En 2018, 1.170 personas han solicitado subvenciones para poder hacer frente a la pobreza energética. Son personas y familias que se encuentran en situación de necesidad socioeconómica y que buscan acceder a ayudas para poder pagar el suministro de luz y de gas.
La situación ha ido in crescendo en los últimos años. De hecho, la concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella, aseguraba a principios de noviembre al Diari que el Ayuntamiento había recibido 600 peticiones de certificado de vulnerabilidad para acogerse a las distintas líneas de ayudas para pagar las facturas energéticas. Una cifra que ya por aquel entonces se estimaba que ascendiera a 900 a finales de año.
Los servicios sociales destinan un esfuerzo ingente a las políticas para luchar contra la pobreza energética. Medio millón de euros del presupuesto se destinan, de forma directa, a ayudas a familias en situación de riesgo social que no pueden hacer frente a las facturas y que, de no contar con las ayudas, se verían asfixiados por enormes deudas con las compañías suministradoras de servicios como la luz y el gas.
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Uno de los grandes problemas de los solicitantes es que no son conscientes que pueden acceder al llamado bono social, una ayuda estatal que puede llegar a suponer el 45% del total de una factura.
Vilella explica que el trato individualizado ha sido el principal objetivo de 2018 para que «todo el mundo que tiene acceso al bono social pueda acceder realmente». Desde la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus han constatado que el 88% de los solicitantes tienen derecho al bono, pero siete de cada diez no lo han solicitado o no saben cómo hacerlo.