Para los tarraconenses ya es una polémica amortizada de la que hemos hablado en infinidad de ocasiones, pero personalmente nunca deja de sorprenderme. Seguramente, por el hecho de que se trata de un tema que se arrastra desde hace años, muchos ciudadanos ya se han perdido y han pasado página de este desastre, pero para la gente que no vive en la ciudad es incomprensible e inexplicable que para una construcción presupuestada en 3,9 millones de euros se puedan llegar a gastar más de 30 sin que la obra se haya podido culminar.
Sí, estoy hablando del no párking de Jaume I, ese aparcamiento soterrado que debía situarse en la Part Alta –frente al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV)– y que hoy en día solo es un agujero sin ningún tipo de uso mientras que el Casc Antic, la zona más turística de la ciudad, sigue sufriendo un grave problema de aparcamiento.
Como ciudadano me indigna que el dinero de mis impuestos se haya evaporado en una actuación que solo ha servido para tapar la perspectiva de un edificio protegido, que cuenta con unas escaleras con una pendiente desproporcionada y que lleva ya más de una década cerrada desde que el 20 de febrero de 2008 –día que era la primera jornada de la campaña para las elecciones Generales de marzo de ese año– el alcalde Josep Fèlix Ballesteros tomara esta drástica decisión, al corroborar que era imposible terminar la obra sin tener que hacer una nueva inversión millonaria.
Debo reconocer, por cierto, que me sorprendre la poca actividad que está mostrando la Fiscalía en este caso, ya que desde el inicio del proceso el Ministerio Público ha mantenido un perfil muy bajo. Para que se hagan una idea de las dimensiones que tiene el caso del Jaume I les diré que en la petición de extradición que realizó hace pocas semanas el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a la justicia alemana se indicaba que los exrepresentantes del Govern podrían haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos que ascendía hasta los 1,6 millones de euros, una cifra que está a años luz de los más de treinta que se han ido con el párking de la discordia. Pese a ello, el Ministerio Público no actúa con demasiada intensidad.
¿Y el concurso de ideas?
También me choca la pasividad que está mostrando el Consistorio. Hace tiempo, los juristas municipales se opusieron a declarar la causa compleja para que el juez instructor siguiera investigando durante un año más y no archivara la causa. Recientemente, además, el Consistorio ha intentado «ahogar» a la denunciante, proponiendo al juez una fianza de 100.000 euros, que al final se han quedado en mil. Pese a ello, me cuentan que, ahora, el Ayuntamiento ha solicitado que esta cantidad se incremente hasta los 6.000 euros.
A nivel político tampoco se ha dado ningún paso más desde que hace tres años se convocara un concurso de ideas a solo dos meses para las municipales de 2015. Tras contar con solo 239 participantes, se resolvió que el espacio se dedicara a usos culturales, como la Casa de la Festa. Pese a ello, no se ha comunicado nada más al respecto. Supongo que, en breve, los partidos volverán a explicar sus propuestas porque en un año vuelve a haber elecciones. Y la rueda volverá a girar y girar sin llegar a ninguna meta.
