«La encuesta realizada por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en mayo de 2021 muestra que el 42% de los ciudadanos considera mala la situación política en Catalunya, y el 44%, muy mala. Asimismo, el 50,4% de la población se considera poco satisfecho con el funcionamiento de la democracia, y el 30%, nada satisfecho.
Del mismo modo, el barómetro de 2020 dice que el 65% de los encuestados piensa que en Catalunya hay mucha o bastante corrupción; el 80% considera que las relaciones de los cargos públicos con grupos de interés son poco transparentes y un 40% cree que la administración no da información porque tiene cosas que ocultar. Son cifras devastadoras, muy preocupantes».
Sílvia Carmona, doctora en Derecho por la URV y con un máster en Estudios Avanzados en Administración y Derecho Público, entre otros cargos, pone sobre la mesa este oscuro panorama para explicar que «hay en la ciudadanía una percepción generalizada de descrédito hacia los políticos, una falta de legitimidad que abre una brecha entre el ámbito del gobierno y el de la ciudadanía que afecta a la credibilidad del sistema y que en gran medida explica la enorme desafección ciudadana hacia la política».
«Estamos, pues –continúa Sílvia Carmona–, en un momento clave en el que los políticos están obligados a recuperar la confianza perdida en unos tiempos nuevos en los que el ciudadano siente que tiene la capacidad para participar en la toma de decisiones y que los poderes públicos no responden a sus necesidades».
Ante esta situación, Carmona asegura que la regeneración democrática y el buen gobierno son necesidades de una sociedad moderna, transparente y democrática que debe poner la integridad como principio rector de la acción pública. Los ciudadanos exigen una revisión de las instituciones y un esfuerzo de transparencia que requiere voluntad y compromiso».
El ciudadano, en el centro
Y el paradigma del gobierno abierto, tan demandado por todos los expertos que han colaborado en esta serie, vuelve a salir a la palestra. «Hay que reajustar la dialéctica entre ciudadanos y políticos y adaptar el contrato social, con base en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana para reconstruir la confianza a través de la dimensión ética de la gestión pública. El gobierno abierto debe consolidar una cultura administrativa al servicio de la ciudad para el ciudadano».
Y es que Sílvia Carmona incide en la idea de empoderar al ciudadano y ponerlo en el centro. «El ciudadano quiere y exige actuar en la vida pública. Y los gobernantes tienen que facilitarlo e impulsarlo. Para ello lo primero es la transparencia, pues sin acceso a la información será imposible que haya una sana participación. La información es poder, y la democracia no deja de ser el poder del pueblo, por lo que hay que dar información a los ciudadanos para que luego puedan participar, porque sin participación la democracia está totalmente comprometida», sostiene Sílvia Carmona.
«Y, vinculado a ello, la rendición de cuentas, un puntal del gobierno abierto que permite evaluar cómo se ha gestionado, asumir las consecuencias de las decisiones que se han tomado. E involucrar al ciudadano, cuya participación no puede ser anecdótica, sino que ha de ser un actor clave en la vida pública».
El programa como oportunidad
En este contexto elegiremos a los alcaldes de nuestras ciudades el próximo 28 de mayo. Dicen los expertos que en los criterios racionales –hay otros más viscerales– decisivos en la intención de voto hay tres factores que cobran especial relevancia: el candidato, el partido político y el programa electoral. Nos centraremos en esta ocasión en los programas, que, como dice Sílvia Carmona, «deben ser una herramienta para la legitimación de los gestores públicos, y han de estar diseñados con la ciudadanía a través de conversaciones permanentes, no hechos desde un despacho de espaldas a la gente.
Los aspirantes a alcalde han de conocer qué preocupa a sus ciudadanos, hacer que se sientan partícipes de la toma de decisiones y así luego podrán rendir cuentas. Eso permite a los ciudadanos entender por qué se toma una decisión y no otra».
Claro que hablar de programas electorales –ese marco donde los partidos y candidatos declaran los valores que defienden, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno– en este país es hacerlo de una gran contradicción: la mayor parte de los ciudadanos –el 80%– les otorga una gran importancia y de hecho la mitad lo considera un elemento decisorio en su intención de voto. Pero, sin embargo, menos de la mitad –el 40%– los lee y, para rematar, prácticamente nadie se los cree –casi el 90% de los ciudadanos–. En ello, sin duda, juega un papel decisivo el hecho de que no sean vinculantes y de que los reiterados incumplimientos por parte de los políticos ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos en las promesas electorales.
Y, sin embargo, los programas deberían ser documentos de gran valor. Consciente de ello, la Fundación Transforma España ha realizado un análisis sobre los programas electorales que aporta una visión sobre los elementos que deben ser considerados en su elaboración para incrementar la credibilidad, solvencia, calidad y comprensión de los mismos.
Para llevar a cabo este documento ha contado con la participación de 13 expertos de reconocido prestigio, entre quienes se hallan personalidades tan destacadas en el ámbito de la gestión pública como José Miguel de Elías, quien ha dirigido más de mil estudios electorales y de opinión pública; Daniel Innerarity, doctor y catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Democrática de la Universidad del País Vasco; Ignacio Lago, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular en la Pompeu Frabra; José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política y exsubdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); José Ramón Pin, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y titular de la Cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública en el IESE; Albert Serra, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, o Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política, entre otros.
Cimentado en la opinión de semejante panel de expertos, la Fundación Transforma España ha elaborado un decálogo de los elementos que debería incluir un buen programa electoral en estos tiempos de descrédito en los que los ciudadanos reclaman poder influir en la vida pública y los poderes públicos necesitan recuperar la confianza perdida.
