El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha incluido la creación de un nuevo juzgado de lo social (sería el cuarto) en la ciudad de Tarragona en la lista de los 70 que considera «imprescindible» poner en marcha en las Comunidades Autónomas a lo largo de este año. En la misma lista también se menciona «un juzgado de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Rubí o un juzgado de lo social en el partido judicial de Reus».
El CGPJ elabora la lista en base a los informes recibidos de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, en la que se estimaban en 176 las unidades judiciales que se deberían crear en todo el Estado (de hecho, la Audiencia Provincial en su informe pedía la creación de cuatro nuevos juzgados en la demarcación). La cifra se reduce a 70 porque ese el número de órganos que el Ministerio de Justicia tiene previsto para este año.
Saturados desde la pandemia
Teniendo en cuenta que los juzgados de lo social son los encargados de resolver las demandas que tienen que ver con la conflictividad laboral (de despidos a ERTES) así como los asuntos relacionados con la Seguridad Social, no es de extrañar que el volumen de asuntos que atienden haya aumentado considerablemente con la pandemia.
De hecho, en 2021 los asuntos que ingresaron en los juzgados de lo social de la ciudad aumentaron en un 17,7% en el juzgado número 1 respecto al año anterior, un 19,3% en el número 2 y un 14,8% en el número 3.
Pero lo que da una dimensión más clara de la saturación es el número de asuntos que recibieron por encima de la carga de trabajo estipulada para cada juzgado. En el de lo social Nº 1 ingresaron el año pasado un 69,13% más de asuntos; en el Nº 2, el 67,50%, y en el 3, el 82,2% más. Además, en el de Reus fueron 82,25% más.
Pese a todo, el año pasado aumentó el número de asuntos resueltos y bajó el tiempo de resolución. No obstante, el tiempo estimado de respuesta va desde los 11,3 meses en el juzgado número 1 a los 15,1 meses en el 3.
Temor a más dispersión
Desde el sindicato UGT mostraban ayer su preocupación por el hecho de que la creación del nuevo juzgado implique un aumento en la dispersión de sedes judiciales en la ciudad.
Recuerdan que «actualmente los juzgados de Tarragona capital están repartidos en ocho puntos diferentes de la ciudad, la gran mayoría a base de alquileres que comportan un gasto mensual muy elevado, problemas de barreras arquitectónicas y desorientación a los usuarios».
Jordi Giménez, Responsable del sindicat de Justícia de la UGT de Catalunya, opina que la situación de saturación en que se encuentran las ocho sedes actuales hace imposible la instalación de un nuevo juzgado en ninguna de ellas, por lo que considera que será inevitable contar con una novena sede.
La decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona - ICAT, Estela Martín, considera, no obstante, que no hay que perder de vista que la creación de este tribunal es una buena noticia para los ciudadanos. Cree que si hay que poner una balanza entre que haya más dispersión o que se acorten los plazos de resolución opta, sin duda, por lo segundo.
Apunta que este nuevo juzgado es, en realidad, la consolidación de un juzgado de refuerzo que ya existe. Eso sí, crear el nuevo juzgado implicará la contratación de más personal y la decana también ve difícil que tengan sitio en la sede de la Av. Roma, 21. Por ello espera que, si se busca un nuevo local, se prefiera uno cercano a los ya existentes.
Considera, no obstante, que no hay que dejar de reivindicar que Tarragona cuente con la Ciutat de la Justícia que reclama desde hace años.
En enero la Consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, anunció que se invertirán 70 millones de euros para la construcción de la misma en el entorno del Hospital Joan XXIII. Las obras se iniciarían finales de 2023 y la puesta en marcha sería en 2026.