El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Antonio Gambón Vilalta, ha decidido ampliar dos años más el periodo de investigación del polémico caso de la construcción del no párking Jaume I, un equipamiento que inicialmente en 2002 debía costar 3,9 millones de euros pero que, hasta la fecha, ya ha costado más de treinta sin que el espacio se haya podido destinar para el uso que estaba previsto.
El juez notificó a las partes su decisión en un auto del pasado martes en el que justifica su postura en las peticiones que le habían hecho llegar tanto el Ministerio Fiscal como el perito auditor de cuentas.
Precisamente, éste último entregó un escrito al juez el pasado 27 de noviembre en el que informaba al juzgado de que su trabajo de análisis técnico sobre las cuentas de la construcción del párking, que le fue encargado el 20 de septiembre de 2017, está «avanzado», si bien ponía de manifiesto que «la pericial supone la revisión de un gran volumen de documentación y un gran volumen de comprobaciones a realizar».
Asimismo, el economista indicó en el escrito a Antonio Gambón de que «los meses de marzo a julio son meses de mucha carga de trabajo para los auditores, por lo que no fue posible avanzar en aquellas fechas». Por todo esto, el perito asegura al magistrado que espera que podrá presentar el informe «en un plazo no superior a los 20 días hábiles», lo que sitúa la presentación del informe, 15 meses después de que fuera requerido, a principios del mes de enero.
El juzgado encargó la prueba pericial al profesional independiente después de que a finales de 2016 los auditores del Estado se negaran a investigar el caso, al entender de que se tratan de cuentas privadas, mientras que sus competencias sólo se circunscriben al sector público. Por ello, posteriormente el Col·legi d’Auditors de Comptes de Catalunya designó a un nuevo profesional, que ya lleva más de un año analizando toda la documentación de este extenso caso.
«Tiempo suficiente»
Una vez recibido el informe del perito, elaborado a instancias de una petición del Ministerio Público a mediados del pasado mes de noviembre, el juez ha decidido prorrogar –por tercera vez– la instrucción del caso, que llegó a la justicia en 2008.
La causa, después de casi una década de investigación, se declaró compleja mediante un auto del 18 de abril de 206. Posteriormente, el 14 de junio de este año se amplió el plazo de instrucción que, ahora, vuelve a prorrogarse.
«Se mantienen las razones que dieron pie a la declaración de complejidad de la investigación y, además, concurre una situación sobrevenida, al estar pendientes de una práctica de diligencias de investigación de naturaleza indispensable para cumplir con la finalidad de la instrucción», indica el juez Gambón en su escrito, quien añade que «procede por todo ello la concesión de una prórroga extraordinaria por un plazo de 24 meses».
A juicio del magistrado, este periodo que se abrirá cuando finalice el que aún está en vigor «es un tiempo que se estima suficiente como para poder ultimar la práctica de las diligencias de investigación que justificaron la previa declaración de la complejidad de la causa».
