«La ley las ampara en el papel, pero faltan los medios para protegerlas de verdad desde el minuto cero», reconoce Fina Méndez, copresidenta de la Comissió d’Igualtat del Col·legi d’Advocacia de Tarragona.
Se refiere a las mujeres que han decidido dar el paso adelante de denunciar que sufren violencia de género. El año pasado fueron 3.177 en la demarcación; la cifra creció un 39% en solo un año.
Si se comparan los casos con la población en general, en 2017 hubo en Tarragona 80 denuncias por cada 10.000 mujeres. La cifra está muy por encima de la media del resto de provincias catalanas. En Barcelona fueron 54 y en Girona y Lleida, 53. También es mayor que la media de España, que se situó en 66.
En el pasillo con el agresor
Más allá de la eterna disyuntiva de si hay más casos o se denuncia más, la preocupación, apunta Méndez, es que faltan medios para proteger a las mujeres que deciden dar el paso de manera efectiva.
Relata que en algunos juzgados la víctima tiene que esperar en el mismo pasillo, muy cerca de su agresor, o es a ella «a la que la meten en un cuarto muy pequeño de donde no la dejan salir».
Jennifer Macía, la otra presidenta de la comisión, agrega que, en teoría, se trata de juicios rápidos, pero en la práctica a la víctima ciertamente se le cita muy rápido cuando denuncia, pero el juicio tarda meses. «Tengo un caso de octubre y nos han llamado para abril de 2019». Al final, apunta, pueden pasar dos años desde la denuncia hasta que hay una resolución.
Ese tiempo, asegura, es demasiado para mujeres que en muchos casos dependen económicamente de su agresor y tienen hijos en común. Sabiendo esto es más fácil entender por qué se retiran denuncias. «En esos momentos falta apoyo, también de la sociedad», advierte.
La soledad de las víctimas
A pesar de los esfuerzos, la soledad sigue acompañando a las víctimas en esas primeras horas en que deciden denunciar y esos momentos son clave para la evolución del juicio.
Susana Gisbert, Fiscal de Violencia Doméstica de Valencia, quien estuvo en Tarragona para participar en una jornada que organizó el colegio de abogados, ofrece ideas: aunque no siempre se aplica, la ley recoge que la mujer podrá estar acompañada por alguien de su confianza durante el juicio rápido, algo que muchas veces no se tiene presente. «Puede ser su madre, su hermana, una amiga, la panadera de su barrio...». Esa persona puede brindarle no sólo apoyo moral, sino ayudarle a resolver aspectos prácticos, como con quién dejar a los hijos. «La víctima tiene que tomar muchas decisiones vitales en tan solo 72 horas», explica.
Eso sí, señala que se debe ser cuidadoso en la elección de este acompañante, porque luego no podría actuar como testigo.
También es importante que la mujer esté bien asesorada desde un primer momento. Méndez y Macía relatan que, por experiencia, de cómo se haga la denuncia puede depender que el juez adopte o no medidas de protección y de que la sentencia sea de condena o de absolución.
En lo que se refiere a las medidas de protección a las víctimas, el año pasado se pidieron 933. De ellas, 51 no se admitieron, 550 se adoptaron y 327 se denegaron. Con todo, la cifra de medidas admitidas creció el año pasado después de un tiempo a la baja.
Las medidas más frecuentes son las órdenes de alejamiento (408) y las prohibiciones de comunicación (456).
No obstante, señala Gisbert, deberían tenerse en cuenta otras órdenes menos empleadas, como la orden de prisión provisional o la retirada del pasaporte cuando existe la sospecha de que el implicado pueda salir del país con los hijos. También, según los casos, se puede pedir la salida del domicilio o la prohibición de portar armas.
Cada vez más jóvenes
Pero aunque con frecuencia se piensa en víctimas de mediana edad, con hijos y dedicadas a la vida familiar, las abogadas se confiesan sorprendidas por los casos de víctimas más jóvenes. «El perfil no es el mismo de hace 30 años». Estos casos, apuntan, han subido un 27% en un año, en parte aupados por las redes sociales que aumentan el poder de control de los agresores.
El año pasado en la demarcación 14 menores pidieron medidas de protección. La dificultad, explican, radica en que las normas que rigen en casos de violencia de género no se aplican en menores a pesar de ser doblemente vulnerables. «Y eso tendremos que arreglarlo más temprano que tarde», reconoce Méndez.