Auditoría y evaluación
Sí, con el crédito por los suelos, los representantes públicos se enfrentan a una percepción social de que los programas electorales incorporan promesas para satisfacer los deseos de los electores sin considerar suficientemente la viabilidad de las mismas, lo que les resta credibilidad.
¿Se puede revertir esta situación de alguna forma? El 80% de los ciudadanos encuestados en el marco del estudio de la Fundación Transforma España afirma que los programas electorales deberían ser auditados por entidades independientes. «La evaluación por parte de organizaciones independientes del coste que supondría las medidas propuestas por los diferentes partidos políticos contribuye a la transparencia y credibilidad de los proyectos de gobierno», sostiene Jaime Castellano.
Y esto, que en este país parece una lejana utopía, es una práctica que se está cobrando fuerza cada vez más entre los países de la OCDE. Quizá el paradigma sea lo que sucede en los Países Bajos con la Oficina para Análisis de Política Económica (CPB). Se trata de un organismo público independiente que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y que, antes de la celebración de elecciones, elabora una publicación –CharteredChoices– en la que se analiza la viabilidad económica de las diferentes medidas que incluyen los programas electorales.
Para poder elaborar su estudio (realizan un análisis exhaustivo de los ingresos e impactos económicos de las medidas que incluyen los programas electorales), los partidos políticos holandeses le remiten voluntariamente toda la información que necesitan.
El análisis de la Oficina Holandesa juega un doble papel muy relevante: antes de las urnas, evita que los partidos políticos caigan en la tentación de incluir entre sus promesas electorales propuestas irrealizables, y, después de las urnas, sirve de base para las negociaciones de los partidos de cara a formar una coalición de gobierno. Este organismo desempeña este papel clave porque ciudadanos, partidos políticos y los propios medios de comunicación reconocen su independencia y su elevado nivel de especialización.
«Sí, los programas electorales también deberían estar sujetos a los principios básicos del gobierno abierto, tales como transparencia, participación, colaboración ciudadana y rendición de cuentas, todo con una dimensión ética de la vida pública. Solo así podrán los poderes públicos recuperar el prestigio perdido. La oportunidad está en sus manos», resume Sílvia Carmona.
Un decálogo muy a tener en cuenta
Tras recoger las aportaciones de 13 expertos de reconocido prestigio, la Fundación Transforma España ha elaborado un decálogo de los principios que deben regir un programa electoral en un contexto de descrédito general hacia la política para que se convierta en una herramienta relevante y válida de generación de confianza. Estos son los principales puntos.
1 Visión ideológica. Debe explicar de forma clara, concisa y sencilla los principios y valores con que el partido afronta prioridades como empleo, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, urbanismo..., para que el ciudadano visualice la estrategia de gobierno a corto, medio y largo plazo.
2 Guía realista orientada a
la acción de gobierno. Ha de contener las medidas propuestas con información suficiente para que la ciudadanía valore la adecuación, viabilidad y credibilidad de las mismas.
3 Cuantificación económica. Debe contener la estimación del coste económico de las medidas y las vías de financiación para llevarlas a cabo, lo que garantizaría su ejecución.
4 Incorporación de la agenda legislativa. Debería identificar y explicar las principales reformas legales que son necesarias par implementar las medidas en él contenidas.
5 Código de conducta ética. Debería incluir los principios del código ético del partido y de funcionamiento interno, que recojan los compromisos éticos de transparencia, honestidad y lucha contra la corrupción, así como definir los mecanismos de control y los protocolos que se van a utilizar en el momento en que aparezcan irregularidades. Esto contribuirá a aumentar la confianza ciudadana en las personas que ocupan los cargos públicos.
6 Estructura y gestión del gobierno. El programa debería explicar las propuestas sobre organización institucional y de la estructura de gestión del gobierno, así como la estrategia de selección y requisitos de los cargos públicos en función política –asesores–. El conocimiento de esta materia permitirá evaluar la calidad del perfil de los representantes públicos y puede contribuir a legitimar la solidez de planteamientos y propuestas en términos de solvencia para su ejecución.
7 Rendición de cuentas. Debe proponer los mecanismos concretos que se van a utilizar para evaluar el grado de cumplimiento. Los programas deberían ser evaluados de forma periódica para medir su aplicación real. Es recomendable que esta labor la lleven a cabo expertos reconocidos e independientes. Y esta evaluación debe ser accesible para los ciudadanos a través de diferentes canales.
8 Participación ciudadana. El programa debería estar abierto a la participación de la sociedad en su fase de elaboración, garantizando la escucha de los diferentes sectores sociales. El contenido de los programas debería ser entendido como un proceso de inteligencia colectiva que surge del contraste de ideas entre el partido político y la sociedad civil organizada y de expertos sectoriales. Este proceso debe estar planificado con el tiempo y recursos suficientes para garantizar la deliberación e intercambio de ideas y asegurar que estas se vean reflejadas en el programa.
9 Accesible y comprensible. El programa debería contemplar diferentes formatos y canales para hacerlo accesible y comprensible para los diferentes colectivos de la sociedad. La información podría presentarse de forma dinámica en diferentes niveles de detalle y complejidad, con diferentes lenguajes y a través de diferentes medios y canales.
10 Difusión. La comunicación es un elemento crítico porque permite a la ciudadanía conocer las medidas contenidas en el programa y contrastar las propuestas de los diferentes partidos, una información imprescindible para formar su voto.