El territorio se ha unido para decir alto y claro que no quiere la línea de alta tensión que el grupo Forestalia ha proyectado para transportar electricidad verde desde Aragón hasta Catalunya y que, hasta su conexión con la subestación de Begues (Baix Llobregat), cruzará una cuarentena de pueblos de Catalunya, 32 de los cuales de las comarcas tarraconenses.
En un acto celebrado ayer tarde en el Palau Bofarull de Reus, la Diputació de Tarragona, siete Consells Comarcals (Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès y Alt Penedès) y 38 ayuntamientos del Camp de Tarragona, el Penedès y las Terres de l’Ebre, escenificaron una unanimidad institucional contra un proyecto que contempla la construcción de 378 torres eléctricas en toda Catalunya y que en el caso de la demarcación de Tarragona recorrerá más de 180 kilómetros.
Mientras los siete Consells Comarcals y los 38 ayuntamientos afectados han presentado un paquete de alegaciones conjuntas, la Diputació de Tarragona está redactando un estudio jurídico a petición de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, tal y como confirmó ayer la presidenta de la Diputació, Noemi Llauradó.
Llauradó, encargada de abrir el acto como anfitriona del Palau Bofarull, fue muy contundente a la hora de justificar su negativa a que el grupo Forestalia acabe ejecutando el proyecto. «Nuestro compromiso siempre es el de apoyar al territorio y velar por el interés de nuestra ciudadanía. Por eso nuestra voluntad de oposición al paso de esta línea de alta tensión por el territorio es unívoca», aseguró la presidenta de la Diputació, quien también recordó que «nuestro compromiso con las energías renovables y la transición energética es indudable».
A la espera de que el estudio jurídico esté redactado, Llauradó incidió en varios aspectos para justificar la negativa de la Diputació de Tarragona al proyecto. En primer lugar por «el incumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, que deja claro que tiene que ser Red Eléctrica Española la transportista única de energía eléctrica, por lo que no tiene cabida que una empresa privada sea también quien la transporte».
Además, Llauradó advirtió que «el impacto sobre el aspecto ambiental será claro. No se contempla el soterramiento de la línea por razones económicas y el impacto paisajístico será muy grave».
Tres informes
Por su parte, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Abelló, confirmó que desde el pasado viernes se están presentando las alegaciones correspondientes al proyecto, en base a tres informes (técnico, ambiental y jurídico). «Los asumimos como propios para informar desfavorablemente a la autorización del proyecto y a su declaración ambiental», comentó Abelló, quien también incidió en el argumento de que «esta línea de alta tensión no se corresponde a una línea de evacuación, sino de transporte, por lo que tendría que ser de titularidad pública y no privada».
La presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp remarcó también que «éste no es el modelo de transición energética que queremos. No puede ser que vengan de fuera y nos trinchen el territorio. Queremos un modelo de producción energética cercano a sus puntos de consumo y compatible con la preservación del territorio».
Los afectados también recordaron que en los municipios y comarcas que se verían afectados por la línea de alta tensión hay, entre otras, áreas de interés faunístico y florístico, espacios naturales protegidos de la Xarxa Natura 2000, Cartes del Paisatge (Priorat y Penedès), suelos de alto valor agrario, la Reserva de la Biosfera de las Terres de l’Ebre, la plana de secano del Alt Camp y el Parc del Foix.