El alcalde Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, tendrá que declarar como investigado -antes imputado- el próximo 26 de enero en los Juzgados de Tarragona por el Caso Inipro. Así se recoge en un auto firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea Francés, y comunicado en la mañana de hoy viernes a los diferentes investigados. En la lista figuran un total de once personas, entre ellas el exgerente del Institut Municipal de Serveis Socials (INSS), Antonio Muñoz, la exconcejal de Serveis Socials, Victòria Pelegrín, los administradores de las tres empresas que el Ayuntamiento ‘invitó’ a que se presentaran a concurso y trabajadores de Inipro contratados tras adjudicarse el concurso. Los hechos investigados podrían constituir inicialmente cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y alteración de precios en subastas públicas. También declararán, aunque en este caso como testigos, seis personas, trabajadores del IMSS. Paralelamente, el juez ha pedido tanto al Ayuntamiento como a Inipro la relación de los trabajos realizados por dicha empresa entre 2010 y 2012.
El auto judicial, de siete páginas, ha sido notificado esta mañana a los implicados. En él se recuerda que una vez adjudicado el contrato a la empresa Inipro, por valor de 61.011,60 euros, en principio debía finalizar el 31 de diciembre de 2010. En las condiciones de contratación se especificaba la imposibilidad de prorrogarlo. A pesar de ello, recalca el magistrado, la relación económica entre el IMSS y la empresa se prorrogó durante 21 meses más, “careciendo de soporte contractual, abonándose una cantidad de 215.145,77 euros adicional a la inicialmente pactada”.
Sería en estos 21 meses cuando el pago de las cantidades se efectuaba mediante resolución del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, “quien a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad, autorizó los diferentes pagos a fin de evitar, según aparece en la documentación aprehendida en la entrada y registro, que se produjera un enriquecimiento injusto de la Administración”. Por todo ello, el juez instructor considera conveniente citarlo a declarar para que explique la razón por la que se acordó que se efectuaran estos pasos a Inipro “pese a las siete advertencias de ilegalidad que expresamente le realizaron, sin que hubiera corregido de alguna manera la situación irregular ni adoptado medida alguna para la subsanación”.
El magistrado ve indicios de “criminalidad” en la actuación del alcalde. Y ello en base a las sospechas sobre la necesidad del servicio contratado, el direccionamiento de la adjudicación a una empresa en concreto, la exclusión de cualquier otro competidor, la vinculación entre las empresa invitadas y la presunta contrapartida que desde la Administración se podría haber obtenido a cambio de otorgar el contrato a Inipro. En este sentido, el juez quiere saber por qué Ballesteros “no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad”.
De la información subministrada por la Agencia Tributaria se supo que durante tres años hubo una relación económica entre el Ayuntamiento e Inipro, que en el 2010 era de 61.011,58 euros, que pasaron a ser 93.540,12 en 2011 y de 104.293,92 en el 2012. De la información de la Agencia Tributaria se comprobó que en este último año existía un desajuste contable entre la cantidad declarada por el IMSS -121.569,60- y la de Inipro -104.293,92-.
¿Había necesidad?
De un primer análisis se desprendieron indicios de un contrato de adjudicación que se habría producido de una forma irregular, atendida la aparente ausencia de necesidad del servicio contratado, la falta de prestación de la actividad contratada y la irregular forma de adjudicación del servicio en cuyo concurso fueron invitadas tres empresas con estrechos vínculos entre sí: Iniciatives i Programes (Inipro), Itinere Serveis Educatius SL y Gallet –aunque esta finalmente no presentó oferta-. Por ello, se ha citado como investigados a los tres administradores de las empresas: Ricardo José Campàs, Enrique Manuel Miró y José Gallet, respectivamente,
Del estudio del expediente de adjudicaciones el magistrado ha comprobado que “existen sólidos indicios” de que las propuestas efectuadas por las empresas pudieron ser efectuadas por la misma persona, “con lo que se pondría de manifiesto el carácter presuntamente fraudulento del concurso, e incluso que las ofertas se podrían haber realizado antes de que se procediera a la invitación de las empresas al concurso negociado sin publicidad, extremo que avalaría la voluntad fraudulenta de sus promotores”. Este “direccionamiento” de la contratación levanta muchas sospechas e incógnitas al magistrado: “Me resulta difícil no sospechar que quienes perseguían que fuera precisamente una empresa y no otra la que se llevase el contrato no pretendiesen obtener alguna contraprestación”, como apuntan los indicios obtenidos durante la investigación policial.
El magistrado se viene a preguntar si realmente era necesario contratar a dicha empresa para realizar unos trabajos -que pone en duda que se hayan efectuado- en plena crisis económica para fomentar el asociacionismo entre los recién llegados a la ciudad de Tarragona para mejorar sus mecanismos de integración. En el momento de realizar la licitación el IMSS contaba con unos 120 trabajadores. Tenía una unidad técnica especialmente dedicada a la inmigración, “con capacidad para hacer frente al objetivo reseñado”.
En el auto se recuerda que entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2010 la población extranjera había crecido en 79 personas, “cantidad sensiblemente inferior al incremento de población extranjera que se había producido en años anteriores, en los que la media oscilaba entre 2.500 y 4.000 personas. Pero es más, durante los años en los que se acordó prorrogar el contrato la población extranjera decreció, concretamente en 1.303 personas entre 2010 y 2011.
Además del descenso de la población extranjera, el magistrado constató el escaso índice de asociaciones entre los ciudadanos llegado a Tarragona en el periodo en el que el contrato estuvo en marcha. Así, de las quince asociaciones de inmigrantes existentes en la actualidad en la ciudad, doce de ellas ya existían en el momento de licitarse el contrato, habiéndose registrado sólo dos nuevas durante todo el periodo en que se prorrogó el contrato con Inipro.
El auto recuerda que fue la presidenta delegada del IMSS quien aprobó el pliego de condiciones administrativas para la adjudicación del contrato, eligiéndose el sistema de adjudicación negociada sin publicidad, en el que se cursaron invitación a las tres empresas mencionadas, una elección de candidatos que corrió a cargo del entonces gerente, Antonio Muñoz.
Por su parte, Alejandro Caballero es una persona vinculada al PSC y quien presentaba las facturas de Inipro al gerente del IMSS, quien fue dado de alta en la empresa incluso antes de la adjudicación del contrato. Él fue el encargado de buscar a varios de los empleados que posteriormente acabaron trabajando, “si bien en las manifestaciones –de los empleados- se observan contradicciones evidentes acerca de la actividad que desempeñaba el Sr. Caballero, si es que llegó a trabajar para el cometido para el que fue contratada la empresa Inipro”, sentencia el auto. Por ello, dichos cuatro de los empleados también declararán en calidad de investigados.