El 23J se constituirán más de 60.500 mesas electorales en el conjunto de España, lo que significa que entre titulares y suplentes más de 540.000 personas de todo el país están obligadas a acudir a los colegios electorales, designados para garantizar la constitución y funcionamiento de todas y cada una de las mesas. A partir de los resultados de las elecciones se constituirá la décimoquinta Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
No se nos escapa la complejidad derivada del 23J. Toda la ciudadanía observa que se trata de un día y un mes tradicionalmente vinculados al descanso vacacional. Téngase en cuenta además que la fecha coincide con un puente festivo en varias comunidades autónomas.
El 23J elegimos todos, pero lo que pueda resultar en las provincias más despobladas o medianamente despobladas puede ser muy relevante para los resultados finales de estas elecciones.
Lo que pueda resultar en las provincias más despobladas o medianamente despobladas puede ser muy relevante para los resultados finales de estas elecciones
Hasta 20 circunscripciones de la España interior pueden ser bipartidistas. ¿Cuál es el motivo? Por un lado, la realidad electoral de partidos como el PP y PSOE que recojan parte la mayoría de los votos. Y por otra, el sistema electoral español puede sobreponderar los resultados de estos dos partidos más votados, que pueden obtener más escaños de los que proporcionalmente les corresponda por el numero de votantes.
Y es que, cuanto menor es el numero de escaños a repartir entre las circunscripciones mayor porcentaje de votos es necesario para que un partido obtenga un escaño, llamado «umbral efectivo». Así pues, en circunscripciones con cinco o menos escaños (unas 29 provincias) el umbral efectivo es considerablemente elevado y, en muchos casos, es superior al 15% de los votantes.
No todos los partidos están en situación de alcanzar este porcentaje, como posiblemente Vox y Sumar. Conseguir los porcentajes que marca el sistema d’Hondt requiere tener una gran implantación en el territorio y tener cuadros - estructura de partido consolidados, cosa que no siempre ocurre.
Hay opiniones diversas sobre este efecto de nuestro sistema electoral: unos consideran que estas provincias pueden dar estabilidad al sistema político porque reducen las posibilidades de fragmentación.
Otros opinan que estas zonas del país quedan un poco al margen de los cambios políticos que se están generando en áreas (circunscripciones) de gran población, que han surgido para quedarse, ¡Toda una paradoja!. En definitiva, en estas provincias (vaciadas) el sistema incentiva la concentración del voto, lo que favorece a los partidos más votados (bipartidismo) y, a la vez, produce en los electores el efecto psicológico de optar por el voto útil, pues saben que votar a ciertas formaciones políticas es tanto como malograr el voto.
Por otra parte, en estas circunscripciones, de la España vaciada, es donde mayormente se constata el sentimiento de olvido por parte de las políticas de los dos mayores partidos, en el sentido de que no han sabido atender las necesidades de esos territorios ni facilitar la cohesión territorial.
Las encuestas vaticinan que nos dirigimos a un fin de ciclo con implantación del bipartidismo y a un languidecer de la «nueva política»
Así pues, en estas circunscripciones subsiste una contradicción: por una parte, se culpa al bipartidismo de la situación que viven sus provincias pero, por otra, siguen atados al bipartidismo al considerar que apoyar a otras opciones políticas podría equivaler a tirar el voto, pues no serviría para consolidar escaños en el Congreso.
Las formaciones nacidas para representar la España vaciada (ejemplo Teruel existe2») en tiempos de polarización, tienen también dificultades para hacerse un hueco. Los motivos pueden ser varios y entre ellos la dificultad de alcanzar el porcentaje de votos que marca el sistema. Pueden obtener un porcentaje relevante pero no suficiente para su plasmación en representación en el Congreso. O dicho de otra manera, en circunscripciones mayores con un numero de población más elevada, el mismo porcentaje de votos tendría como efecto representación parlamentaria.
Un ejemplo del efecto de nuestro sistema electoral lo tenemos en los resultados de las elecciones del 2019. El PSOE y PP obtuvieron 52 de los 68 escaños de 21 provincias a las que el régimen electoral otorga 4 diputados o menos a cada una.
A la vista de los datos es fácil entender que no exista voluntad de reforma de la Ley por los partidos que resultan beneficiados por los efectos del sistema electoral. Este debate siempre surge en vísperas electorales por las terceras y cuartas formaciones políticas, que suelen ser las más perjudicadas. Se revive el eterno debate entre la representación de la población y el equilibrio territorial, que nunca cristaliza en un debate serio en el Congreso.
Las encuestas vaticinan que nos dirigimos a un fin de ciclo con implantación del bipartidismo y a un languidecer de la «nueva política». La pugna se centra en PSOE – PP con los siguientes efectos políticos: Si Vox no obtiene 50 diputados pierde la facultad de impugnar leyes al Tribunal Constitucional; Si Sumar se aleja de los 38 escaños del año 2019 (la suma de Unidas Podemos y Más Madrid) será un fiasco para la formación.
Las conclusiones finales sobre una posible reforma del sistema electoral son: Si tiramos de la manta hacia una mayor proporcionalidad en la representación, propiciamos más fragmentación y menos gobernabilidad. Por el contrario, Si tiramos de la manta hacia una mayor gobernabilidad, favorecemos una menor representación traducida en la obtención de número de escaños.
La pregunta: ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? La respuesta es clara: No existe tal dicotomía pues, todo depende de cómo una sociedad activa sus preferencias en un determinado momento en un sistema político. La realidad es que reformar un sistema electoral es extremadamente difícil pues la LOREG es prácticamente una «ley de hierro», porque los que han llegado a ocupar los escaños, a través de un sistema electoral, tienen pocos incentivos para cambiarlo.
Dicho de otra manera, es muy difícil cambiar cosas que ya tienen una inercia establecida y nuestro sistema es una de ellas. Por lo tanto, este debate, creo, sólo nos lleva a la melancolía. La realidad es que tenemos un sistema electoral que ha causado como daño grave dos bloqueos postelectorales que han perjudicado al país con la repetición de comicios. Estando así las cosas, hablar de mayor “proporcionalidad” representativa es, como mínimo, problemático.
El resultado electoral, en muchos casos, solo permite un único gobierno viable, que puede no ser la lista más votada, pues puede tratarse de un gobierno de coalición. En un sistema parlamentario es legítimo que un partido, que no ha conseguido la mayoría de votos, los obtenga a través de acuerdos, pactos, coaliciones y apoyos que le permitan formar gobierno.
Ante un solo gobierno viable que no obtenga la mayoria, la oposición puede optar entre bloquear (nuevos comicios) o abstenerse. Cuando esto ocurre la cuestión es: Si el partido que en la oposición no tiene en absoluto esa posibilidad (formar gobierno), ¿está legitimado para bloquear la situación y forzar unas nuevas elecciones? La respuesta la tendremos a partir del 23J.
