Si hay un caso judicial que destaque por encima del resto, este es el parking Jaume I. El mayor desastre de la historia reciente de la ciudad –que debía costar 3,9 millones de euros pero que ya ha supuesto un endeudamiento de 30– sigue vivo en los juzgados de Madrid, más de veinte años después desde que se iniciaran las obras con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía, y de 17 desde que se paralizaran en febrero del 2008 con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la Plaça de la Font.
Tras quedar archivada la vía penal una vez que el juez no apreciara «indicios de delito» en 2022 en la gestión de la construcción del aparcamiento, el último intento municipal por recuperar parte de dinero se centra en Madrid, donde la EMT ha interpuesto una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid contra las financieras de la maquinaria que está en el interior del agujero de la Part Alta.
La sospecha municipal es que se habrían realizado «dobles pagos». Una auditoría pericial asegura que que el total de los bienes, enseres e instalaciones que debían haber sido incorporados en el no aparcamiento de la Part Alta sumaba un montante global facturado de unos cinco millones de euros. De estos, en cambio, solo se habría recibido material por 831.456, por lo que faltarían 4,2 millones. Un misterio más para la mayor pesadilla del siglo XXI.
Inipro, a la espera
La última polémica en llegar al juzgado es la del Trenet Turístic. El Ayuntamiento ya ha decidido revertir la concesión, tras exigir a RJ Autocares el pago de 1,3 millones por tres años de canon, mientras que la concesionaria solo reconoce 165.000.
El caso que también está en el juzgado es Inipro, que llevará a juicio al exalcalde Ballesteros y a la exportavoz Begoña Floria, al asegurar el juez instructor que habrían indicios de presuntos desvíos de dinero Serveis Socials en favor de fines partidistas del PSC.
Cuando entró en la alcaldía, Rubén Viñuales (PSC) dio el paso para retirar al consistorio de la causa. Sin embargo, un recurso de ERC lo ha paralizado, a la espera de lo que decida el juez. Tarragona vive momentos de judicialización política.
