«Siento mucha impotencia. Estoy operada del corazón y esta situación me está creando mucha angustia. Todo esto hace que se empeore mi estado de salud», reconoce Sole Tortajada. Esta vecina de 50 años de Calafell, administrativa en centros educativos de Valls y Bellvei, lleva trabajando en el sector público desde 2003 y precisamente en el momento en que iba a poder consolidar su plaza y ser fija le puede pasar todo lo contrario: «Tengo mucho miedo de que en un concurso de méritos no me cuenten los 19 años de experiencia y me quede fuera. No solo es que no estabilicen mi plaza, sino que me quede sin trabajo porque otras personas con menos años pasen por delante».
Ella es uno de los 4.000 afectados en Catalunya, cientos de ellos en Tarragona, que ven peligrar su trabajo. Unos 31.000 participantes tomaron parte en el concurso de méritos que debía estabilizar sus puestos, después de décadas trabajando en la administración como interinos. «Era un momento decisivo para mí, llevo muchos años esperando para conseguir estabilidad y saber que tienes trabajo para toda la vida», aclara Tortajada.
Quedarse sin puntos
El colectivo de empleados denuncia que un sistema complejo, con errores informáticos y confuso, les llevó a inscribirse en categorías incorrectas, lo que ahora les abre la puerta a perder los puntos de experiencia y, por tanto, su trabajo. «No he podido irme de vacaciones, porque anímicamente no tengo ganas de nada. Llevo en el mismo puesto 14 años y 22 en la administración, no me he podido presentar a unas oposiciones de subalterno en 14 años. Estaba esperando mucho este concurso que permite estabilizar a la gente que ha sufrido tanto tiempo un abuso de la temporalidad», expone María Teresa Lorenzo, subalterna en educación en Valls.
Se inscribieron en categorías incorrectas y perdieron los puntos de sus años de experiencia
¿Pero qué ha sucedido? «A muchos les costó entrar en la convocatoria, los desplegables de la página no les llevaban a la categoría que correspondía, mucha gente no encontraba su categoría en la de funcionarios y sí en los laborales», cuenta Lorenzo.
Eso mismo le ocurrió a ella. «Yo me fui a otra lista. No encontraba mi categoría en funcionarios, como me correspondía, y sí en la de laboral, pero allí no contabilizan los años, los méritos no cuentan», dice. A Sole Tortajada le ocurrió lo mismo: «En laboral vi que estaba mi categoría pero no en funcionario. Somos muchos los que nos hemos equivocado. Y parece que no hayamos sabido hacerlo, cuando nosotros estamos haciendo todo el día preinscripciones, manejándonos con todo tipo de aplicaciones. Algo se ha hecho mal cuando hay tanta gente afectada, que por un error puede tirar 20 años de carera por la borda».
Solo en el departamento de educación, hay 1.100 afectados en Catalunya, según el sindicato CATAC-CTS. Grupos en Facebook o WhatsApp bullen estos días y acumulan centenares de testimonios, que se están articulando, primero, para presentar sus alegaciones. Tampoco ahí ha habido claridad. «El portal no ha funcionado a la hora de hacer recursos, suponemos que porque ha estado colapsado en algunos momentos», denuncia Tortajada. «He hecho un recurso de reposición, otro de alzada, una instancia genérica y una enmienda al proceso de selección», añade Lorenzo.
Todo ello, además, en pleno mes de agosto, sin que muchos de los aspirantes hayan podido reaccionar a tiempo para presentar alegaciones y siempre a contrarreloj. «Ha sido muy difícil contactar con los abogados para que nos guiaran a la hora de poder reclamar», explica Lorenzo, que ofrece algún detalle más sobre la magnitud del problema: «Estoy en un grupo de ocho interinas que estamos preparando oposiciones. De las ocho, cinco teníamos mal la instancia, así que la proporción de gente que se ha equivocado y que tiene en juego el puesto de trabajo es muy amplia. Y además nos hemos movido siempre por el boca a boca, fuera de canales oficiales. Y cuesta que la gente se entere de todo».
«Nadie nos informó»
La falta de información ha jugado en contra. «El personal de administración y servicios es invisible para las direcciones de los centros y para los sindicatos, en ningún momento pasaron por el centro para informarnos del concurso de méritos», cuenta Tortajada.
