La empresa Griñó Ecològic, investigada ahora por formar parte de la trama para importar desde Italia 40.000 toneladas anuales de residuos peligrosos y tóxicos desde 2021 y depositarlos de forma descontrolada en localidades de Tarragona, presentó el pasado año ante el Port de Tarragona una solicitud de una concesión de unos 2.500 metros cuadrados (m²) «para el almacenaje y transferencia de residuos no peligrosos procedentes de movimientos transfronterizos», según indica el anuncio del Boletín Oficial del Estado (BOE). Por el momento, fuentes portuarias exponen que «la concesión todavía está en proceso de valoración».
Acusación particular
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona decretó este jueves libertad provisional para seis de las personas detenidas. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.
Como medidas cautelares, la magistrada acordó que los investigados deben presentarse en las dependencias judiciales. En esta línea, a tres de ellos les retiró el pasaporte y les prohibió la salida del territorio. Además, según ha podido saber el Diari, varias entidades ecologistas planean presentarse como acusación particular.