Los restos arqueológicos hallados en los terrenos de la Avinguda d’Andorra, donde tienen que construirse las más de 300 viviendas del (PP1), han abierto una pugna a nivel técnico entre el Ayuntamiento de Tarragona y la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Esta llega por las diferencias que mantienen ambas partes sobre el tratamiento que debe hacerse cuando se urbanice el entorno, una cuestión que acabará condicionando el proyecto final, teniendo en cuenta que ahora mismo está bloqueado.
Las diferencias llegan a raíz de una observación que se incluía en el informe que emitió la comisión, en la que se apuntaba que las estructuras halladas tenían que conservarse «como zona verde». El Ayuntamiento de Tarragona no está de acuerdo con este aspecto, ya que considera que hay otros mecanismos para garantizar su preservación, que no necesariamente pasan por la musealización.
Una de las opciones podría ser que en el momento de la urbanización, estos pudieran enterrarse de nuevo, o que se mantuvieran integrados en el entresuelo de un edificio. Incluso podría plantarse la adaptación del proyecto urbanístico actual –que establecía que por esta zona pasaba un vial– de forma que, con los cambios pertinentes, no se modificara sustancialmente la esencia de la actuación.
«No es que no estemos de acuerdo con la protección de los restos, pero no lo estamos con que sea una zona verde, porque a lo mejor podemos poner un equipamiento que proteja los restos y los ponga en valor», apunta el concejal de Patrimoni del Ayuntamiento de Tarragona, quien también tiene las competencias en materia de Urbanisme, Nacho García.
Más excavaciones
Las primeras excavaciones arqueológicas sacaron a la luz los restos de una construcción, que podría ser de la época romana del alto-imperial, y que corresponderían a una vivienda suburbana o a un mausoleo, siendo esta última la opción por la que se decantan los arqueólogos. También se han localizado restos de silos y posibles entierros. Pese a ello, el yacimiento podrá acabar de delimitarse cuando pueda abordarse la segunda fase de excavaciones, que está parada después que afecta a una zona de viviendas, donde hay ocupas.
El Pla Parcial 1, que afecta a los terrenos de la entrada de la ciudad desde Valls, se aprobó inicialmente en 1991
El Ayuntamiento de Tarragona solicita que se «razone bien» el por qué de esta decisión y que, en todo caso, se planteen «nuevas salidas». El ejecutivo de Rubén Viñuales ya ha presentado alegaciones al informe de la Generalitat. No obstante, este caso suma un nuevo episodio en las diferencias de interpretación que hacen los técnicos de ambas administraciones de la Llei de Patrimoni, y que muy a menudo a nivel local son vistas con un exceso de celo, en determinados aspectos.
«Ya sea porque tienen miedo a la inseguridad jurídica, a la opinión pública o a veces porque los planeamientos no son muy claros, se está actuando de forma preventiva y muy conservadora», explicaban fuentes consultadas por este rotativo.
Un giro de 180 grados
Uno de los elementos que genera ‘recelo’ es que, ya sea a través de la Comissió de Patrimoni Cultural o de la Territorial d’Urbanisme, la última palabra la acaben teniendo los responsables de la Generalitat. Y esto, en ciudades como Tarragona, donde cualquier intervención sobre el subsuelo tiene que ser autorizada genera malestar entre el personal técnico de la Plaça de la Font.
«No se lo estamos poniendo fácil a los promotores», apuntaban estas mismas fuentes. El Pla Parcial 1 –que es un sector discontinuo entre el ramal de acceso de la autovía A-7, la Avinguda de Catalunya y la carretera N-240 entre Tarragona y Valls– fue aprobado inicialmente en el año 1991, a expensas de lo que dijeran los trabajos arqueológicos.
A estas alturas también se ponían en marcha las obras de construcción del Pla Parcial 2, que afecta al entorno entre las calles Jaume I, Eivissa y Pere Martell. Estos eran años en los que había un boom del ladrillo, por lo que, a pesar de los importantes restos que había en toda esta parte de la ciudad, las máquinas entraron y en ningún momento se planteó la posibilidad de modificar el planeamiento.
¿Acabará condicionando esto el interés de los promotores para acabar edificando en estos terrenos? ¿Qué pasará con las más de 300 viviendas previstas? ¿Tendrá que rehacerse de nuevo el proyecto? Son algunas de las preguntas. De momento, los Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat no han respondido a la solicitud presentada por este rotativo.