El Baix Camp es la comarca de la demarcación de Tarragona con mayor número de actos de okupación. En 2023 registró 416 entradas ilegales en viviendas, según datos que el Departament d’Interior facilita en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso el Diari. En Catalunya solo superan al Baix Camp el Barcelonès (2.837 hechos), el Baix Llobregat (920), el Vallès Occidental (881), el Maresme (708) y el Vallès Oriental (472), el ámbito metropolitano de Barcelona, con un volumen de población que multiplica por doce la del Baix Camp.
Las cifras corresponden a casos conocidos por los Mossos d’Esquadra dentro del fenómeno de la okupación y engloban delitos de usurpación, ocupación de inmueble y allanamiento de morada con voluntad de residir en el espacio invadido. En el primer semestre del año 2024, en el Baix Camp ya se habían registrado 207 hechos, de nuevo en cabeza de todas las comarcas de Tarragona. El Ayuntamiento de Reus, abordará el asunto en el pleno de este viernes 21, a partir de una moción de Junts per Reus, que reclama «tolerancia cero» y «contundencia» contra los okupas.
Medidas
Junts sitúa en la ciudad 224 okupaciones el año 2023, con estadísticas que también atribuye al Departament d’ Interior y que convertirían al municipio en «el que más casos acumula del Camp de Tarragona» y, proporcionalmente a la población, uno de los más afectados de Catalunya.
El grupo municipal pide una serie de medidas: la revisión de los protocolos de coordinación entre la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra, la convocatoria urgente de una reunión de trabajo con el Departament d’Interior y el apoyo a las iniciativas legislativas que ha impulsado Junts en el Parlament y el Congreso de los Diputados para agilizar los desalojos okupas en un plazo máximo de 48 horas.
«La de las okupaciones es una cuestión que preocupa y mucho a la ciudadanía de Reus, que nos pide poner el foco en este tema», apunta al Diari Mariluz Caballero, portavoz adjunta del grupo municipal de Junts per Reus.
Caballero incide en las entradas en pisos particulares, que, dice, «vulneran especialmente los derechos de los propietarios y perjudican a los vecinos porque degradan la convivencia en la comunidad o en el barrio». Y distingue las situaciones de «vulnerabilidad», en las que «la administración debe intervenir para dar solución» y que «no deben mezclarse» con otras realidades.
La moción también pide la creación de una nueva Llei de l’Habitatge de Catalunya que «equilibre el derecho a la propiedad con el derecho a una vivienda digna, sin perjudicar a los pequeños propietarios ni trasladarles responsabilidades que deben recaer en las administraciones».
El Tarragonès
Junts per Reus apuesta por sancionar a las personas jurídicas que sean grandes tenedores y que mantengan pisos vacíos sin justificación. Y exige al gobierno local de PSC, ERC y Ara Reus «firmeza» contra las ocupaciones conflictivas, así como que «ejerza su legitimidad activa» cuando el marco legal lo permita.
En el histórico de estadística del Departament d’Interior, el Baix Camp ya era la comarca de Tarragona con más okupaciones (288) desde el año 2022.
Un año antes, en cambio, el ranking lo encabezaba el Tarragonès, con 290 casos frente a los 272 del Baix Camp; y la tendencia había sido similar en 2020, con 416 okupaciones en el Tarragonès, 280 en el Baix Penedès y 278 en el Baix Camp, que entonces estaba en tercer puesto.
Junts per Reus declina, por «no contar con un estudio exhaustivo», señalar las zonas de la ciudad de Reus que pueden verse especialmente afectadas por el fenómeno de la okupación. Pero los vecinos de algunos barrios llevan años batallando contra él cuando está vinculado a conflictividad.
Es el caso de la Associació de Veïns I de Maig, de Mas Pellicer, con Eduardo Navas al frente. «Hace algo más de una década nos dimos cuenta de que había muchos pisos okupados. Llegaban a entrar en ellos trepando por las fachadas», recuerda Navas.
En el barrio se concentra un importante volumen de viviendas de Habitatge y, «como tardaban mucho en entregarlas a las familias, en ese impás se colaban los okupas», detalla.
La asociación se dedicó a tapiar las puertas y convocó concentraciones contra «el incivismo que se derivaba de todo aquello». Eso, sumado a que Habitatge blindó los pisos con «puertas sin cerradura y alarma», ha desembocado en la percepción de «mayor calma que un tiempo atrás».
En otro barrio de Reus, el del Carme, la Associació de Veïns L’Harmonia cambió a los okupas por familias jóvenes y con hijos. «Antes de la pandemia, empezamos a reformar edificios y, en este tiempo, han llegado al barrio más de 300 nuevas familias. Donde había ocupas conflictivos, ahora viven parejas con niños, jóvenes...», explica el presidente de la entidad, Josep Machado.
L’Harmonia asumió hace unos seis años el contacto con propietarios, constructores e inmobiliarias para dar una nueva vida a la cantidad de viviendas vacías que había en el barrio, que durante mucho tiempo había sido uno de los grandes focos de okupación de Reus y había llevado también a los vecinos a tapiar puertas. Ahora, tras la intervención de la entidad, «todo ha dado un giro de 180 grados», dice Machado.
