Detención a manos de los Mossos d’Esquadra, puesta en libertad, apoyo político y solidaridad popular. El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP y concejal del Ayuntamiento de Reus, Edgar Fernández, vivió todo esto en menos de 24 horas. El cupaire, que arrastraba desde el 11 de febrero una orden de busca y captura decretada por el juzgado de instrucción número 3, fue detenido ayer, alrededor de las 12 horas, delante del Casal Despertaferro, cuando aprovechó para salir a llamar por teléfono. Los mismos agentes de los Mossos se encargaron de trasladarlo hasta el juzgado de instrucción número 3 de Reus.
La orden se dictó porque el número 2 de la lista de la CUP por Tarragona en las elecciones del 14-F no se presentó a dos citaciones judiciales en las que está acusado de delitos de desobediencia y desórdenes públicos por las movilizaciones post Sentencia del Procés. Concretamente, la causa se refiere a las movilizaciones del 14 de octubre, que terminaron con enfrentamientos con militantes de Vox. Poco más de una hora después de ser puesto a disposición judicial, Férnadez estaba libertad. El político, esta vez ante el juez, también se negó a declarar: «Seguimos con el pulso político», explicó a su salida.
«Según el atestado de un policía, se nos identifica por las redes sociales de la cup y de esquerra porque somos personajes conocidos», asegura Edgar FernándezTodo esto ocurrió poco después que, esa misma mañana, Fernández no se presentara ante el Juzgado de instrucción número 4, en una acusación por desorden público relacionada con el corte de las vías del tren en protesta de la Operación Judas del 23 de septiembre de 2019.
El cupaire, sin embargo, estuvo a las puertas de los Jutjats de Reus, dónde había una cincuentena de personas mostrando su solidaridad con Fernández y los otros dos investigados. En la mente de todos se creía que ese sería el momento de la detención, pero los agentes esperaban en hall de los juzgados de Reus, dónde Fernández no entró. Por otro lado, el juicio quedó anulado, dado que el abogado de uno de los encausados no se presentó por ser positivo de Covid-19.
En Reus se han abierto cinco causas judiciales relacionadas con las movilizaciones que se vivieron en el contexto del rechazo de Operación Judas (23-S) y de la Sentència del Procés. Estas, afectan a una treintena de personas y el concejal de la CUP está investigado en cuatro de ellas. La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra ejercen de acusación por separado y cada uno en dos de ellas. La quinta, que se refiere a los disturbios que hubo ante la comisaria de la Policía Nacional, el 16 de octubre de 2019, y en la que se tiraron vallas metálicas y pinturas a los agentes, la Generalitat de Catalunya es la que actúa como acusación.
Los tres investigados del juicio de ayer mostraron un informe judicial de la causa en el que aparecen las declaraciones de un Policía Nacional de la brigada de Información. En esta, el agente relata que explica la información de los acusados «se saca de los perfiles oficiales y públicos de las redes sociales de CUP y ERC» y el propio agente rebela no conocer la fuente de información directa. Por todo ello, Fernández denunció que estas cinco causas han escogido las personas investigadas a dedo: «se nos identifica por el seguimiento que nos hacen en las redes y porque somos, literalmente personajes conocidos».
Varias personas investigadas también optarán por no presentarse delante del juez. Así lo anunció Sergi Barreda, encausado por el corte de vías, señalando que no quieren colaborar en lo que ellos consideran «un montaje policial»: «había centenares de personas manifestándose y casualmente todas ellas están relacionadas con la Esquerra Independentista».
Por la noche, el concejal de la CUP estuvo arropado por casi 200 personas que se concentraron en la plaza del Mercadal en rechazo a su detención y pidiendo que se archiven todas las causas. También tuvo el apoyo de las diputadas Natàlia Sánchez y Maria Sirvent, que a las dos del mediodía, y en reacción a la detención de Edgar Fernández, habían viajadoa Reus para denunciar que el del reusense «no es un caso aislado, ya son 3.000 las personas represaliadas por defender los derechos de nuestro pueblo». Así lo recordó Sirvent, a la vez que afirmó que «ante la represión, seguiremos movilizándonos y saliendo a las calles».
