«Nadie habla por nosotros», empieza subrayando Mohamed Said Badaoui, refiriéndose a la comunidad musulmana. El exportavoz de la mezquita As-sunnah de Reus añade: «Vemos cómo se vulneran nuestros derechos, ya sea por desconocimiento de la ley o por xenofobia, y nadie hace nada, por lo que hemos creído necesario crear una asociación».
Se trata de la Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana, la primera de este tipo al menos en la provincia de Tarragona y creada por un grupo de once jóvenes de la zona: siete hombres y cuatro mujeres de perfiles profesionales diversos, desde abogados a maestros, entre otros. ¿El objetivo? «Defender la comunidad musulmana cuando se vulneren sus derechos. Somos jóvenes que hemos crecido o nacido aquí y conocemos la realidad del país y la legalidad», remarca el reusense Badaoui, al frente de esta nueva asociación.
La idea empezó a andar este pasado verano y fue hace justo unos días que empezaba a funcionar el proyecto. Según detalla su presidente, el objetivo final es alcanzar «una buena convivencia» y, para ello, se prevén dos líneas de trabajo. Por un lado, trabajar para eliminar tópicos y estereotipos, «ofreciendo servicio a entidades y a la administración y hacer, por ejemplo, charlas que ayuden a normalizar el islam». Por otro, implicarse en casos en los que algún derecho de la comunidad musulmana se haya vulnerado.
Mohamed Said Badaoui detalla que actuarán en dos líneas: por iniciativa propia de la asociación o también ante la petición de algún ciudadano o entidad que pida ayuda. De entrada, la asociación actuará a nivel provincial, «pero no descartamos interceder en el caso de que haya alguna necesidad a nivel autonómico o estatal». El papel de la asociación será, principalmente, el de mediar y asesorar, «y si llega el caso en el que la mediación no funciona, llegaríamos a la vía judicial», relata Badaoui, quien asegura que «emprenderemos las acciones que sean necesarias».
Problemas de convivencia
El presidente de la asociación explica que, tras unos años en los que se había mejorado la convivencia, «en estos últimos, en cambio, el ambiente se ha ido crispando». Lo atribuye a la fuerte crisis económica y, especialmente, «al aumento de los partidos xenófobos de extrema derecha que han utilizado la inmigración y, sobre todo, la comunidad musulmana para conseguir votos, lo que ha crispado la sociedad».
El presidente y abogado de Watani Asociación de Ciudadanos para la Convivencia y el Desarrollo (ACCD) de Reus, Hilal Tarkou, conoce bien este tema. Ha denunciado a partidos como Vox y Plataforma per Catalunya. Ahora, ante la creación de esta nueva asociación, no lo duda: «Cuantas más personas luchen con un objetivo de defensa de cualquier tipo de derecho humano, serán bienvenidas». Tarkou recuerda que lleva años luchando «y no voy a parar». «Esta asociación será una rama más, una entidad más dentro del tejido asociativo que lucha por los derechos», subraya.
El abogado reusense explica que «parece que, para muchos, los musulmanes somos los culpables de todo, cuando somos los primeros damnificados». Punto de vista que, en parte, culpa al enfoque que dan los medios de comunicación. «No hay que referirse a un musulmán como una persona que da miedo… Eso no es así. Musulmán es una persona que profesa la religión islámica. No somos más malos que los cristianos o viceversa. Estamos integrados y formamos parte del tejido social. La palabra musulmán se relaciona con algo más allá de su pura definición, con connotaciones negativas». Por lo que considera que el lenguaje debería cambiar.
Aunque la Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana hace poco que echó a andar, Badaoui explica que ya han empezado a trabajar en una línea concreta. Aun así, de momento prefiere no desvelarlo. Lo que sí están trabajando a fondo es en darse a conocer, «y muchos, entre ellos, políticos, ya se han puesto en contacto».
Las licencias para centros de culto y el velo, algunas de las dificultades que denuncian
Desde la Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana se detalla que entre los derechos que ven que, a menudo, son vulnerados hay el de disponer de centros de culto. En este sentido, relatan que se encuentran con dificultades para obtener la licencia, además de que en ocasiones los vecinos se oponen. «Hay municipios que, de entrada, descartan que haya centros de culto musulmán, ya sea por desconocimiento de la ley o por un tema de racismo», explica el presidente de la asociación, Mohamed Said Badaoui. A modo de ejemplo, en Tarragona se aprobaba a finales del pasado mes de septiembre el último trámite para la nueva mezquita de Sant Pere i Sant Pau.
Un centro de culto impulsado por la Comunidad Islámica Assalam y que ha generado mucha controversia entre algunos vecinos del barrio. De hecho, la Associació de Veïns La Unió presentó una alegación alertando de que la instalación del centro en el barrio podía comportar «problemas de convivencia» y que, a su juicio, «la concurrencia será muy superior a la capacidad que al calle puede acoger». Los técnicos municipales rechazaron los argumentos.
Por otro lado, Badaoui también señala «las dificultades que tienen en algunos institutos las chicas que quieren llevar velo». Y es que considera «que se vulneran los derechos de estas personas por su religión» y añade que «algunas incluso llegan a plantearse si dejan los estudios por este motivo».
Islam en las escuelas
En cuanto a las escuelas, cabe recordar que desde la comunidad musulmana hace tiempo que se trabaja para que el islam se imparta entre los alumnos que lo requieran. «En esta línea se está ya trabajando», señala Badaoui. De hecho, este curso el Departament d’Educació ha puesto en marcha un plan piloto en algunos institutos y escuelas públicas de Catalunya de Barcelona, El Baix Llobregat, Girona y Tarragona.
Los maestros que imparten la materia han sido propuestos por la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya y validados desde Educació y tienen una titulación académica equivalente a lo que se exige a profesores de otras materias. Cabe recordar que esta larga petición realizada por las comunidades musulmanas de Catalunya, y que ahora empieza a materializarse, se basa en un acuerdo de 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, recogido en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre.
En el artículo 10 de esta ley se «garantiza» a aquellos alumnos musulmanes que lo soliciten, «recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados», aunque en este último caso, cuando «no entren en contradicción con el carácter propio del centro».
