La conmemoración, ayer, del quinto aniversario del atentado de las Ramblas en Barcelona mostró, una vez más, a una parte de la ciudadanía
-por suerte minoritaria- incapaz de asimilar el principio de realidad. En las imágenes que mostraron los medios, se veía a unos señores mayores abonados a la teoría de la conspiración de que el Estado español, el CNI o la CIA fueron los verdaderamente responsables del atentado ya que su objetivo era «matar catalanes», según las propias palabras de al menos uno de los asistentes. Aprovechar y reventar el acto organizado para recordar a las víctimas, incluido el minuto de silencio, muestra la incapacidad de algunos para gestionar la enorme frustración que causó un Procés que se basó en medias verdades cuando no en el engaño masivo de una ciudadanía que ingenuamente se dejó seducir por cantos de sirena. La actuación, una vez más, de la ya expresidenta del Parlament, es otra muestra de cómo se puede actuar sin escrúpulo alguno desde la política. Pero más allá de este espectáculo ya de por sí degradante al que tuvimos que asistir ayer, podemos apuntar algunas consideraciones a cinco años del trágico atentado.
La investigación del atentado todavía debe aclarar algunos aspectos que siembran dudas razonables sobre todo lo que ocurrió alrededor del mismo. Desde la conexión del imán con los servicios secretos hasta la inadvertencia del trasiego de bombonas de butano hasta el chalet de Alcanar, por poner solo dos ejemplos de preguntas que todavía nos podemos hacer.
Asimismo, cabe advertir, de nuevo, sobre cómo se produjo la radicalización de los jóvenes residentes en Ripoll y cómo puede ser que nadie detectara ese proceso. Y aquí están directamente concernidas las familias y la comunidad musulmana de la población, además de otras estructuras como los servicios sociales y, por supuesto, la misma policía. Si la radicalización de jóvenes es un fenómeno que puede permanecer tan absolutamente desapercibido para todas las estructuras, es lógico pensar que este mismo fenómeno pueda seguir produciéndose en todo el territorio y de manera más o menos similar. De ser esto así, estaríamos simplemente a la espera de que ocurriera otro hecho luctuoso que tuviera una justificación similar, esto es atentar contra infieles.
A cinco años también podemos preguntarnos sobre cómo es la convivencia entre distintos grupos identitarios en nuestra sociedad abierta. Me refiero a sopesar si hemos aprendido algo o no, si hemos extraído alguna lección de lo que denominamos procesos de integración de grupos sociales que se caracterizan por basar su existencia en una fuerte identidad colectiva, en este caso de tipo religiosa, idiomática y cultural. Las preguntas sobre cómo se produce la convivencia son pertinentes y no por dejar de hacerlas dejará de existir el conflicto social. A menudo desde las instituciones y particularmente desde una clave política pensada en el rédito electoral, se apuesta por la política del avestruz: ante un problema, esconder la cabeza cuando se avista el peligro.
La amenaza islamista no ha desaparecido, pero más allá de algunas noticias relacionadas con detenciones de posibles sospechosos de radicalización, desconocemos las líneas maestras de la gestión de contención del radicalismo islamista por parte de una estrategia que debería ser coordinada entre diversas instituciones.
Estos días asistimos a hechos que, aunque lejanos, nos afectan como sociedad. Ya saben, el efecto mariposa. Un año de la toma del poder de los talibanes en Afganistán que volverá a ser un santuario para terroristas internacionales dispuestos a dar el salto a cualquier país objetivo de su actuación. Hay un perfil de terrorista que tiene ahora toda una estructura estatal de amparo para poder prepararse. Un segundo hecho, el atentado contra Salman Rushdie en Nueva York es una advertencia de que el islamismo radical seguirá actuando contra las personas y los símbolos de las democracias occidentales y de que no es posible relajarse ante la barbarie. Un tercer hecho, la rehabilitación internacional del príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed bin Salman, recibido por los principales líderes internacionales no es otra cosa que la vuelta al protagonismo de la esfera internacional del país del que salieron la mayoría de los terroristas que atentaron contra las Torres del World Trade Center, y del país que financia muchos de los centros de culto islámicos más radicales en Europa.
Estos hechos que parecen aislados forman parte de un conjunto de condiciones que amenazan la forma de vida de nuestras sociedades occidentales, tal como las hemos pensado y diseñado hasta el momento. Y están conectados con una estrategia más amplia de ir dotando de herramientas concretas a lo que podríamos llamar el islam político, en una primera fase de reclamo de presencia en las sociedades secularizadas. Vean otros ejemplos que, aunque aparentemente de orden distinto, persiguen reforzar el vínculo religioso en la sociedad secular: la adaptación de piscinas públicas para poder acoger exclusivamente a mujeres musulmanas sin compartir espacios con hombres, la autorización del burkini como prenda de baño, la petición de impartir religión islámica en centros públicos, la demanda de una regulación específica laboral para trabajadores que respete los tiempos del rezo del viernes o el ramadán, y un suma y sigue de reclamaciones que más pronto que tarde deberán ser atendidas por los legisladores y responsables políticos.
No intento establecer una conexión entre los atentados como el que sufrimos en las Ramblas hace cinco años y peticiones que pueden parecer a todas luces inocuas. Solo quiero señalar que realmente existe un programa, una estrategia de abrir camino a un islam político dentro de unas sociedades que lucharon firmemente por secularizarse y que hoy día son lo que son precisamente por eso. Todo hecho identitario discurre por un continuo y evitar los extremos se nos antoja lo más adecuado para la pervivencia de nuestra forma de vida. Pero deberíamos tener presente que es en las zonas medias donde se libra la verdadera batalla cultural y en esas zonas medias se encuentran los ámbitos sociales más vulnerables y los que se deben proteger, de la manera más firme, de las identidades.