La tramitación del nuevo contrato de la basura de Tarragona llegará a los juzgados. Tres días después de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic descalificara del proceso a la ganadora del concurso público, GBI Paprec, ayer el gobierno municipal liderado por el alcalde Rubén Viñuales (PSC) anunció que, en el pleno del próximo 21 de junio, propondrá otorgar el servicio a la segunda clasificada: Urbaser. El objetivo es que la adjudicación formal pueda ser en julio.
Esta decisión fue criticada de manera contundente por el principal partido de la oposición, ERC, que apunta a una «posible prevaricación» en la decisión. «No se entiende que se adjudique el contrato a una empresa a la que el propio tribunal apunta que también incumple requisitos obligatorios. Es una decisión injusta tomada a conciencia», indica la portavoz de Esquerra en la Plaça de la Font, Maria Roig.
Asimismo, la propuesta de adjudicación a Urbaser comportará que, como mínimo, una de las ofertantes –FCC– presente un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat), al considerar que la resolución de la pasada semana del tribunal administrativo «dejó claro que Urbaser también incumplió el pliego de condiciones», explican fuentes de la empresa que gestiona el actual contrato, adjudicado en 2002, y que en esta ocasión ha quedado en tercer lugar tras GBI Paprec y Urbaser, por delante de Valoriza.
Dos vías en paralelo
La presentación de este recurso, con toda probabilidad, no paralizará la ejecución del contrato, si bien sí que tendrá una tramitación judicial que no se resolverá hasta dentro de, como mínimo, dos años. Lo que sí que podría paralizar la nueva contrata será el recurso que FCC presentará ante el tribunal administrativo cuando el Ayuntamiento adjudique a Urbaser. Se trata del organismo que la pasada semana excluyó a Paprec. Serán dos vías en paralelo.
Precisamente, la firma eliminada se encuentra en fase de «análisis» de la resolución que la dejó fuera del proceso en el que se impuso el pasado mes de enero. Según el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, la compañía presentó variables del pliego de condiciones «que no estaban permitidas» en las exigencias municipales, como fue el caso del taller.
Según las bases, la adjudicataria debía poner a disposición del contrato de Tarragona un taller de mantenimiento y reparación propio, pero la oferta de GBI Paprec preveía externalizarlo a servicios oficiales. Por ello, en su resolución, el tribunal administrativo optó por excluir a la oferta gala, que ahora también podría recurrir la decisión ante el TSJCat.
¿Vía administrativa agotada?
El ejecutivo de la Plaça de la Font da ahora un nuevo paso para intentar resolver el laberinto jurídico-administrativo en el que se encuentra la renovación del mayor contrato municipal, que asciende a un global de 233 millones de euros de cara a los diez próximos años.
De hecho, el consistorio tarraconense mostró ayer su «satisfacción» por la resolución del tribunal administrativo porque, por una parte, desestima el recurso interpuesto por FCC –que pedía reiniciar toda la licitación–, y estima, asimismo, el de Urbaser, que únicamente solicitaba descalificar a la vencedora.
«Estamos satisfechos porque estas dos resoluciones nos permiten desencallar el contrato», indicó ayer la concejal de Contractació, Isabel Mascaró (PSC), quien detalló que «ejecutaremos la resolución del tribunal porque estamos obligados a hacerlo». Asimismo, la edil destaca que la resolución del viernes «agota la vía administrativa y nos permite avanzar en el nuevo contrato», lo que «posibilita realizar el cambio de servicio y de maquinaria, tan necesaria para la limpieza de la ciudad, detalla Mascaró.
En este punto, FCC discrepa del posicionamiento municipal de que se «agota la vía administrativa» y anuncia un nuevo recurso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic cuando se adjudique a Urbaser, lo que podría paralizar dos o tres meses la tramitación.
El informe jurídico, pendiente
Tras el informe de la pasada semana del tribunal administrativo en el que este calificaba la gestión de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Tarragona como de «no ajustada a derecho», ayer se llevó a cabo una cumbre técnica entre los responsables del concurso público: funcionarios de Intervenció, Secretaria General, Contractació i Neteja Pública. De hecho, los técnicos están ultimando la redacción de un informe jurídico, que esperan que esté listo «esta semana».
«Discrepamos del tribunal porque la Mesa en todo momento ha respetado los requisitos del pliego y ha hecho una interpretación ajustada a derecho», afirmó ayer Mascaró mediante una nota de prensa.
En su resolución, el tribunal dio un fuerte tirón de orejas a los técnicos municipales, criticando que su gestión y «modo de operar» en la tramitación para adjudicar el mayor contrato de la historia de la administración de la Plaça de la Font «no se ajustó a derecho», debido a que se aceptaron propuestas con «variantes» que, según el pliego de condiciones elaborado por los propios técnicos de la Plaça de la Font, «no estaban permitidas». Por ello, el tribunal cree que debían excluirse las propuestas.
Según el tribunal administrativo, toda esta actuación por parte de los altos responsables municipales derivó en un «análisis técnico discrecional» que «vulneró las previsiones del pliego», afectando «a todo un conjunto de prescripciones técnicas con un peso global relevante en la confección de las ofertas y su posterior valoración».
Mascaró también valoró como una «buena noticia» la desestimación del recurso de FCC, ya que «reafirma que el proceso seguido por el Ayuntamiento y el criterio de los técnicos municipales», afirmando que compañía «no acreditó» las quejas.
«Tarragona está sucia»
En el ámbito político, Maria Mercè Martorell (PP) critica que «llevamos un año perdido por la incompetencia del gobierno municipal». Por ello, la edil conservadora «exige» que «el alcalde haga su trabajo y que Tarragona deje de estar más sucia que nunca».
Jordi Collado (ECP) se mostró también muy duro con el ejecutivo de la Plaça de la Font. «Anunciar la decisión sin tener un informe jurídico sobre la mesa y, sobre todo, sin tener un espacio donde construir una mayoría suficiente para llevarlo adelante nos parece un error», indica el edil progresista, quien avisa que «estamos en un cruce sin camino de vuelta en cuanto a responsabilidades jurídicas, y hay que ver si este es el punto de inflexión que nos pide volver a empezar», por lo que exige una junta de portavoces urgente.
Finalmente, Jordi Sendra (Junts) considera que «debe acatarse la resolución» y que «Tarragona está sucia, no puede haber más dilaciones» para encontrar una solución en un tema que cada día se complica un poco más.