El regreso a las aulas se está tomando sin contar con el consenso de la comunidad educativa. Ni siquiera parece haber un acuerdo explícito entre la consejería de salud y educación, por más que a posteriori se quiera matizar con declaraciones rimbombantes. El anuncio por parte del del Conseller d’Educació Josep Bargalló de mantener las ratios, como si aquí no pasara nada, ha cogido con el pie cambiado no solo a toda la comunidad educativa, sino también a Alba Vergés, su homónima en el Departament de Salut.
Resulta sorprendente que dos consejerías dirigidas por la misma formación política, y con una necesidad evidente de ponerse de acuerdo, hagan públicas sus discrepancias respecto a cómo garantizar la seguridad en la vuelta a las clases a menos de un mes del regreso. ¿Cómo puede manifestarse esta descoordinación entre departamentos tras supuestamente meses de intenso trabajo? ¿Realmente consideran viable mantener ratios de 30 alumnos? ¿En serio creen que cada clase va a funcionar como una unidad de convivencia estanca? ¿No son conscientes que es inevitable que en el pasillo desemboquen las diferentes clases? ¿Cómo puede coexistir esta planificación con la recomendación de evitar reuniones de más de 10 personas? ¿En serio pretenden que el alumnado no lleve mascarilla? A veces da la sensación que quienes toman las decisiones no han pisado un aula en su vida. Por absurdo que parezca nos encontramos que el plan es que no hay plan. Ni tan si quiera se prevén PCR masivos previos ni control de temperatura en los accesos.
"Soluciones para dotarnos de mayor seguridad existen. El principal inconveniente es que cuestan dinero"Las escuelas, y más aún los institutos, ya estaban hacinadas y mal ventiladas antes de la pandemia. Pretender no modificar los ratios en la coyuntura actual es un insulto a la inteligencia y una amenaza a la salud y la integridad de docentes, alumnado, familiares y, por ende, del conjunto de la sociedad. Si no hay cambios mucho me temo que los sindicatos seguirán el paso de la Comunidad de Madrid y convocarán huelgas.
Soluciones para dotarnos de mayor seguridad existen. El principal inconveniente es que cuestan dinero. No obstante, si queremos preservar la salud pública, a la par que mantener la educación presencial, no hay más tutía que contratar suficiente profesorado, así como otros profesionales encargados de realizar labores de apoyo educativo y sanitario.
También es preciso habilitar espacios dentro y fuera de los centros educativos para permitir clases más espaciadas. En los centros educativos existen salas de actos, comedores y gimnasios. En los diferentes municipios, por su parte, también hay pabellones, bibliotecas y centros cívicos. Espacios existen y, si fuera necesario, pueden habilitarse módulos prefabricados. Lo que hace falta es cooperación entre administraciones y financiación.
En momentos extraordinarios se requieren medidas extraordinarias. No puede actuarse como si no pasara nada cuando estamos viviendo el momento de mayor complejidad desde la posguerra. En cuanto al presupuesto, si bien es limitado, se ha anunciado la llegada de fondos extraordinarios para amortiguar el impacto de la pandemia. Es preciso que vayan encaminados a la disminución de las ratios. No podemos obviar que, si fracasa la vuelta a las clases, no quedará otra que volver a enseñar desde casa, cosa que puede afectar negativamente a varias generaciones que son el futuro.
Mario Téllez Molina es conseller d’Ensenyament del Consell Comarcal del Tarragonès y portavoz de Vila-seca en Comú en el Ayuntamiento de Vila-seca