«No nos importa que okupen los pisos vacíos, pero sí que nos llenen el edificio de basura y de ratas, que hagan sus necesidades por la escalera, que pinchen la luz y tengamos que pagarla nosotros y que, además, generen tanta inseguridad entre los vecinos por las peleas y su forma de vida». Son palabras de la propietaria de una de las viviendas del número 5 de la calle Wad-Ras de Reus que prefiere mantener el anonimato.
La presidenta de la comunidad, ubicada al lado de la Plaça de la Sardana, se siente «desesperada» y como ella, la del bloque número 3 y el representante del número 8. Los tres coinciden: la familia que okupa la tercera planta -son tres puertas- despierta temor entre los vecinos.
Hace un par de semanas, un incendio en el mismo bloque provocó cuatro heridos por inhalación de humo. Las llamas quemaron uno de los pisos okupados. «El fuego se encendió porque tienen la luz pinchada. Conectaron varios aparatos a la vez y provocaron una sobrecarga», explicaba con detalle una de las personas que vive en el mismo bloque.
El problema empezó hace unos cinco años pero se ha acentuado en estos últimos meses. El polémico bloque se encuentra en el barrio Horts de Simó. Su presidente, Gustavo Duran, aseguraba que desde la entidad han hecho todo lo posible para encontrar una solución. «Son propiedad de fondos buitre. Todo el mundo se lava las manos y es difícil poder actuar sin una demanda. Hemos hablado con la Guàrdia Urbana y están pendientes, pero ellos tampoco pueden echarlos», decía Duran.
El Ayuntamiento de Reus aprobó poner en marcha una prueba piloto en un barrio para detectar enganches ilegales con la ayuda de los vecinos y analizar si son casos de verdadera necesidad. Esta vez, desde el consistorio están atados de pies y manos, como en la mayoría de okupaciones ilegales. Si el dueño de la vivienda no denuncia, el caso nunca llegará ante un juez, el único con potestad para sacar a un okupa del domicilio. Es por eso que la Guàrdia Urbana acude al lugar si recibe un aviso por cualquier problema que pueda ocasionarse, pero no puede hacer nada más. Y lo mismo ocurre con los Mossos d‘Esquadra. Nadie más que la Justicia tiene el poder necesario para desalojar el domicilio.
La problemática
El incendio no es el único problema que genera la okupación de los tres pisos. Los que viven en el mismo bloque denuncian suciedad, ratas, pinchazos de luz y agua. Incluso relataban peleas constantes entre los inquilinos que se han instalado ilegalmente. «Tienen la azotea llena de basura. A veces también hacen sus necesidades debajo de la escalera, provocando la aparición de ratas», lamentaba una de las vecinas. La suciedad se mezcla con los desperfectos que causó el fuego hace unos días.
Y todavía hay más. Al peligro por los enganches y a la carencia de limpieza hay que sumar otro dolor de cabeza para los propietarios: el ‘modus vivendi’ de las familias okupas. «Se pelean constantemente, se sientan en los portales a beber, nos hablan mal y conviven con las puertas de los pisos abiertas como si esto fuera un bar. El ruido y el escándalo es constante», insistía la presidenta de la comunidad.
No saben dónde acudir y a quién pedir ayuda. Se plantean, incluso, colgar pancartas en sus ventanas y acabar, si es necesario, convocando movilizaciones.
De hecho, llegaron a intentar poner solución ellos mismos. El día después del incendio se organizaron para tapiar el piso en el que se había producido. Pero no lo consiguieron. «Como los que okupan las otras dos puertas son de la misma familia, en cuanto oyeron ruido en la escalera nos impidieron cerrar el piso», explicaba una propietaria, que repetía no se trata de ir contra las okupaciones ilegales sino de la «falta de civismo».
