La Audiencia de Tarragona ha juzgado a un hombre acusado de retener, maltratar y violar a su pareja en 2022 en El Vendrell. Según el escrito de acusación, el investigado convenció a la víctima para que se trasladara desde Rumanía a España. Al llegar, le confiscó el pasaporte y la obligó a pedir limosna en la calle. Los ingresos que obtenía, controlados por él, y los episodios de celos eran los detonantes de las discusiones, que, según declaró ella, terminaban en agresiones físicas. Además, el acusado la habría obligado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.
El acusado, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado durante el juicio, ha negado las acusaciones y ha sostenido que la víctima se autolesionaba. La Fiscalía solicita una pena de 23 años de prisión, mientras que la defensa exige la absolución.
El juicio ha comenzado este jueves con la declaración, vía conferencia, de la víctima, quien ha respondido a las preguntas de todas las partes a través de traductores. Explicó que llegó a España con el acusado, con quien mantenía una relación amorosa, y que este no le permitía regresar a Rumanía porque “era muy celoso”. De hecho, afirmó que no tenía acceso a su pasaporte porque él lo había escondido. Tampoco tenía acceso al dinero que ganaba pidiendo limosna en la calle, según aseguró.
En este sentido, declaró que el dinero y los celos de su pareja eran los principales motivos que los llevaban a discutir “diariamente”. Según la traductora, el acusado “la agarraba del cabello, la tiraba al suelo y la golpeaba” en repetidas ocasiones, incluso para obligarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Además, añadió que él le hacía fotografías en momentos íntimos, como cuando se duchaba, y que, aunque no la amenazó directamente, ella tenía miedo de que mostrara esas imágenes a sus hijos. En una ocasión, también la mordió y le causó cortes en los brazos con una navaja.
Aunque nunca denunció los hechos, el 6 de julio de 2023 ambos protagonizaron una discusión en la estación de trenes de Vilafranca, donde, según la víctima, él la golpeó. De hecho, según varios agentes de los Mossos d’Esquadra y el personal de seguridad de la estación, fueron los pasajeros quienes denunciaron lo ocurrido. Los agentes coinciden en que, al llegar, encontraron a la víctima llorando, con arañazos, hematomas y la ropa rasgada.
La médico forense declaró que las lesiones por arma blanca que presentaba la víctima fueron causadas por otra persona y que ella no podía habérselas infligido. Sin embargo, agregó que otras lesiones, como hematomas, mordeduras y arañazos, podrían habérselas causado ella misma.
La versión del acusado
Por su parte, el acusado, quien solo respondió a las preguntas de su abogado, negó todos los delitos. Declaró que la víctima vivía en total libertad y que no la había retenido contra su voluntad, asegurando que era ella quien deseaba quedarse en España. “La amaba más que a mi vida”, afirmó.
Negó haberle tomado fotos desnuda, haberla maltratado o abusado de ella. Sobre este último punto, dijo que desde febrero hasta junio no mantuvieron relaciones sexuales porque ella estaba enfadada y triste debido a una noticia desde Rumanía: su hijo había vendido la casa que tenían en ese país. Según el acusado, esta situación la llevó a querer quitarse la vida y a autolesionarse, además de recurrir frecuentemente al alcohol.
Finalmente, concluyó diciendo que todo lo que había declarado la víctima era mentira y que ella solo buscaba perjudicarlo para quedarse con el dinero que él tenía ahorrado y así recuperar la casa en Rumanía.
Las penas solicitadas
El fiscal afirmó que todos los delitos imputados han quedado acreditados y mantuvo las siguientes solicitudes de condena:
Trata de seres humanos: 7 años de prisión, prohibición de comunicarse con la víctima y mantener una distancia de más de 500 metros durante 9 años.
Agresión sexual continuada con penetración: 12 años de prisión, prohibición de volver a España durante 10 años, inhabilitación para trabajar con menores por 17 años, prohibición de comunicarse con la víctima y mantenerse a una distancia de más de 500 metros por 15 años, más 7 años de libertad vigilada.
Lesiones con arma peligrosa: 4 años y medio de prisión, prohibición de volver a España durante 5 años, prohibición de comunicación con la víctima y mantener más de 500 metros de distancia por 7 años.
Maltrato: 10 años de prisión, privación de posesión de armas por 2 años y medio, prohibición de comunicación con la víctima y obligación de mantenerse a una distancia superior a 500 metros durante 2 años.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita una indemnización de 600 euros por las lesiones y 5.589 euros por las secuelas ocasionadas a la víctima.
Por su parte, la defensa pidió la absolución de todos los cargos, alegando que no se ha probado ninguno de los delitos.
El juicio ha quedado visto para sentencia.