El laberinto para renovar el contrato de la basura cuesta cada año un parking Jaume I a los ciudadanos de Tarragona. Según los cálculos que se detallan en el presupuesto municipal, el gasto en limpieza pública llegará este 2024 hasta un total de 28,7 millones o, lo que es lo mismo, el endeudamiento que ha supuesto el desastre del no aparcamiento de la Part Alta, que nunca ha entrado ni en funcionamiento.
Se trata del mayor gasto que tiene este año la administración municipal, por encima de los 22 millones de Serveis Socials, los 19,1 de Seguretat Ciutadana, los 17,7 de transporte público o los 14 del Medi Ambient y conservación del espacio público y jardines
Según los números municipales, que en noviembre fueron aprobados por 20 de los 27 concejales del Saló de Plens, la previsión del consistorio para este 2024 para la limpieza pública asciende hasta los 28,7 millones de euros, incluyendo los 3,3 de los propios inmuebles municipales.
Restando estos 3,3, queda que el gasto en limpieza urbana y la recogida de la basura se prevé en unos 25,4 millones, cuando lo previsto en la renovación de la nueva concesión es de 23 anuales, que serían 26,4 con la limpieza de los edificios del consistorio. En total, pues, un diferencial de 2,4 millones menos de los que se puede pagar a lo largo de este año.
Zonas no previstas
¿A qué se debe esta situación mientras dura la fase de continuidad con la empresa FCC? Desde abril del 2023 el contrato de la basura y de la limpieza se encuentra en situación de continuidad, tras haber caducado el contrato que estaba vigente desde el año 2002.
Ese año, con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía, el consistorio adjudicó a FCC el contrato, que se renovó en 2010 para poder llevar a cabo la inversión en los contenedores soterrados. Esta habilitación finalizó el 23 de abril del 2023, sin que el gobierno municipal pudiera renovarlo. Desde entonces, FCC sigue prestando el servicio en fase de continuidad hasta que la nueva empresa –en principio, Urbaser si es la adjudicataria el próximo mes de julio–pueda cogerle el relevo después de que hace pocos días el tribunal administrativo excluyera a GBI Paprec.
Con un contrato del 2002 renovado en el 2010 «se está prestando un servicio que no cubre las necesidades actuales de la ciudad», indican fuentes municipales. ¿Por qué? Hay varias zonas de la ciudad que no están incluidas en el contrato, ya que en el momento en el que se firmó o no estaban urbanizadas o no se habían recepcionado por parte del Ayuntamiento.
Estos son, por ejemplo, los casos de la urbanización Tamarit, el entorno del Hospital Joan XXIII (desde la calle Doctor Mallafrè hasta la variante de la autovía) y tramos de vía pública catalogadas como zonas privadas de uso público, como son los porches de la calle Merceria y de la Avinguda Catalunya, la zona interbloques y plazas de Sant Salvador y Campclar. Todas estas ubicaciones sí que están previstas en la nueva licitación, como los polígonos, que no tienen un servicio planificado.
Según las fuentes municipales consultadas, estas zonas se limpian, «pero en detrimento del servicio planificado en otras zonas». Por ejemplo, la limpieza de Tamarit «se realiza partiendo del servicio de la limpieza de la Móra, de forma que la Móra se queda con menos servicio del previsto», afirman las fuentes. En este caso no hay sobrecoste, pero sí que supone una reducción del servicio que se presta en las zonas que deben repartirse el trabajo.
Precios a la realidad de hoy
En la fase de continuidad en la que se encuentra el contrato tarraconense se aplican los precios del contrato revisados, actualizando los precios a la realidad económica de hoy. Por ello, se aplica el coste en combustible o los sueldos de los trabajadores en base al contrato inicial.
Esto sí, lo que no paga el consistorio es la amortización de las inversiones que realiza la empresa adjudicataria en maquinaria. Sin embargo, la situación en la que se encuentra el proceso impide que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo un gasto importante en nuevos vehículos de la limpieza y de la basura. De hecho, todavía se usan 81 coches que en 2021 «ya habían expirado su vida útil».
¿Qué supone esto? Pues más averías que implican que el servicio que se está prestando siga sin responder a los criterios de calidad que necesita una capital como Tarragona.
