El tiempo de espera para obtener una licencia de obras en Tarragona es de 8,8 meses. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), entre el 13 de mayo y el 2 de junio de este ejercicio, la cual recoge los datos aportados por 779 profesionales que trabajan en los principales municipios catalanes.
Según puede comprobarse, Tarragona ocupa el puesto número 10 en la cola, de las 28 ciudades que se han analizado. En la última posición se encuentra Sant Cugat del Vallès, donde el tiempo de espera supera el año. En concreto, es de 12,8 meses, mientras que Olot se encuentra al lado opuesto, con una espera de 2,9 meses. Precisamente, el podio lo completan otras dos ciudades del Camp de Tarragona, como son Reus y Cambrils, con un periodo de tramitación de 3,4 y 3,8 meses respectivamente. A pesar de que la diferencia es significativa tan solo Olot está cerca de lo que establece el reglament de obras, actividades y servicios de los entes locales, según el cual las licencias de obras deben resolverse en un plazo de dos meses, teniendo en cuenta que este computo queda suspendido cuando hay que enmendar deficiencias.
"Es un tiempo inaceptable, por lo que hemos empezado a introducir una serie de cambios"Los datos corresponden a este año. Sin embargo, el Col·legi d’Arquitectes hizo esta misma encuesta entre los colegiados en 2019, lo que permite comparar cómo ha evolucionado la situación en este periodo. Y lo primero que llama la atención es que en tan solo seis municipios se ha conseguido reducir el tiempo de espera. En el caso de Tarragona, tal como puede comprobarse en la tabla adjunta, este incremento ha sido de 1,8 meses. El presidente del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona, Joan Tous, valora que «tiene una cierta lógica, ya que la pandemia y el teletrabajo no ha ayudado y no ha contribuido a una agilización».
En algunos casos, este incremento ha sido especialmente significativo, como es el caso de Sant Cugat del Vallès, ciudad en la que el tiempo de espera ha aumentado en 5,5 meses.
Tous pone en valor que los datos obtenidos «ponen de manifiesto que la misma tramitación en función del lugar se hace en unos tiempos razonables y en otros no». Y esto, según argumenta, tiene consecuencias. Básicamente se traducen en la «molestias» e «inconvenientes» que significa para un privado el hecho que tenga que esperarse para tener la autorización. «Evidentemente que tiene un impacto económico y lo más preocupante es que puede tener un coste de oportunidad, ya que pueden desincentivarse posibles inversiones», afirma.
El Col·legi d’Arquitectes argumenta que «estamos en un mundo global, no local» y el factor tiempo puede ser determinante en el momento en el que se decide si se hace o no una inversión.
La encuesta hace referencia a lo que antes eran obras mayores, es decir reformas integrales de un edificio o nuevas implementaciones residenciales e industriales, por lo que este tiempo acaba afectado también a la actividad productiva.
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya quiere lanzar ahora una segunda parte de la encuesta entre los arquitectos municipales para tener un feedback y detectar las causas de esta diferencia según la ciudad. No obstante, en un primer momento, Tous lo atribuye a la «falta de recursos humanos y medios técnicos». «No podemos pensar que los técnicos de un sitio trabajan más que los otros, sino que se trata de una cuestión de personal y de optimización de los recursos administrativos internos», argumenta.
La diagnosis que hacen los arquitectos es clara: «Los ayuntamientos deberían hacer un esfuerzo para reducir estos plazos y no es un desideratum imposible cuando, para hacer el mismo trabajo, hay municipios que históricamente lo han hecho bien y otros no». Tarragona siempre ha tenido la mala fama de estar entre estos últimos. Y, en este sentido, el propio concejal de Territori, Xavier Puig, reconoce que estos tiempos son «inaceptables».
El tercer teniente de alcalde, no obstante, aporta algunos datos de contexto que explican esta demora. El primero, la pandemia, el segundo, la nulidad del POUM y la tramitación de las normas subsidiarias urbanísticas y, finalmente, el hecho que determinados proyectos requieren un «plus adicional» ya que la concesión de la licencia obliga a un informe de aviación civil o si afecta al subsuelo, requiere de su aprobación por parte de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, lo que «puede implicar una espera de hasta dos meses».
Pese a ello, Puig asegura que este periodo de espera «es del todo incorrecto» y se han empezado a introducir cambios para intentar reducir los tiempos. Uno de estos afecta al personal. El Ayuntamiento ha incrementado la plantilla del Àrea de Llicències, obres i comunicats con dos arquitectos técnicos que se encargan de este tema, además de un administrativo. «Es un refuerzo del personal que se hacía efectivo a partir de enero y que nos permite tener un equipo más amplio que lo agilizará, lo que no queda recogido en la encuesta, pero nos hace pensar que de cara al año que viene nos encontraremos en una situación mejor», explica Puig.
Si en 2022 el Col·legi d’Arquitectes repite de nuevo este ejercicio se seguirá notando en efecto de las normas subsidiarias que «afectarán negativamente» el periodo de tiempo de septiembre a octubre, cuando debe llevarse a cabo su aprobación.
Por otro lado, se ha introducido un segundo cambio ya que hasta el momento tenía que hacerse un doble trámite. Primero se aprobaba el proyecto básico y después el ejecutivo. Esto significaba esperar a que se resolvieran ambos procedimientos, mientras que ahora el segundo va por la vía de la comunicación. «Como ya se ha informado del primer trámite, tan solo tiene que garantizarse que no se han hecho variaciones respecto al proyecto básico, de forma que suprimiendo este paso, supondrá una agilización», añade el responsable de Territori. Con esto, quieren reducirse los tiempos antes de que pueda iniciarse cualquier intervención.
