El Tribunal de Cuentas (TdeC) ha ratificado la condena al exdirector general de Innova, Josep Prat, y le obliga a indemnizar al Ayuntamiento de Reus con 900.120€ por las facturas sin justificar que cobraron el arquitecto Jorge Batesteza y el exdirector del CatSalut, Carles Manté, por tareas de asesoramiento en la construcción del nuevo Hospital de Reus. Una cantidad que, con el veredicto ya firme, iría a cargo de la compañía aseguradora AIG, ya que «la sentencia estima que el director general de Innova actuó sin ánimo de causar ningún perjuicio (dolo) a la empresa».
De esta forma lo asegura el abogado de Prat, Jordi Salvat de Salvat Advocats, quien también se muestra «satisfecho» con el fallo porque «confirma que se actuó sin cometer acciones fraudulentas» y porque constataría que las retribuciones variables cobradas fueron correctas «porque estaban vinculadas al buen funcionamiento de Innova». Todos los cargos directivos del holding municipal de aquella época disponían de un seguro de responsabilidad. De hecho, la aseguradora ya avaló la fianza de responsabilidad civil ante el Tribunal de Cuentas al inicio del caso, según la defensa.
La compañía aseguradora AIG cubriría el importe de la sentencia contra el exdirector generalLa nueva sentencia que ratifica la condena a Prat, y a la que ha tenido acceso el Diari, se produce tras el recurso presentado por su abogado contra la demanda inicial interpuesta por el consistorio y Reus Serveis Municipals (RSM). En ella, la jueza de la Sección de Enjuiciamiento de la Sala de Justicia del TdeC afirma que «los contratos, los pagos y la repercusión de las facturas tienen relación directa con el menoscabo provocado a la entidad local y reflejan un modo de proceder incompatible con la diligencia exigible a un gestor de fondos públicos».
Pero más allá de lo que se refiere a Prat, el fallo también agrupa distintos recursos presentados por todas las partes implicadas en el caso y las desestima. Entre estos está el referente al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, al que la jueza vuelve a exculpar de cualquier responsabilidad. Además, mantiene la condena al Ayuntamiento que deberá pagar las costas judiciales procesales referentes a sus dos procedimientos. En este sentido, el consistorio, a través de RSM, también ve desestimado su recurso de apelación contra las retribuciones variables que Pérez pagó a Prat en Innova porque las consideraba fraudulentas.
La sentencia exculpa de nuevo al exalcalde Pérez y rechaza el recurso del Ayuntamiento de Reus que pedía recuperar las retribuciones variables que se pagaron a PratY es que la sentencia tumba las pretensiones del Ayuntamiento que pedía recuperar 28.341€ correspondientes a la cantidad que el exdirector general de Innova percibió por entender que excedía el «límite máximo que marcaba su contrato de alta dirección». Una afirmación que la jueza rechaza por dos motivos. En primer lugar por considerar que se trata de una «pretensión nueva tanto en su contenido como en su fundamentación» y, después, porque la cifra sería errónea al no haberse calculado la variación del IPC.
Facturas de Manté y Batesteza
La sentencia repasa de forma exhaustiva todo lo que concierne a las facturas que habrían sido cobradas de forma irregular, lo que en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus son la pieza principal y la separada número 2. En lo referente a los pagos cobrados por Carles Manté, que ascendieron a 720.120€ (sin IVA), para la jueza queda probado que no se realizaron los trabajos que fueron retribuidos con dinero público.
No ocurre de esta forma en el caso del arquitecto Jorge Batesteza, ya que la magistrada considera probado que cobró de forma correcta la mitad de los 320.000€ (sin IVA) a los que ascienden el total de las facturas. Concretamente, según la sentencia, fueron las 23 facturas que se le abonaron hasta mayo de 2009 por los trabajos realizados como asesor en las obras del Hospital Sant Joan.
El fallo del TdeC que ha trascendido resulta de gran relevancia. Sobre todo porque supone la primera sentencia judicial relacionada con el núcleo central del caso Innova. Sobre ésta, cabe subrayar que sólo resta la posibilidad de que las partes recurran al Tribunal Supremo. De hecho, el propio abogado de Prat declaraba ayer que están valorando la posibilidad de presentar recurso de casación.
Para finalizar, añadir que las causas que dirime el TdeC se llevan a cabo por la vía administrativa y no penal, vertiente ésta última que investiga el Tribunal de Instrucción número 3 de Reus.
