Cuatro de cada diez empleos asalariados generados en Tarragona en el último año fueron del sector público. Entre abril y diciembre, según las diversas Encuestas de Población Activa (EPA), se crearon 13.100 puestos de trabajo en la provincia. El 56%, un total de 7.300, eran del ámbito privado, y un 44%, 5.800, del funcionariado.
El mercado laboral sigue resistiendo mejor de lo esperado ante los envites de la inflación y la incertidumbre económica, y en buena parte es por el impulso de lo público. Esa inercia, de hecho, ha sido fundamental durante los momentos más duros de la pandemia. Entre finales de 2019 y mediados de 2021, un periodo que abarca todo el abordaje de los estragos de la Covid-19 y su impacto socioeconómico, se generaron 14.300 salarios públicos, firmando un aumento del 27%.
Todo ello pasaba mientras los cierres y las durísimas restricciones provocaban la pérdida de 3.900 trabajos en el ámbito privado en las comarcas tarraconenses.
La cadencia, aunque en menor medida, se ha mantenido en los últimos meses, como demuestra otro indicador, en este caso de las afiliaciones de la Seguridad Social. De febrero de 2020 a febrero de 2023, las afiliaciones medias han subido en 4.660 en el ámbito público en Tarragona, aproximadamente una tercera parte del global (15.319), lo que quiere decir que uno de cada tres nuevos asalariados proceden de la función pública.
Otros registros, en este caso del Idescat y también a partir de la EPA, muestran una cierta normalización en 2022 tras el repunte excepcional entre 2019 y 2021, marcado en líneas generales por la lucha desesperada contra la emergencia sanitaria.
La población asalariada en lo privado bajó en 3.300 personas en la provincia mientras en la pública creció en 8.300. «El sector público ha ayudado a que el empleo no caiga en picado, por los refuerzos que se hicieron en plantillas del SEPE o de la sanidad, pero luego ese refuerzo se ha ido, en muchos casos no se ha mantenido», explica Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona.
Estabilizar los puestos
Los sindicatos festejan esta apuesta por el apoyo a la administración, sobre todo porque, al menos en parte, ayuda a contrarrestar la parálisis y los recortes generados por el anterior ciclo de crisis. «El sector público ha hecho un gran esfuerzo para mantener el servicio. Si se han cubierto las plazas en los últimos años ha sido con personas interinas, ahora empiezan a salir los concursos para estabilizar lugares de trabajo», explica Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona.
Llort reclama «que no se pierdan los puestos de trabajo creados durante la pandemia y que los anteriores que se habían perdido se recuperen», porque «se necesita dar atención al ciudadano, un servicio directo y presencial, ya que muchas ayudas sociales no sea han pedido porque el acceso es complicado». Puig, desde CCOO, indica que «aún falta mucho, porque volvemos a tener plantillas con servicios mínimos que hay que reforzar, necesitamos cubrir las jubilaciones y que los empleados tengan relevo, empezando por la sanidad, donde si queremos agilizar los trámites y reducir las listas de espera necesitamos refuerzos de personal».
En los últimos tres años, el 66% de los puestos públicos generados en lo público han sido de mujeres, según los balances de la Seguridad Social. Esa misma estadística indica que la Generalitat fue la administración que más incrementó las plantillas en la provincia. De febrero de 2020 al de este 2023, el Estado pasó de 3.023 efectivos a 3.161, la comunidad autónoma de 22.111 a 28.481, mientras que las corporaciones locales descendieron de 19.860 a 18.013.
Quien observa de primera mano toda esta dinámica laboral es Andreu Antolín, director del centro de formación Aula Magna, en Tarragona. Para entender el momento actual, hay que retroceder más de una década: «Desde 2012 en adelante no se convocó prácticamente nada debido a la anterior crisis. Luego se empezaron a dar algunos pasos. En 2017 la Generalitat convocó una oferta muy generosa de plazas. Tenía tres años para cumplirla pero llegó la pandemia y eso provocó un freno administrativo».
El máximo responsable de esta academia e instituto apunta también a otra tendencia en alza: «Ha influido el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la UE, que ha alertado del porcentaje elevado de interinos que hay en muchas administraciones. Así que a través de concursos de méritos se están consolidando plazas», cuenta Antolín, que resume: «Estamos en un año exitoso para los opositores. Han salido plazas de Bombers, Mossos d’Esquadra o agentes rurales. Tenemos las aulas llenas y hay una ventaja importante. La persona que oposita se puede repartir más por varios puestos a los que aspira con un mismo perfil».
Un boom para este año
El boom se va a perpetuar, pues, durante estos próximos meses. La Generalitat prevé sacar a oposición 14.028 plazas durante este año. Se trata de la oferta más grande de generación de empleo público en la última década. Serán puestos de nuevo ingreso.
El grueso de ellos, 6.211, van para el ámbito sanitario. Junto con los cuerpos docentes (3.988) y el personal de administración y servicios (2.491), configuran el 90% de la remesa de plazas. A esa relación hay que añadir 893 empleos en Mossos, 279 en Bombers o 100 para agentes rurales. Con ello el Govern pretende reducir por debajo del 8% la temporalidad en el sector público.
No todas las visiones son positivas al respecto. «Realmente el mercado laboral no está yendo bien, entre el maquillaje de los fijos discontinuos y el hecho de que el sector público no ha parado de incrementar el número de empleados», indica Juan Gallardo, economista y jefe del gabinete de estudios de la Cepta.
Las reglas de gasto de la UE
Gallardo añade que «no veo sostenible en el tiempo esta situación, que se mantiene a base de una presión fiscal creciente y con un país en un desequilibrio fiscal muy grande. Tienes una deuda en torno al 120% y no paras de incrementar la nómina pública de una forma brutal». Este economista alerta de que en España «en algún momento tendrá que haber algún tipo de recortes porque la situación es insostenible».
«Nos podemos seguir haciendo trampas pero todo apunta a que la Unión Europea en 2024 va a volver a las reglas previas a la pandemia. ¿Y entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer?», se pregunta Gallardo desde la Cepta. El experto añade: «El déficit público ahora supera el 5% y para bajarlo otra vez al 3% tendrías que hacer un calendario de recortes, y eso es complicado».