Empleados, familiares y usuarios de la residencia para mayores ICASS de Reus han vuelto a mostrar su rechazo a abandonar el edificio. Este martes, 16 de abril, por la mañana, se plantaron delante de la residencia, en el Passeig Mata, y colgaron pancartas pidiendo «rehabilitación sin traslado» y recordando que ésta «es y será siempre nuestra casa y no nos iremos».
«Estamos padeciendo un maltrato psicológico», denunciaba Flori Arroyo, delegada de UGT y miembro del comité de empresa de la residencia. Como recuerda, «sabemos qué va a pasar con nosotros», después del acuerdo alcanzado con Drets Socials del traslado de los empleados a otros centros del territorio, pero «no qué va a pasar con nuestros abuelos». «Es una incertidumbre, un estado de ansiedad, inquietud...», denuncia. Y, de hecho, casi una veintena de empleados de la residencia, del total de sesenta, están de baja.
Así lo detallaba Carmen Mesas, miembro del comité territorial de Drets Socials del IAC-CATAC en Tarragona. Esto representa alrededor del 30% de la plantilla. Y es que «esta situación nos afecta. Llevamos seis meses batallando».
En paralelo, el Departament de Drets Socials ya ha empezado a reubicar trabajadores a los centros acordados a principios de marzo. Según Mesas, son ya cuatro personas: «Dos están en Tarragona, una en Móra d’Ebre y otra en L’Espluga de Francolí». «Y el resto, en cualquier día nos pueden llamar y trasladarnos», dice Mesas, que quiere dejar claro que «los trabajadores no estamos de acuerdo en irnos, sino que nos vimos obligados a sentarnos en una mesa de negociación».
Tarcisio, familiar de una persona residente, exclama que «estamos muy enfadados» y denuncia que hace décadas que no se invierte «y ahora han creado un problema a todos los residentes, a la gente que está en lista de espera...». Además, casi una cincuentena de residentes (del total de 64) mantienen la intención de encerrarse en el interior de la residencia. Cabe recordar que el edificio tiene deficiencias (estructurales, legionelosis e incumplimiento de la normativa antiincendios) y Generalitat defiende que hay que desalojar el equipamiento para poder llevar a cabo las obras. En cambio, residentes y empleados se muestran contrarios y defienden que los trabajos se realicen manteniendo la actividad.