Con «carácter inminente», el gobierno volverá a lanzar las bases de las pruebas de selección para convocar, de nuevo, la plaza de Director General del Ayuntamiento, tal como explicó ayer el concejal de Hisenda, Manel Muñoz, a preguntas de Junts per Reus, en el pleno de este viernes.
Así se ha decidido después de recibir oficialmente, el pasado 10 de septiembre, la renuncia de Jordi Dies: el gerente de la Agrupació d’Interès Econòmic (AEI) del Ayuntamiento de Tarragona había resultado elegido en primer término y se echó para atrás para continuar en Tarragona.
La figura del Director General es la novedad en la estructura organizativa del personal directivo «más eficiente» que trata de implantar Sandra Guaita. Para ello, la alcaldesa suprimió dos de los cuatro puestos de gerente-coordinador que había dejado su predecesor, Carles Pellicer: el de Organització i Serveis Interns, ocupado por Jordi Medrano; y el de Serveis Econòmics, que se encontraba vacante. Y creó el Director General Municipal, responsable jurídico máximo de la administración ejecutiva municipal, a las órdenes de la alcaldesa, los tenientes de alcaldesa y los concejales delegados.
La transparencia y Pich Aguilera
Entre otras, una moción de Junts per Reus para el impulso a la lengua catalana en el ámbito municipal ateniendo a las disposiciones de la Declaració de Prada se aprobó en el sesión, y una propuesta de la CUP para que el Ayuntamiento se adhiriese al Correllengua prosperó igualmente. La formación cupaire llevó también al pleno la falta de transparencia del gobierno, pero el mismo ejecutivo frenó la iniciativa.
El PP preguntó por los puntos lilas y la edil de Drets Socials, Anabel Martínez, respondió que los hubo «en todas las fiestas de Sant Pere». Junts per Reus, a su vez, instó al gobierno a paralizar las intenciones de venta de Pich Aguilera, a lo que la concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, indicó que el movimiento «no viene de nuevas» y «la anterior alcaldía lo tenía presente».
Y la CUP pidió una mesa de expertos para la conservación del patrimonio. Berasategui contestó que el gobierno prevé 80.000 euros este año y 50.000 en 2025 para encargar la revisión del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Vox enumeró problemas de limpieza y semáforos y el concejal de Via Pública pidió datos concretos.