El tejido económico y empresarial de la ciudad de Tarragona clama contra el incremento «masivo» de impuestos anunciados por el Ayuntamiento de cara al próximo año. Los aumentos del 50% del IBI de los pisos vacíos; del 30% de la plusvalía; del 11,6% de la tasa de la basura; y del 3% en el servicio del agua de Ematsa han puesto en pie de guerra al sector productivo, que lamenta que este encarecimiento «no ayuda» a la «actividad económica» y a la «generación de puestos de trabajo».
«No debemos olvidar que somos los campeones catalanes del paro, y que solo en octubre más de 1.800 personas de la demarcación se quedaron sin trabajo», advierte el presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Josep Antoni Belmonte, quien reconoce el «mal humor» que arrastra el sector. «El anterior gobierno municipal también subió mucho los tributos, pero el actual no se ha quedado nada corto», critica.
En la misma linea se expresa la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, quien lamenta que «hay otras fórmulas para lograr más ingresos antes que tocar los tributos». En este sentido, la representante del ente cameral pide más «creatividad» al ejecutivo local para «atraer más inversiones que permitan captar recursos que se transformen en el pago de tasas e impuestos». En este sentido, Roigé pide al Consistorio que «apueste por los polígonos industriales» para «atraer a proyectos empresariales que están interesados en venir».
De manera muy parecida opina el director de la Federació de l’Auto Transport, Josep Lluís Aymat, quien exige «más recursos para los polígonos industriales», de forma que «tengan más servicios y un mejor mantenimiento». En esta linea, Aymat recuerda que empresas del PP1 «pagan la tasa de la basura pese a que no se les da ningún servicio».
«Se paga por la mala gestión»
De manera crítica se expresa también el presidente de la Associació Empresarial de l’Hostaleria de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, quien cree que «es abusivo hacer pagar a los ciudadanos y empresarios por la mala gestión municipal». A juicio del representante de la entidad que representa al sector de la restauración, las administraciones «deberían buscar nuevas fórmulas de ingresos para no hacer pagar el pato a los empresarios. Cuesta demasiado tirar hacia adelante los negocios como para que, ahora, nos incrementen aún más los costes. Ha cambiado el gobierno, pero no la política», lamenta Pintado.
Por su parte, el presidente de la Associació d’Hotelers de Tarragona Ciutat, Xavier Jornet, echa en falta «más transparencia para justificar estos aumentos», y considera que las subidas de la basura y del agua «deberían favorecer a los ciudadanos y empresarios que reducen residuos y el consumo de agua».
Mucho más contundente se muestra el presidente de los Promotors del Tarragonès, Diego Reyes, quien califica la subida de la presión fiscal como de «despropósito». «Lo que tienen que hacer los gobernantes es facilitar la vida a los ciudadanos y no crear más cargas impositivas que generan alarma social», indica. Asimismo, Reyes critica que «todo esto lo que provoca es que el ciudadano tenga menos dinero disponible, que gaste menos, que se pierda competitividad y se genere más desempleo».
En el mismo sector, Joan Romeu –del Gremi de la Construcció– critica que los políticos «buscan excusas para recaudar dinero. Es una barbaridad subir, por ejemplo, la plusvalía en más de un 30%». En este sentido, Romeu considera que esta medida no será eficiente para frenar la especulación. «Lo que provocará es que suban los precios. Si quieren frenarla, deberían poner más solares a disposición para que haya más edificación y más oferta de pisos. Así, el comprador tendrá más dónde escoger».
«Un agravio»
Agustí Pujol, de la Cambra de la Propietat Urbana, pide que en vez de cargar un 50% adicional al IBI por los pisos vacíos, «se incentive a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler». Por su parte, el presidente de la entidad comercial La Via T, Salvador Minguella, se muestra especialmente contrariado y critica que «de momento, lo único que ha demostrado el nuevo gobierno de la ciudad es que solo sabe subir los tributos».
Desde el sindicato UGT, su secretario general en Tarragona –Joan Llort– pide que el aumento de la presión fiscal «contemple bonificaciones para las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, que estén en situación de desocupación o que cobren prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional».
Finalmente, Víctor Álvarez –de Ecologistes en Acció– considera que las subidas impositivas «se producen a raíz de la mala gestión». «El aumento del agua puede ser un agravio para las familias más vulnerables. Debería bajarse el precio con una mejor praxis», mientras que, en el caso de la basura, cree que podría moderarse la tasa «con políticas de reducción y reutilización de residuos», asegura Álvarez.
