Punto cuatro del orden del día del pleno extraordinario del Ayuntamiento del pasado miércoles: «Aprobación de una operación de crédito de refinanciación de préstamo destinado al edificio Tecnoparc»». La lectura administrativa dice que se trata de una maniobra que permite liberar 875.000 euros del presupuesto de 2021 que iban destinados al pago del citado crédito y que ahora podrán incorporarse a otras partidas. Pero su significado político va más allá, ya que el equipo de gobierno puede cerrar 2020 logrando refinanciar y abaratar el crédito más controvertido y gravoso que arrastraban las finanzas municipales.
Recordemos que se trataba de un préstamo bancario de 37,6 millones de euros, suscrito por Redessa y avalado por el Ayuntamiento, para construir la nueva FiraReus en el Tecnoparc, a pagar con los ingresos del canon que Metrovacesa debía abonar al consistorio para abrir un centro comercial en los terrenos de la antigua feria en el Parc de Sant Jordi. La operación fue una de las últimas decisiones del gobierno encabezado por el PSC antes de perder las elecciones de 2011.
Cuando los problemas económicos de Metrovacesa obligaron a paralizar las obras del complejo comercial y retrasar su apertura, el dinero del canon no llegó y el ayuntamiento debió asumir el coste del crédito. El descubierto puso en serios apuros al nuevo alcalde, Carles Pellicer, coincidiendo con los momentos más delicados de la anterior crisis.
Quizá por ello, Pellicer quiso reservarse una intervención final para darle trascendencia a su aprobación por el pleno, especialmente significativa para él, dados los quebraderos de cabeza que le había provocado este asunto. El alcalde enfatizó varias veces la reducción de la deuda municipal en sus nueve años en el cargo: de los 435 millones de 2011 a los 120 millones actuales, y enmarcó la refinanciación del crédito del edificio Tecnoparc como un paso más en este proceso.
Pellicer no lo verbalizó así, pero el episodio vino a representar la culminación de la catarsis experimentada por las finanzas municipales o, cuando menos, el momento que la simboliza, ya que estuvo acompañado de la aprobación definitiva del presupuesto de 2021, el primero sin el peso del Hospital de Sant Joan.
Más explícita en este sentido fue la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, que resaltó que el consistorio ha pasado de estar sometido a un plan de ajuste tutelado por el Estado a recuperar el crédito de los bancos y la capacidad inversora, gracias a la reducción del ratio de endeudamiento y al saneamiento de los indicadores de riesgo y solvencia.
Caballero recordó que el traspaso del Hospital a la Generalitat ha supuesto una reducción de 52 millones de euros de la deuda del ayuntamiento, además de poner fin al consumo de recursos que implicaban los déficit anuales generados por la sociedad anónima municipal encargada de la gestión del Sant Joan –entre 2016 y 2020 hubo que dedicar 13 millones de euros a sufragar los números rojos del centro–. A este alivio en el presupuesto de 2021 se ha podido añadir a última hora el derivado de la refinanciación del crédito del Tecnoparc.
El balance económico de esta operación es que los 27,5 millones que aún le quedan por pagar al ayuntamiento estarán sometidos a un tipo de interés fijo del 1%, en lugar del 8% derivado de las condiciones firmadas en 2011, lo que representará un ahorro de 2,5 millones en los diez años que restan para su vencimiento.
Y el balance político es la visualiación del creciente peso específico de la concejal Mariluz Caballero en el gobierno municipal, al que llegó en 2019, así como en la nueva etapa del PDeCAT –su partido y el del alcalde–.
Una cláusula ‘swap’ leonina para la empresa municipal Redessa
El crédito sindicado para la construcción del edificio Tecnoparc, que acoge la nueva FiraReus y el centro de empresas de Tecnoredessa, fue suscrito en 2011 por el gobierno municipal del alcalde LluÍs Miquel Pérez (PSC), por un montante de 37,6 millones de euros, de los cuales 13,3 fueron aportados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), otros 13,3 por el Institut Català de Finances (ICF) y 11 millones por el BBVA. Concedido a la empresa municipal Redessa y avalado por el Ayuntamiento e Innova, se firmó por un plazo de 20 años a un tipo de interés variable del euribor a un año más un 4,25% anual, al que había que sumar un fijo del 3,84% de una cláusula ‘swap’ impuesta por el banco, lo que configuraba unas condiciones muy duras, a las que el consistorio preveía hacer frente gracias a los ingresos del canon de Metrovacesa.
El ‘swap’ es un contrato de permuta de tipos de interés que actúa como un seguro suscrito con el banco en el marco del crédito, por el cual la entidad financiera se asegura que las fluctuaciones del precio del dinero no comporten que el tipo de interés variable baje de un determinado tope fijado en el contrato. En el caso de Redessa, suponía un sobrecoste mensual de cerca de 100.000 euros, independientemente de la cancelación o no del crédito, y también con vencimiento en 2031.
Lo leonino de las condiciones quedó de manifiesto en 2016, cuando el Ayuntamiento cobró el importe principal del canon de Metrovacesa y se planteó liquidar el préstamo. Sin embargo, el ‘swap’ suponía un coste añadido de 1,12 millones de euros al año. El BBVA sostuvo que el contrato del ‘swap’ permanecía con independencia de la cancelación del crédito al que estaba vinculado y que para su liquidación anticipada había que valorar su precio.
El resultado entonces fue que al ayuntamiento le salió más rentable dedicar el dinero a liquidar el crédito del plan de ajuste suscrito con el Ministerio de Hacienda –y, en la práctica, liberarse de la intervención de sus cuentas por el Estado–, que amortizar el escabroso préstamo del edificio del Tecnoparc.