Las dos formaciones que integran el Govern de la Generalitat de Catalunya discrepan sobre la viabilidad del proyecto de Hard Rock. Mientras que Junts per Catalunya lo considera «relevante para desestacionalizar el turismo de la Costa Daurada» y espera que la aprobación definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) pueda materializarse «pronto», Raquel Sans (ERC) muestra sus «dudas» sobre el futuro del complejo ante «el contexto de pandemia y la crisis del turismo internacional». Pese a ello, la republicana recalca que su partido apoya un complejo «redimensionado», que «cuenta con el consenso del territorio».
Sobre la década que se lleva de tramitación, que tuvo su punto álgido el 30 de marzo de 2014 con el acuerdo entre CiU y PSC sobre BCN World firmado en el Pretori de Tarragona, la juntaire Teresa Pallarès –que ejerce como delegada del Govern– considera que «suele pasar» que los «proyectos de esta envergadura vayan más lentos de lo que querríamos».
«Estoy convencida de que, a pesar del largo proceso y las vicisitudes, el proyecto saldrá adelante porque responde a un amplio consenso del sector, las administraciones y el territorio, que entienden lo que representará por el Camp de Tarragona. Los inversores mantienen su interés, que es lo más importante», afirma la máxima representante del Goven en Tarragona, quien añade que la operación «tendrá coste cero para la Generalitat. El dinero para la compra de los terrenos (120 millones) será reingresado por el propio inversor». Este último punto es apoyado por Sans, quien recalca que «se trata de una operación entre privados» en la que la Generalitat «solo ejerce de generadora».
Veto de los posibles socios
El Govern, sin embargo, no cuenta con el aval de sus principales socios en el Parlament para aprobar las cuentas para 2023: ECP y CUP. «Este plan no tiene ningún tipo de futuro, por eso introdujimos en la negociación de los presupuestos una propuesta para negar cualquier tipo de inversión en este proyecto durante el 2022» indica Jordi Jordan, de los Comuns, quien añade que «continuar apostando por un proyecto especulativo, así como potenciar el turismo del juego y la ludopatía, no aporta ningún beneficio para el territorio». Por su parte, Laia Estrada (CUP) enfatiza que «las sucesivas modificaciones demuestran que se trata de un proyecto fallido».
Rosa Maria Ibarra (PSC) confirma que su formación sigue apostando por el proyecto «por la ocupación que generará y la desestacionalización turística que aportará». Asimismo, valora que «se complementará con la actividad industrial que ya tenemos», si bien exige que «se impulse» tras verlo «paralizado desde hace mucho tiempo».
Matías Alonso (Cs) cree que el proyecto «es más necesario que nunca ante el periodo de crisis económica que se avecina», mientras que Isabel Lázaro (Vox) apuesta por «fiscalizar la no evasión de impuestos». Finalmente, Alejandro Fernández critica que «la inestabilidad del Govern y su dependencia de CUP y Comuns paraliza cualquier inversión importante».