Retrasos de 50 minutos en cuatro líneas de Rodalies, entre Tarragona y Barcelona el pasado 15 de febrero por una incidencia en el sistema de señalización entre Tarragona y Torredembarra. Decenas de vecinos de las comarcas del Alt Camp y Tarragonès se quedan sin conexión telefónica y de internet.
Estos dos hechos tienen un denominador común: el robo de cable de cobre. Y es que la sustracción de este preciado metal se ha convertido desde hace unos años en un quebradero de cabeza para muchas compañías y también para sus usuarios por los problemas que genera.
Ante el incremento en los últimos meses de este hecho delictivo en Catalunya, los Mossos d’Esquadra han decidido activar el nivel 2 del Pla Operatiu Específic (POE)del metal, que implica incrementar los efectivos para controlar esta problemática.
Solo Adif sufrió al año pasado en la demarcación de Tarragona el doble de robos de cable respecto a 2022, siendo la segunda demarcación catalana más afectada. El Diari acompañó a los agentes en una jornada de inspecciones.
Por toda Catalunya
El robo de cable es una problemática muy extendida en Catalunya. El POE metal, al igual que se hace con otros planes –del mundo rural, de los robos violentos, de los asaltos a empresas, etc– se pone en marcha de forma periódica para la prevención de este tipo de hechos delictivos.
Pero como estos se han disparado a nivel de Catalunya, desde la dirección general del cuerpo se ha activado el nivel 2, «que implica volcar una serie de recursos extra enfocados a este mundo», apunta la sargento que está al frene de la comisaría de Falset y a la vez responsable de este POE, Rocío Miguel.
Añade que el nivel 2 implica «más acciones de prevención, pero también de detección, como estas operaciones simultáneas que estamos haciendo en toda la Regió Policial del Camp de Tarragona».
Los robos
En el caso de Tarragona, Telefónica no dispone de datos de robos de cable. Fuentes de Endesa aseguraron que a ellos no les roban. La única empresa que ha denunciado este tipo de robos es Adif. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias apuntan al Diari que durante el año pasado sufrieron 35 robos en la demarcación de Tarragona, frente a los 17 del año anterior.
En el conjunto de Catalunya, fueron en total 151 robos o intentos el año pasado frente a los 72 del 2022. Uno de los más destacados se registró en julio en el término municipal de El Vendrell cuando se sustrajeron 1.300 metros de cable en la línea de ancho convencional Madrid-Barcelona. Otro robo relevante se produjo en septiembre con el robo de 400 metros de cable procedente del desmantelamiento de las instalaciones de la antigua línea de la costa en Mont-roig del Camp.
Dos este año
Este año –hasta el 15 de febrero– se han producido dos: uno en Torredembarra y otro en Vila-seca. Precisamente, al ser Adif una de las principales empresas afectadas, en algunas de las inspecciones –como a la que acudió el Diari– personal de seguridad de dicha empresa acompaña a los Mossos d’Esquadra para poder detectar en las chatarrerías posible cable cortado.
Por parte de Mossos, intervinieron en el dispositivo agentes del Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), Unitat de Seguretat Ciutadana, Unitat d’Investigació y Unitat Regional de Medi Ambient (URMA).
El primer punto de parada fue una empresa del polígono Francolí de Tarragona. «Uno de los aspectos que comprobaron son los registros, si todo el material que entra está bien registrado. Y si estos registros están bien comunicados a los Mossos d’Esquadra, porque los tienen que enviar por vía telemática», afirma el sargento responsable del URPA, Eduard Guillot.
Comenta que los textos con dicha información se fusionan y a nivel global de todo el cuerpo se terminan haciendo unas parrillas para poder realizar un tratamiento de los datos», añade.
Control de vehículos
También se realizan otras inspecciones «más operativas» a nivel de seguridad ciudadana por parte de las patrullas, que controlan los vehículos que entran y salen de estas empresas así como el material que llevan. «Es una labor complementaria a la que realiza la URPA», señala el sargento, quien añade que «es más un patrullaje a reacción, para que las personas que tienen interés en vender material sustraído vean la presencial policial».
