En la fina intersección entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna, España se enfrenta a un desafío crucial que requiere de atención cuidadosa por parte de la legislación y política pública. El artículo 47 de la Constitución establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.» No obstante, no puede pasarse por alto que este se define como «principio rector» en lugar de «derecho» fundamental.
Este matiz legal señala que, aunque la vivienda digna es una meta social y económica, su realización no implica una obligación directa del Estado de proporcionarla. El Estado tiene el deber de promover políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna, sin socavar el derecho a la propiedad privada, que, por el contrario, si está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 33 de la Constitución Española, y por tanto se sitúa en un rango superior al de los principios rectores.
La nueva Ley de vivienda en España, ha tratado de solventar en gran medida esta situación. Pues su propósito es establecer una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda que tanto afectan no sólo a la satisfacción del propio derecho de acceso a la vivienda, sino también a la de otros derechos constitucionales y a la actividad económica del país.
Y aunque bien es cierto que todo el mundo debería tener acceso a una vivienda digna, existe una muy fina línea entre políticas que faciliten el acceso a las mismas y la intromisión en el derecho fundamental de la propiedad privada, pues cuando estos entran en conflicto se pueden generar situaciones difíciles de abordar por parte de la legislación, que incluso pueden llegar a tener resultados totalmente adversos.
Pues estudiando esta nueva Ley de vivienda 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, encontramos que la aptitud por parte de la nueva legislación de posibilitar la expropiación de viviendas con fines sociales de los ahora considerados nuevos grandes tenedores vivienda, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en su propiedad cinco o más viviendas, o la muy alta regulación de precios en las consideradas “zonas tensionadas” ha tenido consecuencias y resultados totalmente opuestos a los fines impulsados por esta nueva Ley.
Es más que evidente que debemos perseguir un objetivo claro, que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna, pero no por ello debemos desatender la realidad que nos rodea.
Pues la propiedad privada es un motor esencial para el desarrollo económico y la prosperidad. La seguridad jurídica en la propiedad privada no solo fomenta la inversión, sino que también garantiza la estabilidad necesaria para un mercado inmobiliario saludable. De esta manera, se logra fomentar la confianza de los inversores y estimular la actividad en el sector.
En definitiva, el desafío de conciliar el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna en España es un debate fundamental que debemos abordar con cooperación y sensatez, y el buen funcionamiento del mercado de la vivienda requiere medidas ponderadas y eficientes, pues la regulación excesiva puede llegar, como hemos podido experimentar, a agravar en gran medida la situación, ya sea transgrediendo el derecho de la propiedad privada, o dificultando al inquilino promedio el acceso a una vivienda digna.
