El Govern tiene previsto exhumar en 2022 los restos de Cipriano Martos, un militante antifranquista de origen granadino que falleció en 1973 tras haber sido detenido en Reus (Tarragona) y haber ingerido ácido sulfúrico durante un interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil.
El caso de Cipriano Martos fue incluido en 2014, a instancias de un hermano de la víctima, en la macroquerella presentada ante la Justicia argentina por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista.
Tras fallecer el 17 de septiembre de 1973 en el Hospital de Sant Joan de Reus, las autoridades franquistas enterraron el cadáver en una fosa del cementerio de esta localidad, sin permitir a la familia asistir a la inhumación ni llevarse el cuerpo a su tierra de origen, entre los municipios granadinos de Loja y Huétor-Tájar.
Una de las reivindicaciones de la familia y de las entidades memorialistas dedicadas a hacerse eco de este caso, como la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina, es exhumar los restos de la víctima -siguiendo las coordenadas que constan en el registro del cementerio- para poder entregarlos a la familia, una reclamación que ahora está dispuesta a llevar a cabo la Generalitat.
Fuentes de la Conselleria de Justicia, que lidera Lourdes Ciuró, han explicado que se trata de "un caso singular, identificado y localizado, de una fosa del tardofranquismo situada dentro de un cementerio".
"No podemos reparar el daño a esta víctima del franquismo si no exhumamos y devolvemos los restos a la familia, que siempre lo ha reivindicado", añaden.
Cipriano Martos nació en 1942 en un núcleo rural dentro del municipio de Loja (Granada), en el seno de una familia de campesinos pobres, y emigró en 1969 a Sabadell (Barcelona), donde se politizó, en pleno auge de las organizaciones obreras antifranquistas y donde, en 2019, el ayuntamiento le dedicó una plaza en el barrio de la Plana del Pintor, donde residió.
En Sabadell, Martos se enroló en las filas del Partido Comunista de España (marxista-leninista), una escisión del PCE que propugnaba intensificar las acciones contra la dictadura y no renunciaba a la lucha armada.
El partido promovió la constitución del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) -un conglomerado de organizaciones bajo la tutela del PCE (ml)-, que en verano de 1975 llevó a cabo varios atentados en Madrid, Barcelona y Valencia, que costaron la vida de dos agentes de la Policía Armada y uno de la Guardia Civil.
Como respuesta, el régimen franquista llevó a cabo detenciones masivas de militantes del FRAP y tres de ellos fueron condenados a muerte y fusilados el 27 de septiembre de 1975: fueron las últimas ejecuciones de la dictadura antes de la muerte de Franco.