Un total de 16 parcelas conforman los terrenos de la ciudad en propiedad del Ayuntamiento y reservados para construir viviendas de protección oficial (VPO), tal como establece el planeamiento urbano. Esos son, al menos, los solares que el consistorio acaba de incluir en el Geoportal de Reus –el mapa digital que agrupa servicios e información del municipio– para «facilitar su difusión y tratar de atraer promotoras que desarrollen proyectos inmobiliarios», según concreta la concejala de Habitatge, Teresa Pallarès.
En conjunto, esas superficies tienen capacidad para albergar alrededor de 959 pisos repartidos en once barrios. Pero no son las únicas. «A estas habría que añadir aún», precisa Pallarès, «algunas otras que pertenecen a Redessa».
La concejala indica que «la tarea que se ha hecho es el de identificar las 16 zonas, cosa que nos permitirá ofrecerlas mejor». «Con esto, tenemos un importantísimo trabajo preliminar ya completado», asegura. A partir de aquí, y «una vez que hemos dedicado este último mandato a reconocer y ubicar los solares», viene lo más esencial: «Encontrar las promotoras dispuestas a construir estas viviendas a través de una búsqueda que ya se lleva a cabo». En algunos aspectos ya se ha avanzado.
La necesidad apremia pero el contexto no ayuda. Consultado al respecto, el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya en Tarragona, Daniel Roig, recuerda que «en terrenos de este tipo, el Ayuntamiento es quien toma la iniciativa» y este «tiene dos opciones: o bien hacerlo directamente y ejercer el papel de promotor, o apostar por una colaboración público-privada pactando con un promotor para construir». El segundo es el sistema más habitual porque el promotor paga el edificio y libera del gasto a la administración pública, que cede el solar. El beneficio lo obtiene la empresa principalmente a través del alquiler de los pisos. Y ahí vienen los obstáculos.
«En general y en todas partes, hay dos problemas importantes», valora Roig. «Uno», señala, «es la dificultad de asegurar los ingresos teniendo en cuenta la inseguridad jurídica que hay ahora con los alquileres». Y otro es que «pese a todo, los precios –los que se fijan para VPO según cada territorio– resultan relativamente bajos aquí y eso hace caer la rentabilidad de estas operaciones», añade. Ante esto, «toca acordar con el Ayuntamiento de qué forma eso se puede hacer viable, si asume alguna parte para que el promotor no tenga que aportar tanto dinero».
En resumen, apunta Roig, «no se construye más vivienda protegida porque los Ayuntamientos no disponen de recursos para hacerlo por su cuenta y no es rentable para los promotores».
Pallarès se muestra consciente de que «la VPO está muy regulada y quizá debería revisarse esa regulación» porque «debemos hacer atractiva la oferta de la ciudad». «Si queremos disponer de estas viviendas, tienen que salir los números y hay cuestiones que dependen de la Generalitat y podrían abordarse», especifica. Y dice que el Ayuntamiento «tal vez puede hacer también un acompañamiento».
El perfil del solicitante
El gobierno ha dado recientemente luz verde al Pla Local d’Habitatge 2022-2027. El documento refleja el registro de solicitantes de vivienda protegida en Reus cuenta con 365 inscritos.
Su perfil es el de unidades familiares adultas con personas de entre 35 y 49 años (42%), seguidas de otras de entre 50 y 64 años (25,8%). Un 54% esperan un piso de alquiler mientras que otro 21% son para compra. Un tercio de estos núcleos familiares los integra una sola persona, el 18% los forman dos personas y los hogares con tres o más personas representan la mitad de la demanda. El 55% declaran que la familia percibe ingresos por debajo de los 10.000 euros anuales y el 32% no llega a los 20.000.
El Pla refleja que desde 2007 se ha detectado un aumento de la demanda de prestaciones de servicios sociales para casos de riesgo de exclusión residencial. Entre las promociones propias de Redessa, la Casa dels Mestres o la Borsa de Lloguer, la ciudad gestiona directamente cerca de 300 viviendas protegidas.