El proceso servía para poder dar estabilidad a trabajadores que han sido siempre temporales
La tarraconense Lluïsa Jiménez es otra de las afectadas: «Pedí ayuda pero me dijeron que era muy sencillo, así que lo hice yo mismo. No se abría el desplegable de funcionario interino, solo el de laboral, y allí me inscribí, porque no había más opciones». La sorpresa vino al ver las listas. «Vi que no estaba y nos empezamos a poner nerviosos todos. No era un pequeño fallo que te deje más abajo en la lista sino que directamente te saca fuera del concurso y pierdes tu trabajo».
Alegaciones en masa
Jiménez lleva ocho años de interina y trabaja como subalterna en el Institut Comte de Rius. «Yo llevo dos oposiciones hechas y una aprobada. Este proceso era una forma de hacer que la gente que lleva tantos años pueda ser fija».
Jiménez sostiene que «cada día se añaden a los grupos entre 20 y 30 personas» y reclama una solución global a la Generalitat: «Nos han dicho que no se puede corregir. Yo he presentado tres alegaciones. Nosotros nos hemos equivocado, sí, pero ellos también. Que salgan y que digan que ha habido un error y se corregirá, y punto. El proceso no funcionó bien. Somos muchos y llegaremos donde haga falta».
Otro caso es el de Rosa Maria Parra, subalterna en el Institut Mediterrània de El Vendrell. Tiene 50 años, 18 de ellos en la administración: «Cliqué en el enlace correcto, lo rellené todo, pero yo aparecía en el apartado de laboral y no en el de funcionario». Ver luego las listas fue todo un disgusto: «Me salía todo a cero, cuando realmente tengo 60 puntos de mérito porque llevo 18 años. Intentamos reclamar después y ya no nos dejaba modificar nada, hasta que hemos presentado las alegaciones. Estoy muy preocupada porque veo que puedo perder el trabajo, la situación es muy angustiosa».
Derecho de rectificación
El colectivo se queja de que, en un primer momento, tras las consultas al departamento de función pública, les dijeron que el error era de ellos y que no se podía subsanar. Es ahí cuando se empezó a articular una respuesta, en términos de movilización, recursos y escritos individuales a la Direccción General de Funció Pública.
«Consideramos que trabajamos en una administración pública democrática y no en la de una dictadura franquista en la que el derecho de subsanación, enmienda y rectificación no existía», exponen los afectados, que añaden: «La administración se puede equivocar, las personas nos podemos equivocar, de hecho en nuestro trabajo pasa habitualmente que algunas familias se equivocan en preinscripciones, matrículas escolares y otros procedimientos y no les decimos que se apañen ni los minimizarlos, tratamos de ayudarles porque para eso ejercemos de trabajadores públicos».
Ni el mensaje de calma que han recibido de la Generalitat en los últimos días, que admite que solucionará el problema, parece funcionar. «Hasta que no se solucione no estaremos tranquilos. Tengo 52 años, si me echan, ¿dónde voy a encontrar trabajo?», se pregunta María Teresa Lorenzo. Los afectados no descartan movilizarse a través de manifestaciones en las próximas semanas.
Ante las protestas cada vez más numerosas de los interinos afectados, la Generalitat ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. A consulta de este rotativo, la Direcció General de Comunicació del Govern remite a las declaraciones del Secretari d’Administració i Funció Pública, Joan Jaume Oms, en TV-3. El responsable público señaló que «hay tiempo» para resolver el problema y que los afectados pueden estar «tranquilos». Oms dijo que «están todos los mecanismos previstos», que se está verificando toda la información recibida y que «el concurso de méritos se llevará a cabo con los datos reales».
En total, se recibieron 31.370 solicitudes. Está previsto que en septiembre se abra un nuevo periodo de alegaciones. Hasta finales de 2024 la Generalitat pretende que más de 46.800 puestos de trabajo pasen de interinos a fijos.
El colectivo de agraviados valora de forma positiva ese cambio de actitud pero lo juzga insuficiente. «No podemos estar tranquilos hasta que no se arregle el problema por completo», admiten. «A mí el mensaje no me tranquiliza, no me da confianza», sostiene Lluïsa Jiménez. «No estoy más tranquila, no lo estaré hasta que me cambien de lista y se solucione una situación que es injusta y que podría haberse resuelto de otra manera», confiesa Rosa Maria Parra.
Los afectados, además, han pedido a todos los sindicatos presentes en la Generalitat que les «den todo su apoyo, más allá de asesorarnos sobre los recursos a presentar».