La pandemia ha puesto al descubierto la problemática de la vivienda en Reus. Según los datos de este mes de abril de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, 320 reusenses están inscritos en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. El objetivo de este tipo de viviendas –parcialmente subvencionadas por la administración– es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o alquilar viviendas dignas a precios asequibles a sus posibilidades.
La Agència de l’Habitatge de Catalunya administra en el municipio de Reus un total de 476 viviendas: 323 del parque público; 69 adquiridas por el derecho de tanteo y 84 del parque de viviendas cedidas por entidades financieras.
En estas cifras no se incluyen las 160 viviendas de protección oficial (VPO) que tiene el Ayuntamiento de Reus, todas ellas actualmente habitadas. El Ayuntamiento tiene diferentes promociones de viviendas de protección oficial: 46 en el barrio del Carme en la Plaça de la Patacada; 68 en Mas Bertran II, en la calle Anton Martí i Bages; 30 en Mas Bertran, en la calle Pintor Fuster; y 16 en la Granja Massó, en la calle Comunitat de Múrcia.
«Pero está todo lleno. El parque actual de vivienda pública no es suficiente. Apuntan las familias al registro de solicitantes y a esperar... Pero no pueden esperar, es una urgencia y no se hace lo suficiente», consideran miembros del Sindicat d’Habitatge de Reus.
Durante la pasada campaña electoral, el alcalde de Reus, Carles Pellicer, prometió construir hasta 1.000 viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento tiene varios proyectos sobre la mesa para incrementar el parque de alquiler social, pero muchos son a largo plazo y, por el momento, estaría lejos de alcanzar la cifra prometida. «La cifra se refiere a lo que sería necesario. Será difícil llegar a él en dos años, pero estamos en buen camino para lograrlo en un período más largo», señala la concejal de Vivenda del Ayuntamiento de Reus, Teresa Pallarès, que justifica que «las políticas para potenciar el acceso a la vivienda, a nivel Estatal y Autonómico, empiezan ahora a permitir marcos legales para impulsarlas y buscamos todas las vías posibles para garantizar el derecho del acceso a la vivienda».
El consistorio han impulsado diferentes acciones para promover la construcción de vivienda de protección oficial entre promotores privados. Aquí se enmarca el proyecto de remodelación de la antigua Hispania, que contempla 35 nuevas viviendas de protección oficial es un ejemplo. O el de la Pedrera del Coubi, pendiente de la redacción del Pla Parcial del Barranc dels Capellans. Otra promoción privada sería la de Mas Mainer, que contará con 150 pisos, parte de ellos PVO. La Generalitat de Catalunya regular que haya porcentaje correcto de vivienda de protección oficial en estas promociones.
El consistorio también está en conversaciones con la Generalitat para resolver el futuro del solar del barrio del Carme donde deberá construirse el desdoblamiento del CAP Sant Pere. Allí, según Pallarès, Incasòl construirá un edificio con 15 viviendas de protección oficial, que podrían ser gestionadas municipalmente.
Por otro lado, Ayuntamiento y REDESSA han iniciado recientemente consultas de mercado para ver si hay promotores interesados en construir viviendas de protección oficial en nueve fincas de titularidad municipal, ubicadas en los barrios del Carme o Sant Josep Obrer, entre otros puntos de la ciudad. Si todas ellas se hicieran realidad, podrían llegar a sumar más de 520 VPO y hasta 85 viviendas dotacionales, es decir, alojamientos temporales para jóvenes, gente mayor o sintecho. «Son viviendas más pequeñas, con carácter más provisional, que podría encajar muy bien con estudiantes por la ubicación», señala la concejala de Habitatge.
El consistorio bonificará el 95% del impuesto ICIO a las obras de nueva construcción de edificios de vivienda protegida y el 50% del IBI durante 10 años en las viviendas de protección oficial de nueva creación. En este aspecto, Pallarès se muestra muy positiva señalando que, estos solares municipales puestos al mercado implican la condición de ser utilizados para la construcción de vivienda de protección oficial, por lo que «son un potencial de creación nueva vivienda de protección oficial». Algo que, asume, se vería en un periodo de entre 3-5 años, pero que ya está empezando a rodar: «Hemos hablado con varias empresas para conocer su interés. La condición es: nosotros cedemos el terreno, por lo que se ahorrar comprar el solar, a cambio de que haya viviendas sociales».
No obstante, desde el Sindicat d’Habitatge de Reus se señala que «las viviendas ya existen, no es necesario construir más, porque lo vemos como especulación. Hay muchísimas viviendas vacías propiedad de bancos, ¿por qué no se hace nada? Es ridículo construir si ya disponemos de viviendas», opinan. Bajo su punto de vista, que se construyan nuevas promociones es «sólo un parche» pero que «no se soluciona el problema». También se considera que se actúa «tarde, y es que hace años que el parque público de vivienda está saturado y las familias que están en situación precaria no pueden esperar. Los desahucian y se quedan en la calle. Los dirigen de forma puntual en alguna pensión y pasado un tiempo, los echan sin ninguna alternativa», se critica desde el SHR.
Alquiler social y pisos vacíos
Reus incorporará otras cinco viviendas al parque municipal de alquiler social. Tres de ellas en la Casa dels Mestres. Se trata de un edificio de propiedad municipal en el Passeig Mata, donde hay 28 viviendas, la mayoría de ellas están ocupadas en régimen de alquiler social. Ahora, la gestión del inmueble pasará a manos de REDESSA y el Ayuntamiento tiene previsto reformar tres pisos gracias a una ayuda que han solicitado a la Diputació de Tarragona. «Queremos seguir generando un modelo híbrido de perfiles y parejas jóvenes o de edad avanzada con la renta limitada que nos funciona y es como gestiona REDESSA» señala la líder de Vivienda en el gobierno.
El consistorio también rehabilitará otro piso de propiedad municipal en la plaza de Catalunya y otro en el barrio Gaudí, que en este caso también se destinarán a alquiler social. Tales reformas –financiadas por el Ayuntamiento se– iniciarán en breve.
Pero hay otras vías que la concejala de Habitatge, Teresa Pallarès, señala como claves en la defensa de acceso a la vivienda. Por un lado está la tarea de incentivar la ocupación de pisos vacíos con alquiler social. En este caso, se han buscado pisos cerrados y han pedido ponerlos en el banco de alquiler social a cambio de que REDESSA sirva como seguro del propietario de la vivienda. Según la concejal, ya hay 109 viviendas que se han sumado a esta opción, por lo que hay alrededor de 300 personas beneficiadas.
Además, el Ayuntamiento, junto a la Agència de l’Habitatge de Catalunya, inspeccionarán 40 pisos vacíos de bancos para destinarlos a alquiler social. Si no llegan a un acuerdo, las entidades bancarias se exponen a sanciones. Según el Registre d’Habitatges Buits i Ocupats (RHBO) de la Generalitat en Reus hay 400 viviendas vacías, aunque el Ayuntamiento reconoce que hay más.
Por otro lado, el Sindicat d’Habitatge también subraya como una buena opción para revitalizar los pisos vacíos las líneas de ayudas impulsadas desde el consistorio para rehabilitar viviendas desocupadas para, posteriormente, ser incorporadas a la Bolsa para la mediación del alquiler social de Reus. A través del Pla de Reactivació Econòmica i Social se destinaron 675.000 euros, cantidad que el Sindicat ve insuficiente.
