Un total de 383 viviendas vacías es lo que acumulan los grandes tenedores en Reus, según cifras actualizadas la semana pasada por la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Se trata de personas físicas o jurídicas propietarias de más de diez inmuebles o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En el otro lado de la balanza, unos 320 reusenses están inscritos en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, según datos del pasado mes de abril.
Así pues, de entrada, hay en la ciudad más viviendas vacías que personas que solicitan una vivienda con protección oficial, pero cabe destacar que estas son cifras que sólo muestran la punta del iceberg. Y es que las 383 viviendas vacías son las que constan en el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya, correspondientes a grandes tenedores, como bancos o fondos de inversión. Por otro lado, la emergencia habitacional va más allá de los solicitantes de vivienda con protección. «Mucha gente está a punto de ser desahuciada», alerta Sandra Casanova, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La moratoria de los desahucios se ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2022, a raíz de la crisis de la pandemia, pero, si no hay más suspensiones, a partir de ese momento podrán volver a ejecutarse, «vulnerando reiteradamente lo que es un derecho universal, igual que el acceso al agua y a la energía», recuerda Casanova.
Movimientos sociales como la PAH o el Sindicat d’Habitatge de Reus denuncian la falta de parque de vivienda y reclaman que se movilicen las viviendas vacías de grandes tenedores. De hecho, la Ley del derecho a la vivienda 18/2007, de 28 de diciembre aprobada por la Generalitat, prevé sanciones a las entidades por tener pisos desocupados. En el caso concreto de Reus, cabe recordar que en los últimos meses se han inspeccionado 40 viviendas vacías de bancos con la finalidad de llegar a acuerdos con los grandes tenedores y que se destinen a alquiler social. En caso contrario, el consistorio recordaba que las entidades bancarias se exponían a sanciones.
Dichas inspecciones ya han sido realizadas, según la Agència de l’Habitatge de Catalunya, aunque todavía se desconoce cuál ha sido el resultado. En todo caso, se trabaja para movilizar estas viviendas, «pero somos conscientes de las pocas herramientas de las que dispone la administración local», recuerda desde la PAH Sandra Casanova, que recuerda que «es el gobierno quien tiene que tomar medidas contundentes». Además, Casanova señala que los grandes tenedores «están optando por vender activos y no por alquilarlos». Por su lado, Issam Oudriss, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Reus, remarca que «mientras que la vivienda sea un negocio, no será nunca un derecho». Así pues, expone la «incompatibilidad» de que «algo que sea un derecho sea a la vez una mercancía». Y es que, en este caso, «siempre prevaldrán los intereses económicos».
Oudriss detalla que desde el Sindicat d’Habitatge de Reus tienen varios desahucios programados en la capital del Baix Camp, y aunque con la moratoria todos están suspendidos hasta finales de febrero, «se nota que hay cada vez más miseria, con mayor dificultad para acceder a los alimentos, a la energía...». De mientras, y como recuerda, «el barrio Fortuny, mi barrio, está lleno de pisos blindados antiokupas. Y así, en muchas zonas de la ciudad».
Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Reus está trabajando en la ampliación del parque de viviendas con protección oficial (VPO), aquellas con precios regulados con el fin de ser más asequibles. Será a través del proyecto de transformación urbanística del espacio que ocupaban antiguamente las cocheras de Hispania, en el parking de zona azul de Riera Miró. En este punto se prevé levantar un total de 63 viviendas, 60 de las cuales, con protección oficial (48 gestionadas por Redessa en régimen de alquiler y 12, por operador privado). Con este proyecto –al cual se destinarán 10 millones de euros en 2022– se ampliará el parque de viviendas con protección oficial de Reus, actualmente con cerca de 400, con la intención de facilitar el acceso a la vivienda.
No obstante, desde el Sindicat d’Habitatge de Reus se hace otra lectura: «Hacer nueva construcción sólo hace encarecer los barrios, creando aún más exclusión», según Issam Oudriss, para quien la única solución real, aunque la ve imposible de alcanzar, sería convertir todas las viviendas en públicas, «y que nadie se pueda lucrar».
Viviendas vacías en degradación
Una cara de las viviendas vacías es la contradicción que supone ante las centenares de personas en emergencia habitacional, pero a la vez también supone un problema de seguridad. En el barrio del Carme es algo que hace años que viven. «Ahora mismo, hay una casa de la calle Sant Jaume que está en peligro», alerta Josep Machado, presidente de la Associació de Veïns l’Harmonia del Carme.
En los últimos años se han derrumbado varios edificios totalmente abandonados en el barrio. En verano de 2020, por ejemplo, hubo dos casos en dos semanas: la madrugada del 19 de julio se desplomaba el número 24 de la calle Sant Esteve y el 4 de agosto, también de madrugada, el número 5 de la calle Sant Antoni. «Recuerdo que en este último caso, a escasos días había advertido del mal estado y del peligro que había», relata Machado. El presidente vecinal reclama celeridad en el plan de obras del barrio. Después de una década en el cajón, en los últimos meses, Ayuntamiento y vecinos han estado trabajando en futuras acciones urbanísticas para mejorar el barrio del Carme. «Pero no podemos esperar. Más que hacer nuevas construcciones, tenemos que recuperar lo que tenemos», dice Josep Machado, para quien los pisos vacíos son, sobre todo, un peligro para la seguridad: «Si llega a derrumbarse algún edificio de día, ya veríamos qué podría llegar a pasar...».
