Primer paso para desbloquear el desastre del no parking de Jaume I. Según confirman al Diari fuentes jurídicas, el juez del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid ha dado recientemente vía libre para que la empresa Sistemas Alem –que se encuentra en proceso concursal– pueda retirar su parte de la maquinaria del agujero de la Part Alta para poder hacer frente a las deudas que arrastra. Se trata de la primera ocasión en la que el juzgado autoriza a retirar parte de los elementos e instalaciones que hay en el espacio que, inicialmente, debía ser un aparcamiento inteligente con un coste de 3,9 millones de euros pero que, en cambio, actualmente es un agujero sin ningún tipo de uso desde que se paralizaran las obras en febrero de 2008, tras comprometer unos gastos por más de 30 millones hasta el año 2043.
Sistemas Alem fue el socio que formalizó la Unión Temporal de Empresas (UTE) con Aparcaments Municipals de Tarragona para llevar a cabo la construcción del parking. Tras el desastroso proceso de construcción, la compañía entró en fase terminal, que derivó en el hecho de caer en manos de un administrador concursal. Ahora, el gestor judicial ha solicitado al juez poder hacer uso de sus activos en el equipamiento del Casc Antic para poder hacer frente a las deudas que tiene con los acreedores. Según las fuentes consultadas, Alem cuenta con una estructura metálica en el Jaume I, valorada en unos 27.000 euros. Por su parte, el Consistorio elaborará un informe sobre las propiedades que tiene en su interior.
«Es el primer paso»
La novedad judicial pasó por el último consejo de administración de Aparcaments Municipals. El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), destacó ayer en Tarragona Ràdio que con la retirada de la maquinaria «podremos empezar a plantearnos algún tipo de uso» para el espacio, si bien dejó claro que esta actuación «no será una prioridad» para el gobierno local, ya que se trata de un proyecto «que requerirá de una elevada inversión».
Desde Ciutadans, el concejal José Luis Calderón recordó que «es una herencia del pasado a la cual debemos hacer frente en beneficio de Tarragona», y considera que «la actual situación judicial del tema hace que busquemos una solución que nos permita recuperar el espacio lo antes posible y poder desmantelar las estructuras metálicas que llevará también un tiempo». De hecho, se calcula que todo el proceso podría alargarse más de medio año, atendiendo a la tramitación de las licencias y a los trabajos necesarios para ejecutar la orden judicial.
Dídac Nadal (JxTGN) celebró la decisión. «Por fin se empiezan a tomar decisiones. Se trata del primer paso para poder dar un uso al espacio, un hecho que no parecía que interesara al anterior equipo de gobierno».
Finalmente, Eva Miguel – concejal de la CUP– considera que el paso que se dará «debería haberse dado hace mucho tiempo». El problema, según la edil cupaire, es que «será muy complicado darle un uso por las características que tiene». Asimismo, por lo que se refiere a la polémica judicial, Miguel muestra su «sorpresa» por el hecho de que «aún no haya ningún imputado en el mayor caso de corrupción que tenemos en la ciudad de Tarragona».