El Ministerio Fiscal ha visto indicios de delito en el caso Inipro y ha decidido trasladar el asunto al juzgado. Así lo reveló ayer la CUPde Tarragona, la formación política que en julio de 2013, pocos meses después de que el caso saliera a la luz pública, lo denunció ante la Fiscalía.
El motivo que llevó a la CUP a denunciar–según recordó ayer Laia Estrada, uno de los rostros visibles del partido a nivel local– fue que «había indicios de que podrían haberse cometido los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación» tanto en la adjudicación inicial como en las posteriores prórrogas del contrato entre el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y la citada empresa Inipro (Iniciatives i Programes SL, con sede en Viladecans y marcadamente afín al PSC).
«El fiscal, tras estudiar el caso, ha visto que es serio y lo ha trasladado al juzgado», añadió Estrada. Una decisión que confirma que el Ministerio Público ve indicios de delito, si bien no se sabe si se trata exactamente de los tres que apuntó en su día la CUP, puesto que la apreciación del fiscal puede no ser idéntica a la que proponía la denuncia.
Secreto de sumario
Según reveló durante la rueda de prensa de ayer Aitana de la Varga, también militante de la CUP, es en concreto el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona el que está instruyendo el caso. «Y el juez ha decretado el secreto de sumario», añadió De la Varga, lo que significa que «nadie que no sean las partes puede tener información del proceso». Por eso la CUP ha decidido personarse como acusación particular en el procedimiento (ver información adjunta):para poder tener información de primera mano y llevar un control de las actuaciones.
Las responsables del partido a nivel local dejaron claro que el proceso judicial se encuentra en fase embrionaria y que es imposible determinar los plazos a partir de ahora. En todo caso, Estrada y De la Varga subrayaron que el hecho de que el asunto haya llegado al juzgado ya es altamente significativo:«Cuando llevamos a Fiscalía el contrato de la recogida de basura del Ayuntamiento con FCC, el fiscal la terminó archivando. En este caso, no sólo no la ha archivado, sino que la ha trasladado ya al juzgado. Es decir, que estamos en una fase mucho más avanzada que hasta donde llegó aquella denuncia. Esta vez sí parece que la justicia ve que hay algo detrás, más aún si se ha decretado el secreto de sumario». En este sentido, aclararon que tal decisión la suele tomar el juez «para preservar la correcta instrucción del caso, o para proteger a las partes o a quienes son llamados a declarar...».
Para concluir, Laia Estrada lamentó «que haya tenido que ser la CUP, un partido sin representación en el Ayuntamiento y que no está presente en el Consell Rector del IMSST, el único que haya hecho algo». Y, en este sentido, acusó de «inacción» a la oposición municipal, que «se limitó a hacer alguna pregunta en el pleno y alguna declaración en los medios de comunicación».
Silencio municipal
Pese a que el caso apunta directamente al IMSST, el Ayuntamiento de Tarragona prefiere guardar silencio por el momento. Fuentes del consistorio aseguraron ayer que respetan el funcionamiento de la Justicia y aclararon que «a día de hoy» ni el consistorio ni el instituto municipal han recibido ni notificación del inicio de las actuaciones ni ningún requerimiento de información. «Estaremos encantados de facilitarle al juez el dossier con toda la información respecto a este asunto», añadieron las mismas fuentes municipales. En todo caso, el consistorio dio por zanjado el asunto con la dimisión del entonces gerente del IMSST.