El asesinato el pasado miércoles de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric ha sido la gota que ha colmado el vaso entre los funcionarios de prisiones y también del Centre Penitenciari Obert de Tarragona, que denuncian que «la situación es insostenible desde hace mucho tiempo».
«Se están vaciando prisiones del régimen ordinario sin cumplir los requisitos de reinserción en la sociedad. Nos están mandando perfiles de internos muy peligrosos», apuntaba un trabajador del centro de Tarragona.
Este espacio recibe los internos que ya están en el tercer grado, que teóricamente se hallan en el tramo final de su condena o que cumplen unos requisitos que hacen que se plantee su reinserción en la sociedad.
Algunos usuarios todavía tienen causas pendientes cuando llegan a esta etapa
No obstante, el personal asegura que la Estratègia Nacional d’Obertalitat Penitenciària, que está impulsando el Departament de Justícia, hace que «internos que todavía tienen causas pendientes» estén llegando al centro y, por tanto, pueden salir a la calle.
Esta misma persona explica que esta obertalitat también se está produciendo entre algunos reclusos con condenas muy largas y que «no han cumplido ni una cuarta parte de la pena».
«A algunos todavía les quedan seis, siete u ocho años, de forma que a lo mejor no podrían salir hasta 2032, porque han cometido delitos muy feos y los dejamos entre la sociedad, lo que hace que en algunos casos vuelvan a los centros ordinarios porque reinciden», señala.
Los problemas también se presentan en el perfil de los usuarios que están atendiendo desde este espacio. Tanto los trabajadores de las prisiones como de los centros abiertos aseguran que en los últimos tiempos este ha cambiado mucho.
En algunos casos, estos presentan problemas mentales y toman medicación psicotrópica o porque son toxicómanos, con un consumo activo. «Los internos que nos llegan siguen consumiendo, porque las analíticas nos lo demuestran.
Sin embargo, no tenemos las herramientas ni el personal para trabajar con estas personas, que en algunos casos están tomando medicamentos muy potentes, porque no tenemos enfermería ni nada».
Situaciones de fuga
Hay otro elemento que se está convirtiendo en un problema. Y es que en el caso de los internos extranjeros, cuando llegan a esta última fase para la reinserción no disponen de documentación, lo que les impide la posibilidad de encontrar un empleo cuando finalizan la condena.
Esto imposibilita que puedan establecer una red social y una estabilidad, que hace que «muy a menudo acaben consumiendo de nuevo o cometiendo nuevos delitos, generando situaciones de conflicto».
«Es insostenible», apuntaba esta persona. Y uno de los elementos que más preocupa es que algunas de las personas que llegan al centro acaban fugándose, ya sea porque no estaban preparados para la reinserción o porque no han encontrado el escudo necesario para iniciar una nueva etapa en el exterior.
Se han registrado algunas fugas entre los internos del Centre Obert de Tarragona
«En este último trimestre se han producido varias evasiones y detenciones de internos del Centre Obert», reconocía este empleado, con una dilatada trayectoria. El espacio cuenta actualmente con 160 internos, de los cuales la mitad pernoctan de lunes a jueves en el centro.
El resto, duerme en casa y se les hace un seguimiento telefónico o a través de entrevistas.
«El sistema se ha vuelto demasiado blando. Nadie quiere ser un represor ni volver a los tiempos de la Inquisición, pero nos sentimos muy desprotegidos y no tenemos ni el personal ni las herramientas para trabajar», añadía.
Ante esta situación, el conjunto de los trabajadores del CPO tienen previsto reunirse el miércoles en una asamblea. Piden el reconocimiento de todos los funcionarios de prisiones, como agentes de la autoridad, que se incrementen las plantillas y que se cubran de forma «inmediata» las bajas.
Otra de las reivindicaciones es que las medidas no sean «tan blandas» y que se deje sin efecto este plan de obertalitat hasta que se revisen todas las medidas de aplicación.
Esto debe permitir que se trabaje «bajo una legalidad», ya que afirman que «actualmente no hay circulares, lo que hace que las directrices no sean claras y se trabaje bajo órdenes de dirección, provocando inseguridad jurídica».
