que el importe era superior al que les correspondía. Una sentencia del Juzgado de lo Social les obligó a devolver la cantidad indebidamente cobrada.
Lo mismo pasó con los padres de otros dos chicos. Unos recibieron indebidamente 1.036,86 euros y los otros, 13.925 euros.