El paso del Hospital Sant Joan de Reus a manos de la Generalitat supondrá para sus trabajadores la pérdida de ayudas sociales que hasta ahora venían cobrando y que están contempladas en el actual convenio colectivo. Así se lo comunicó a la plantilla, el pasado 4 de junio y a través de una carta, la nueva Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, que justo el día 1 se había convertido ya en propietaria del centro a todos los efectos. Los recortes afectan de inicio a la subvenciones de guardería, hijos con discapacidad y comidas. Pero aún «se está analizando si las compensaciones para uso del parking subterráneo y el bus urbano podrían quedar o no exentas», según detalla la misma misiva, que ha podido consultar el Diari.
La EDP aplica esta suspensión amparándose en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, la 4/2020 de 29 de abril, que recoge que durante su vigencia «no se otorgarán a los empleados ayudas en concepto de fondo de acción social, ni otras ayudas que tengan la misma naturaleza y finalidad». Y asegura que la situación es «temporal» y se producirá «mientras está activa esta obligación». Fuentes de Salut i del Sant Joan consultadas se expresan también en esta línea. Los sindicatos defienden que las subvenciones «se negociaron hace años con la empresa a cambio de renunciar, por ejemplo, a aumentos de salario que nos decían que no podían asumir». Eran otros tiempos, cuando el Sant Joan dependía del Ayuntamiento. Con el traspaso al CatSalut, los profesionales esperaban «que no se nos retirase ningún derecho más e incluso recuperar algunos» pero «después de tanto decirnos que mantendríamos las mismas condiciones, nos encontramos por sorpresa estos recortes». El Comité de Empresa tiene programado celebrar hoy un plenario en el que, sin que figure de entrada en el orden del día, cabe esperar que se aborde esta cuestión.
Desde la sección sindical de CGT, que la semana pasada ya dio la voz de alarma sobre los recortes, su coordinador Artur Sardà insiste en que «las ayudas eran una contrapartida y, si nos las quitan, debería haber una compensación». Sardà lamenta, en cualquier caso, que «antes de pasar a la Generalitat nos deberían haber avisado de esto» y que ahora «no es ni siquiera un punto a negociar sino algo hecho».
Fuentes del hospital han declinado concretar cuándo se dejarán de pagar las ayudas pero los empleados piensan que esto se podría reflejar ya en la nómina de junio. Por ejemplo, las subvenciones para la comida «son muy útiles para quienes hacen horario partido y tienen poco tiempo: toman el menú en el hospital y quizá esto les cubría 3 o 4 euros de los 6 que les podría costar». Sardà calcula que solo este concepto «implicaría unos 80 euros al mes» y expresa que «a alguien le puede parecer que no es un recorte grave, pero se trata de lo que simboliza» y es «un mal presagio». El sindicato se pregunta también cómo aparcarán los profesionales, teniendo en cuenta que el edificio ha quedado totalmente rodeado por parkings de pago y no se ha construido el nuevo acceso al Tecnoparc.
Por su parte, USAE subraya que el CatSalut, «dos días después del cambio de titularidad, incumple el compromiso de mantener el convenio intacto y lleva a cabo recortes encubiertos para perplejidad de los trabajadores y de las 1.400 familias que se verán afectadas». «Ni siquiera en plena pandemia han sido capaces de evitarlos», apunta Alicia Martín, portavoz de la sección sindical, que precisa que «estamos cansados de la falta de respeto». Por eso, avisa, «no permitiremos que se mantengan condiciones indignas que provocan que muchos compañeros se vean obligados a abandonar el Sant Joan en busca de otro trabajo». Martín recuerda que «desde que, hace unos años, el conseller Toni Comín anunció el cambio de titularidad, se nos ha asegurado que no afectaría a las condiciones de los trabajadores; confiamos en su palabra y en la de Adrià Comella». Y hace referencia al «último comunicado al personal del centro, de 21 de mayo», donde Comella exponía que «la EDP reconocerá y respetará la categoría profesional y la fecha de antigüedad, así como el resto de condiciones económicas y sociales que son aplicables actualmente en la empresa de procedencia y con sometimiento a las disposiciones legales que afecten a los entes públicos que dependen de la Generalitat». USAE avanza que «denunciaremos todos y cada uno de los recortes y abusos que afecten a los trabajadores, los pacientes y tantas familias», y valora que esto «no incumbe solo a los trabajadores sino también al resto de la sociedad, que no puede permanecer al margen de hechos tan lamentables».
SATSE considera, tal como detalla su delegada sindical, Carmen Bonillo, que «es cierto que desde el 1 de junio somos una EDP pero no hay que olvidar que vamos a seguir funcionando como si fuésemos un hospital privado, entre comillas, porque nos seguiremos rigiendo por nuestro convenio propio». El convenio «se estuvo negociando durante todo el año pasado y le dio el ok la entidad que iba gestionar el hospital, el CatSalut, con las mejoras sociales incluidas». «Por lo tanto», añaden desde SATSE, «si nos las quitan, entendemos que es un incumplimiento flagrante del convenio y valoraremos lo que hacemos; no vamos a permitirlo». Bonillo se pregunta, además, «si tanto las comidas y el parking son ayudas sociales iguales, ¿por qué unas nos las quitan pero otras las estudiarán?». La sección sindical también lamenta que la Generalitat «no ha comunicado la situación al Comité por los cauces que debería haber seguido».
En busca de un acuerdo
Desde el sindicato de CCOO en el Hospital Sant Joan, Dori Balmaseda explica que consideran esta situación «muy injusta». De hecho, han redactado una carta a dirección poniéndolo de manifiesto. «En la sección sindical pensamos que, antes de firmar el convenio, se tendría que haber puesto sobre la mesa el hecho de que no disfrutaríamos de todas estas subvenciones, que son en su mayoría esenciales para nosotros, así como ofrecer unas medidas que paliaran la situación», expresa.
Por otro lado, se sienten molestos porque «el CatSalut, en todo momento, era consciente de lo que significaba seguir de la misma manera, qué iba a pasar al no cambiar nada y aún así se firmó al convenio sin dejar atado este aspecto», señala. La portavoz de CCOO añade, también y sobre el término ‘recortes’, que éstos no lo son al uso. «Nos han recortado beneficios, pero no son recortes nuevo propiamente; se trata de un mantenimiento de unas condiciones de recortes que llevamos arrastrando años», manifiesta. La voluntad de dicha sección, en este caso, es negociar con el Consell d’Administració para, así, «lograr un acuerdo», concluye.
