La frase, reconocen los voluntarios y técnicos de Cáritas, se repitió con demasiada frecuencia el año pasado entre quienes acudían a buscar ayuda a la entidad: «Nunca pensé que me vería tocando esta puerta».
Y es que, tal como señalaba ayer el director de Cáritas Diocesana de Tarragona, Salvador Grané, la pandemia, además de golpear a los vulnerables de siempre, abocó a muchas familias a una situación que nunca sospecharon.
Así lo demuestran los datos de la memoria anual de la entidad que se presentó ayer y que constató que en la región de Tarragona aumentó en un 45% el número de personas que necesitaba ayuda para cubrir sus necesidades básicas, la mayoría de ellos en las zonas de la costa y en las ciudades de Reus y Tarragona.
Goretti Cebrián, coordinadora de acción social, explica que muchas de esas familias que pidieron ayuda no pudieron incorporarse a trabajos de temporada, eran parejas jóvenes con hijos que se quedaron en ERTE o personas que trabajaban en la economía sumergida.
La actividad se multiplicó
La entidad se organiza en función de la división de los arzobispados de la iglesia católica. En el caso del de Tarragona está dividido en diez territorios que se corresponden con la casi totalidad del Camp de Tarragona y dos parroquias de Urgell-Garrigues (Lleida).
En total en esta zona hay 66 Cáritas parroquiales y 102 puntos de atención. El año pasado, en el conjunto de sus programas (no solo los de ayuda urgente) atendieron a 8.236 hogares (21.319 personas) un 33% más que el año anterior. Todo gracias al trabajo de 1.503 voluntarios y 45 trabajadores.
El arzobispo Joan Planellas, quien ejerce de presidente de Cáritas Diocesana, aprovechó justamente para agradecer el trabajo de voluntarios y técnicos, y apuntó que en medio del confinamiento se incorporaron nuevos voluntarios más jóvenes en vista de que los mayores no podían hacer su labor por ser personal de riesgo. De esas incorporaciones un 40% hoy siguen en la entidad. Además, las donaciones de personas y empresas crecieron un 13%.
Pobreza con cara de mujer
En cuanto al perfil de las personas atendidas, un 70% fueron mujeres, según explicó Pilar Ribas, coordinadora del Observatorio Social de Cáritas Diocesana. Es una muestra de que «la pobreza tiene cara de mujer», remarcó.
Las familias con más riesgo de vulnerabilidad son las que tienen hijos a cargo (el 55% de las personas atendidas) aunque se mantienen estables los porcentajes de las personas solas (el 21%).
En cuanto a la nacionalidad, el 42,93% de las personas atendidas por Cáritas tiene nacionalidad española, un 4% más que el año anterior. El 23,91% provenían de Marruecos, aunque el porcentaje de latinoamericanos también fue muy relevante, un 23,90%.
Señala Ribas que en este año fue aun más evidente la situación de vulnerabilidad de los jóvenes ex tutelados, en especial los que llegaron a España como menores no acompañados. De hecho Cáritas (además de sus programas concretos para este colectivo) suele recibir peticiones de otras entidades para que les incluyan en sus programas de formación y de búsqueda de empleo.
Respecto a la situación laboral el 71% de los solicitantes de ayuda estaban en paro, aunque llama la atención que un 10,63% aunque trabaja, no puede cubrir sus necesidades.
En este año de pandemia se incrementó el número de hogares que viven sin ningún ingreso económico. Además, un 55% de las familias se encuentran en una situación de pobreza severa, es decir, por debajo del 30% de la media de Ingresos por unidad familiar en Catalunya.
Y es que, pese a que las administraciones pusieron en marcha ayudas de emergencia, éstas no llegaron a todos los que las necesitaban. En algunos casos la barrera se presentaba desde el primer momento ya que toda la tramitación se hace e manera telemática y en muchos casos estas personas no tienen ni los medios ni los conocimientos para acceder.
No obstante los colectivos atendidos no acaban aquí, el año pasado se incrementaron los programas de acompañamiento a mayores y los programas para niños y adolescentes, entre otros.
La vivienda, problema capital
Manel Grané insistió en que la pandemia no se ha acabado y que se prevé que sus efectos se perciban al menos dos años más. En este sentido urgió a las administraciones no solo a crear ayudas, sino a poner el foco en aspectos estructurales como el ámbito laboral, la vivienda y una política de migración que no permita tener personas en el limbo.
La vivienda es, de hecho de los asuntos que más preocupa a los usuarios de la entidad social. Una de cada cinco personas atendidas se ha visto obligada a cambiar de vivienda. Han crecido, además, quienes viven de forma precaria realquilados, acogidos por otros familiares o como ocupas.