Guerra abierta en el barrio del Pilar de Tarragona, tras la llegada de unos ocupas la madrugada del pasado sábado. Los vecinos se han concentrado delante de la vivienda en varias ocasiones para mostrar su disconformidad, viviendo momentos de tensión con los ocupantes. Tanto ha sido así que los vecinos han interpuesto hasta seis denuncias por amenazas y agresiones. Desde la asociación de vecinos piden que las administraciones actúen. «No queremos un Rancho Grande en el barrio», decía el presidente de la entidad vecinal, Alex Ayuso, haciendo referencia al edificio ocupado que acabó desalojado hace un año en El Serrallo.
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado sábado, cuando los vecino alertaron a la policía de una posible ocupación ilegal en el bloque número 10 del bloque Riu Cinca del barrio del Pilar. El piso es propiedad de un fondo buitre y ya hubo un intento de ocupación el pasado mes de agosto. La Urbana y los Mossos se desplazaron hasta el lugar, sin poder hacer nada. «Solo les ofrecieron una alternativa habitacional, que los ocupas declinaron», comenta Ayuso, quien asegura que actualmente viven dos personas en el piso, pero que han llegado a habitar hasta seis.
El domingo por la noche, un día después de la ocupación, los vecinos decidieron manifestarse a las puertas del bloque en cuestión para mostrar su disconformidad. Pero no fue hasta el lunes cuando tuvo lugar el encontronazo entre ambas partes. Unos 200 vecinos se concentraron en la calle, justo debajo de la vivienda, con silbatos. «Queríamos hacer acto de presencia y presión para que se marchasen», explica Ayuso, quien relata que «diez minutos después, la cosa empezó a liarse». Según algunos testigos, dos de los ocupas saltaron por la ventana, mientras que otro bajó por las escaleras.
«Empezaron a increpar a la gente, a enfrentarse. Uno incluso se autolesionó con un cristal. Nosotros en ningún momento actuamos con agresividad. Intentamos calmar los ánimos como pudimos», asegura Ayuso, quien añade que «entendemos que hay un problema de acceso a la vivienda, pero deben solucionarlo los políticos».
Los vecinos han decidido interponer denuncias contra los ocupas y han pedido a la justicia una orden de alejamiento. «No nos podemos quedar de brazos cruzados y que el barrio se convierta en un lugar poco seguro con ocupaciones conflictivas. Confiamos en la justicia», opina Ayuso, quien asegura que «no sabemos cuáles serán los siguientes pasos, solo queremos relajar el ambiente y mostrar el apoyo a la comunidad de vecinos».
Por su parte, el Ayuntamiento explica que durante los últimos días «se les ha visitado para intentar encontrar una solución». El Consistorio les ofreció una pensión, con la opción de acceder más adelante a un piso. Los ocupas no aceptaron. Fuentes municipales explican que una de las personas está embarazada y, según parece, habrían abandonado el inmueble. Los vecinos aseguran que siguen estando.