El Ayuntamiento de Tarragona desencallaba ayer la licitación del nuevo contrato de la basura. Uno de los debates más agrios de los últimos tiempos en la ciudad, que sigue adelante con el aval de ERC y Junts per Catalunya, y sin ningún voto contrario por parte de las cinco formaciones que ocupan la bancada de la oposición.
Antes de la votación, el alcalde, Rubén Viñuales, agradeció la «actitud más que predispuesta» de los grupos municipales por su apoyo al nuevo pliego de cláusulas, que permitirá adjudicar el nuevo servicio. «Es el contrato más importante, que afecta a la preocupación principal de los tarraconenses», decía.
La concejala de Neteja, Sònia Orts, desgranaba las claves del nuevo pliego que incrementa en 931.000 euros al año el presupuesto anual de los lotes 1 y 2. Asimismo, se prevé un incremento de los precios de inversión, a causa de la inflación, aumentando el tipo de interés del 2,5 al 4,5% y pasando el contrato de nueve a diez años. En cuanto a los gastos generales, estos pasan del 5 al 7%. También incluye el concepto de «mantenimiento» en la fórmula de revisión de precios.
En cuanto al segundo lote, la recogida puerta a puerta en la Part Alta pasa a ser con islas emergentes de contenedores y desaparece la partida de casi dos millones de euros para la utilización de vehículos de hidrógeno. «Si dentro de cuatro o cinco años hay un mercado estable buscaremos mejoras, pero esto generaba inseguridad en las empresas», aseguró Orts. El Gobierno introduce también el proyecto Pam a Pam, mientras ha ofrecido un aparcamiento municipal como parking de vehículos de reserva de la adjudicataria.
«Es un contrato adaptado a las necesidades reales y de futuro, que tiene en cuenta las necesidades de los vecinos y la voluntad de que no quede desierto», defendió.
El republicano Jordi Fortuny lamentó que «el 28 de abril –cuando se votó el anterior pliego– todas las incorporaciones que se han hablado ya estaban». Este criticó que en el anterior mandato se «ningunearon» los técnicos, mientras concluía su intervención asegurando que «Tarragona tendrá un buen contrato».
Desde Junts per Catalunya, Jordi Sendra aseguraba que la nueva licitación debe permitir «un nuevo servicio que evite un mal servicio» y pedía que se hagan encuestas de satisfacción a los ciudadanos.
Tanto el PP como Vox se abstuvieron, ya que aseguraron que «no ha habido tiempo material para poder hacer realmente una valoración». Mientras que el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, lamentaba el «espectáculo» que ha habido alrededor de esta cuestión. «En este tema se han pasado demasiadas líneas», aseguraba el concejal, quien recordaba que la posición de su partido es la «municipalización».
La basura irrumpía de nuevo en el pleno en las mociones, cuando ERC solicitó dar marcha atrás en la decisión de eliminar el cierre de contenedores en Cala Romana, El Serrallo y Bonavista. «La experiencia ha sido exitosa y así lo demuestran los resultados», decía Fortuny. Los datos que presentó así lo demuestran. En los tres barrios se ha incrementado la recogida selectiva y en el caso concreto del Serrallo esta ha pasado del 57 al 72%. «Es un paso atrás que no nos podemos permitir», defendió.
Orts reconoció que «es cierto que dieron buenos resultados, pero fue una prueba piloto y en época de calor se estaban produciendo problemas de insalubridad». El Gobierno defiende que los vecinos que de forma voluntaria sigan utilizando la tarjeta serán «gratificados», mientras que con el nuevo contrato la medida se extenderá en toda la ciudad, acabando con el «agravio» para los vecinos de estos tres ámbitos que ahora suponía. La moción republicana no prosperó.
El proyecto de remodelación del Banc d’Espanya deberá contar con financiación externa para ponerse en marcha, después que ayer se aprobó un modificativo de crédito por valor de 4.144.160,11 euros, que dejaba a cero la partida reservada en los presupuestos para dicho efecto.
La nueva partida permitirá sufragar las mejoras en los campos de fútbol municipales y la remodelación del césped de estas instalaciones. «Estábamos pagando intereses por un dinero del que no podemos disponer y que estaban paralizados», justificó el alcalde Viñuales. La decisión prosperó con los votos favorables del conjunto de los partidos y el ‘no’ de los seis concejales de ERC.
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