Hace pocos días que se cumplieron seis años de un triste suceso ocurrido en Reus que conmovió a toda la opinión pública y que puso de relieve el drama que sufren muchas familias con pocos recursos para pagar la factura del luz y del gas: la pobreza energética.
El 14 de noviembre de 2016, una mujer de 81 años moría en un incendio en su casa, en la calle de Santa Anna, originado por la vela con la que se alumbraba después de que Gas Natural le cortase el suministro eléctrico. Cuando la desconectaron de la red eléctrica, Rosa (así se llamaba la mujer) debía cerca de 246 euros.
La Generalitat abrió expediente e impuso a la compañía energética una multa de 500.000 euros por ejecutar el corte de luz sin haber solicitado antes a servicios sociales un informe de vulnerabilidad sobre la anciana, por tratarse de una persona mayor y porque el contexto del fallecimiento de Rosa generó «una alteración social grave, alarma y desconfianza».
La mujer de 81 años murió en un fuego provocado por una vela con la que se alumbraba
Gas Natural recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en diciembre de 2020 dio la razón a la compañía y anuló la sanción. El Departament d’Empresa presentó entonces un recurso de casación que, finalmente, fue inadmitido por el TSJC, por lo que la sanción quedó finalmente sin efecto.
La resolución del alto tribunal catalán dejaba sin validez la sanción de la Generalitat sustentándose en que, cuando ocurrió el incendio, la Ley de Pobreza Energética no estaba plenamente desplegada. Al no contar con un desarrollo reglamentario que le permitiese materializar las previsiones legales, tal como recoge el documento, tampoco era factible exigir a Gas Natural que la cumpliese.
El Síndic de Greuges, por su parte, también abrió una actuación de oficio y la cerró a principios de 2018 tras formular algunas recomendaciones a la Generalitat.