Los trabajadores tarraconenses apenas gozan de protección frente a la brutal escalada de precios, que ayer sumó un nuevo récord en la provincia, con un encarecimiento del 10,5% en el IPC de marzo, según el balance publicado por el INE. Los salarios protegidos por convenios con cláusulas de revisión son una minoría. Solo 51.000 del total de 250.000 asalariados en la provincia (el 20%) estaban englobados en convenios renovados o vigentes a finales de 2021, ya fueran de empresa o de sector. Esos pactos suelen incluir cláusulas de revisión más o menos sujetas a la deriva de la inflación.
Pero la situación real podría ser peor porque la cifra actual sería todavía menor. Según los datos del Ministerio de Trabajo del mes de marzo, hay vigentes 28 convenios que incluyen a 4.115 empresas en la provincia. En ese colectivo, el golpe de la subida no debería ser tan duro. Según las cifras de 2022, hay 15.376 trabajadores del total de 250.000 asalariados en la provincia que sí están pudiendo abrir la puerta este año a una revisión salarial que intente paliar, al menos en parte, el IPC.
Igualmente, ese colectivo también perderá dinero: los salarios bajo convenio en Tarragona han crecido un 1,67% en lo que va de año, una cifra muy escasa, que apenas es una quinta parte de lo que ha subido el coste de la vida.
Un desfase por la espiral
Aún más desamparados quedan el resto, unos 200.000 tarraconenses, aproximadamente el 80% de los asalariados, con sus sueldos congelados o muy pocas posibilidades de una revisión al alza. Pueden incluirse ahí también personas cuyos convenios, solo en unos pocos meses, hayan quedado desactualizados y desfasados por la espiral sin freno de la subida de precios.
Quedan expuestos, por tanto, a una pérdida de poder adquisitivo más intensa que ya están padeciendo, como el resto de la sociedad, sumida en el empobrecimiento. «Son poquísimos los trabajadores con convenios, así que por la actualización del IPC van a perder poder adquisitivo. Durante los últimos años esto se mantenía estable y en previsión de un desvío se incluían cláusulas de revisión salarial. Ahora se está negociando el acuerdo de negociación colectiva a nivel estatal, para establecer unos mínimos, y tenemos que ver cómo eso sirve para enmarcarse en futuros convenios», expone Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona. Llort habla de una «devaluación encubierta», incluso en aquellos puestos que sí pueden gozar de una revisión. «También hay topes marcados, por ejemplo, del 2,5%, y eso queda muy lejos de la actual inflación. Y teniendo en cuenta siempre el mejor de los casos. Puede haber algún convenio ligado al IPC pero es muy minoritario, siempre suele haber topes», aclara Llort.
Los sindicatos entienden que un incremento a esos niveles es imposible para las empresas pero sí piden algún tipo de control al alza para contener la pérdida de un poder de compra que sigue golpeando a cada mes que pasa. Si se tiene en cuenta que el salario medio en Tarragona es de 20.352 euros brutos anuales, según datos de Hacienda, el mordisco se va más allá de los 1.600 euros, si los niveles actuales de inflación superiores al 8% se mantuvieran durante todo el año.
Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona, cree que «con este IPC las personas no van a poder subsistir y, ante los pocos convenios que hay, pedimos revisiones salariales». Puig cree conveniente una revisión «al menos cada seis meses o incluso cada tres» e incluso que vaya más allá del debate de los convenios: «En todo el mundo podrás encontrar un convenio en el que se abra la puerta a una aplicación»-
«Si no estás indexado, sufres la inflación, que es algo que sucede si no estás bajo convenio laboral. Hasta hace un tiempo las expectativas de inflación no existían, así que las empresas no tenían demasiado problemas en poder vincular el alza del IPC, pero muchas también preferían ser cautas», explica Rafael Muñoz, economista del gabinete de estudios de la CEPTA. El debate sobre hasta qué punto subir los sueldos se vuelve espinoso. «Las empresas no van a ceder, porque ya están padeciendo, es una espiral. No tienen margen. Si te aprietan por la cuestión impositiva o por la obligación de hacer contratos indefinidos, ahora lo que necesita el tejido empresarial es flexibilidad para adaptarse», cuenta Muñoz, que alerta de los riesgos: «Si ahora actualizas los salarios, ¿qué pasará si la empresa no puede trasladar esos aumentos a los precios? Solo aquellas con un mercado muy estable y que puedan trasladar esos costes lo podrán hacer». Muñoz, como otros expertos, advierten de los riesgos de caer en una espiral inflacionista.
En el otro extremo, los sindicatos abogan por la defensa a ultranza de ese poder adquisitivo del empleado, como indica Mercè Puig: «Los empresarios pueden argumentar que están sujetos a la subida de la luz, a los carburantes... Quizás hay empresas que no tienen los beneficios de 2019, pero no afrontan tantas pérdidas como para cerrar en el caso de que se apliquen esas subidas. Aún tienen beneficios y margen para poder asumir esos incrementos». Puig también defiende la conveniencia de aumentar las ayudas sociales. CCOO habla de una «situación de vulnerabilidad que está vaciando el ahorro embalsado» a lo largo de la pandemia, una situación que «afecta especialmente a las rentas más bajas».
Los precios confirmaron ayer su enloquecida progresión. El 10,5% inédito de incremento recoge de lleno el impacto de la guerra de Ucrania, sobre todo porque la electricidad y la energía –ahí se incluyen desde el gas hasta los combustibles–, en general, hacen estragos. Los suministros del hogar como el agua, la electricidad o el gas han crecido un 38,4% en un año, según los datos del INE en Tarragona. Pero aún es más escandaloso el encarecimiento del recibo de la luz: se paga un 84,2% más que en 2021, un tormento para los trabajadores y las empresas.