El polémico divorcio entre Esquerra Republicana y En Comú Podem amenaza ahora con bloquear hasta 2023 los puntos clave del pacto que el pasado 15 de junio escenificaron ERC, Junts per Tarragona y CUP, y al que posteriormente se sumó el exnúmero ‘2’ de En Comú Podem, Hermán Pinedo, que ahora es edil no adscrito. En solo 15 días, el nuevo ejecutivo en minoría –formado por 7 ediles de ERC, 3 de Junts, 2 de la CUP y el propio Pinedo– ya ha visto como los 14 representantes de la oposición –7 del PSC, 2 de En Comú Podem, 2 de Ciutadans, 2 del PP, y los 2 no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón– han frenado dos proyectos estratégicos para el ejecutivo de la Plaça de la Font: la constitución de los Consells de Districte y la fusión entre la EMT y Aparcaments Municipals.
Tras el mazazo del pasado miércoles con la votación de la primera gran unificación empresarial municipal, el gobierno de Ricomà afronta un horizonte lleno de nubarrones en los que varias de sus prioridades estratégicas pueden verse afectadas por el hecho de contar únicamente con 13 de los 27 representantes del Saló de Plens.
«Es una irresponsabilidad que los partidos que han estado en el gobierno bloqueen cuestiones como la fusión de empresas», afirma el portavoz de Esquerra, Xavier Puig, en una clara referencia a su exsocio de gabinete: los Comuns. Asimismo, el concejal de la formación independentista añade que, con los dos batacazos de las últimas semanas, «queda claro que el gobierno, gobierna; que la oposición, paraliza; y que es la ciudad la que paga esta situación». En la misma linea se expresan desde la CUP: «Lamentamos que un partido que se denomina como municipalista y asambleario haya decidido dejar de construir para la ciudad y alinearse con aquellos que tanto costó echar», indica la portavoz de las cupaires, Eva Miguel.
Desde En Comú Podem, su portavoz –Carla Aguilar– niega que haya ninguna situación de bloqueo. «Lo que sí que hay es un cambio en el que, al expulsarnos del gobierno, han provocado una situación con menos consenso y menos mayoría», afirma la representante de la formación progresista, quien resalta que «nosotros votaremos siempre con consciencia y responsabilidad» para «tirar hacia adelante políticas de izquierdas y que el gobierno busque consensos de izquierdas».
De hecho, en la asamblea de ayer de En Comú Podem la militancia analizó la linea política a seguir en los próximos dos años, que según las fuentes consultadas será la de mantener la equidistancia entre el gobierno y la oposición. «La situación en el pleno está polarizada, y nosotros aparecemos como un tercer bloque decisivo», recalca Aguilar. El objetivo de ECP, según revelan fuentes de la coalición al Diari, es la de «ser fieles al programa electoral» y provocar que ERC «no sepa nunca qué es lo que se va a votar».
Faltará un voto
Varios son los frentes estratégicos que forman parte del acuerdo de 115 puntos que avalaron hace solo dos semanas los partidos del nuevo gabinete de dirección de la Plaça de la Font. Así, en el programa de gobierno aparecen cuestiones clave que requerirán de la mayoría absoluta del Saló de Plens y que, por lo tanto, obligarán al ejecutivo a sumar, como mínimo, un voto de la oposición. Aquí entrarían cuestiones como la apuesta por la Illa Corsini, los presupuestos participativos o los planes integrales previstos para la Part Baixa, el Mercat de Bonavista o el de Torreforta, además de cuestiones como la rehabilitación de la Tabacalera o la vivienda social. En el pacto también está previsto abordar antes de 2023 una segunda fase del plan de fusión de las empresas públicas, como es la unión entre Espimsa y Desenvolupament Econòmic.
El punto de inflexión: las cuentas
Asimismo, la negociación clave entre gobierno y oposición –especialmente con En Comú Podem– llegará después de verano, cuando el equipo económico liderado por Jordi Fortuny (ERC) deba negociar los números para 2022 y arrancar, al menos, una abstención para evitar las prórroga de las cuentas o tener que ligar el presupuesto a la convocatoria de una cuestión de confianza que , a su vez, abriría el melón de una moción de censura.
«El gobierno municipal ha perdido la mayoría. Deberá negociar con la oposición. Esta es su responsabilidad. El consenso es lo mejor para la ciudad», indica la portavoz del PSC, Sandra Ramos, mientras que Lorena de la Fuente (Cs) niega que su formación quiere bloquear el día a día municipal. «Actuaremos consecuentemente con lo que sea mejor para la ciudad. El nuevo gobierno tiene más manos pero está en minoría, por lo que la inestabilidad puede seguir, tal y como ya hemos visto durante los dos años que se llevan de mandato», afirma la portavoz de la formación naranja. José Luis Martín (PP) opina que «no es una situación de bloqueo, sino que es el reflejo de la torpeza de Ricomà y de su nuevo gobierno, que no representa a la mayoría de los tarraconenses». Todo esta situación se suma, además, a la gran asignatura pendiente: la redacción del nuevo POUM, una polémica que se alargará a más allá de 2023.
