Víctor Terradellas, presidente y patrón de la Fundació CATMón, cuya sede social situada en el número 5 de la calle Carnisseries Velles de Reus, ha sido detenido en las últimas horas, según han confirmado varias fuentes de la investigación al rotativo. Terradellases fundador de la Asociación Igman y fue nombrado en 2011 secretario de Relaciones Internacionales de CDC.
Esta sede de la Fundació es a su vez vivienda de Judit Aixalà, pareja de Terradellas, que ha sido detenida a lo largo de la mañana una vez se ha terminado el registro de la Policía Nacional.
El primero y más llamativo por los cargos públicos es Salvador Esteve, expresidente de la Diputació de Barcelona, Asociación Catalana de Municipios (AMC) y exalcalde de Martorell. No obstante durante las próximas horas aparecerán nuevos nombres, según apuntan varias fuentes.
El origen
El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputació de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015.
En el marco de esta causa, que está secreta, el magistrado ha acordado la práctica de 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras.
Para garantizar la ejecución de las entradas y registros, la policía practicará una treintena de detenciones. La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.
Malversación de dinero público
La Policía Nacional ha detenido 29 personas en una macrooperación (denominada Estela) contra una presunta trama corrupta de desvío de subvenciones públicas a diferentes entidades de Catalunya, algunas de ellas vinculadas al "procés".
La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío al menos de dos millones de euros de origen público -concretamente fundes destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista.
De momento, el juez centra las indagaciones en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares. En concreto, las subvenciones irregulares se habrían aportado entre el 2012 y el 2015 a varias entidades y oenagés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.
No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del proceso, si en los cacheos practicados a las entidades vinculadas con el sobiranismo hay indicios que estos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costejar la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.
A los detenidos se los imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