En el Camp de Tarragona hay un total de 27 chatarrerías, de las cuales el lunes se inspeccionaron 15 ya que las otras se hicieron la semana anterior. El balance fue de siete actas de inspección, un de comiso preventivo de material –en una chatarrería de Reus–, una de sanción por residuos –realizada por agentes de la URMA a un hombre que trasladaba material de la deixalleria de Tarragona y no tenía autorización para llevar dicho material– y una denuncia por ITV.
Los agentes inspeccionan todo el recinto en busca principalmente de cable sustraído a Adif. «La catenaria no sería el cable más preciado que sustraen los ladrones. Se trata de un cable rígido de cobre, que a la hora de manipular y transportar cuesta bastante. Primero tienes que saber qué estás tocando, porque por ahí pueden pasar unos 3.000 voltios. Pero, además, es muy rígido para almacenarlo y llevarlo en un vehículo», asegura Guillot.
Y añade: «Lo que sí se llevan es otro tipo de cable, que es trenzado, que discurre al lado de la catenaria y que es más fácil enrollarlo, y a veces no lleva tensión. El resultado es siempre el mismo: la línea férrea queda inutilizada».
La inspección en esta chatarrería de Tarragona dura apenas 15 minutos. Una vez finalizada, parte de los efectivos van a inspeccionar otra en la zona, mientras que otros agentes se desplazan hasta Vespella de Gaià, donde hay dos empresas que se dedican a la chatarra. Ambas también lo tienen todo en regla y no hay nada sospechoso.
Cosas sospechosas
«Normalmente siempre encontramos cosas sospechosas, las intervenimos preventivamente, las miramos y las cotejamos con las denuncias que tenemos en el Camp de Tarragona o bien de otras Unitats d’Investigació. Miramos si dicho material corresponde con alguno sustraído. Si no es así, lo retornamos a su propietario legítimo. Pero si encontramos algo de interés, queda intervenido judicialmente».
En octubre del año pasado, durante una de las inspecciones, encontraron tapas de alcantarillado. En total habían sido sustraídas 70 de los municipios de Tarragona, Reus, El Catllar y Vespella de Gaià. Pesaban 4.500 kilos y eran de hierro. También fueron arrestados dos trabajadores de la chatarrería por estar implicados en la compra.
Chatarrería modelo
Francisco Zambrano es gerente de la empresa Nueva Trituradora SL –y copropietario junto con su hermano Gonzalo–, situada en el término municipal de Vespella de Gaià. Hace 40 años que comenzaron a trabajar en el sector del reciclaje del cobre.
Su empresa es una de las más grandes del sector en Tarragona. Dispone de un recinto totalmente rodeado de un gran muro. Cuando se le pregunta qué le parecen estas inspecciones de los Mossos d’Esquadra, contesta rápidamente: «Ojalá las pudieran hacer cada semana. Yo estoy encantado. Me parece muy bien que las hagan».
Zambrano solo trabaja con empresas, y de todo el mundo. A su recinto llegan cables con cobre procedentes, aparte de España, de Francia, Costa de Marfil, Corea del Sur y en menor medida de Alemania, Gran Bretaña y Portugal. Y a Estados Unidos compran y venden. Cada remesa que le llega la deja en un montículo y la trata. Dependiendo de la cantidad de cobre que salga, paga más o menos.
No a particulares
No compra material a particulares: «Nunca nos ha interesado. A veces han venido a venderme chatarra que sospechaba que era de procedencia ilícita. No estamos preparados para particulares. Te puede venir uno a venderse diez kilos para ver cómo te roba mil». Hace tiempo que ya no le vienen particulares, «ya ni se molestan...».
«Lo fuerte nuestro es el cobre, a veces también el cable de aluminio», reconoce. Ahora, el precio del primer metal está alto, a unos siete euros el kilo, el importe al que lo venden después de ser tratado el cable. «A nosotros nos interesa que el precio sea barato, porque cuanto más caro, más riesgo tengo. Más capital para trabajar», reconoce.
En su empresa reciclan todo el cable, incluso el plástico, «siempre entra en el lavadero para refinarlo, para que no lleve ningún producto metálico porque no podemos perder ni un 1% de cobre». Pero además, el plástico que sale lo venden.
Francisco Zambrano reconoce que en este sector hay mucho pirateo: «Todos los problemas que estamos viendo es por eso. Si no hubiera compradores de este material no habrían robos».